Justicia social y seguridad salubrista para Puerto Rico
La estabilidad del financiamiento de los servicios de salud pública reviste trascendencia mayor para la calidad de vida en Puerto Rico. Asegurar la recurrencia de las asignaciones para el programa Medicaid puede aportar a la sostenibilidad financiera de los servicios salubristas de los que depende gran parte de la población de la isla.
Coincidimos con el gobernador Pedro Pierluisi en que es importante que el gobierno estadounidense garantice, mediante los mecanismos legales pertinentes, la aportación federal por servicio de Medicaid (FMAP) para Puerto Rico. Así las asignaciones podrán mantenerse, al margen de los cambios políticos en la esfera federal, lo que evitaría onerosos esfuerzos de cabildeo por fondos de justicia social para la isla.
El Departamento de Salud de Estados Unidos ha interpretado que una ley de 2019 garantizó a perpetuidad una asignación de cerca de $3,000 millones anuales para la isla en fondos de Medicaid. No obstante, todavía habría que precisar el lenguaje estatutario que proveería estabilidad a esa partida.
Por otro lado, la ley consigna una aportación federal de 55%, y el gobierno de Puerto Rico procura apoyo de los congresistas demócratas y republicanos para elevarla a 76%.
La partida de Medicaid subvenciona sustancialmente el plan de salud pública isleño, que beneficia a cerca de 1.5 millones de personas. La recurrencia de los desembolsos federales puede aportar estabilidad a servicios fundamentales para prevenir y tratar enfermedades.
Garantizar un plan de salud a personas cuyos ingresos no les permiten obtener cubiertas privadas para atención médica, tratamientos y medicinas para su bienestar y el de su familia, no solo protege la salud, sino que crea condiciones robustas para estimular la productividad. El acceso a servicios salubristas de calidad fortalece el capital humano. Junto a la alimentación nutritiva y los estilos de vida saludables, disminuye las enfermedades y afecciones crónicas.
Los fondos de Medicaid constituyen una partida significativa del plan fiscal a cinco años que el gobernador Pierluisi sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal. Junto a los desembolsos sustanciales provistos mediante la Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Cares), entre otras partidas federales, la asignación de Medicaid fortalecería la capacidad de cumplimiento de la ruta fiscal.
A corto plazo, es buena señal que a raíz de las conversaciones del primer ejecutivo con el congresista Charles Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, y con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ambos se muestren receptivos a elevar a 76% la aportación federal de Medicaid para Puerto Rico.
Lograr esa legislación y otras también vinculadas a servicios de salud y de bienestar social por las que el liderato puertorriqueño aboga ante el Congreso, permitirá atender mejor las necesidades del amplio sector médico indigente en Puerto Rico. El 44.5% de la población de la isla vive en condiciones de pobreza. Además, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, el asma, la artritis y el Alzheimer son principales causas de muerte y discapacidad.
Es relevante, además, que en las asignaciones federales se considere la inflación por concepto de consultas, tratamientos y medicamentos. Así lo han consignado legisladores y alcaldes que se han sumado a las gestiones de cabildeo en el Congreso esta semana.
La comisionada residente Jenniffer González, por su parte, ha subrayado la importancia de otras medidas de impacto primario para la niñez. Las iniciativas incluyen la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que representaría un incremento de $700 millones anuales para Puerto Rico.
Es medular contar con sólido apoyo empresarial y de la sociedad civil en los esfuerzos del gobierno local para lograr, con asistencia de Washington, justicia social y seguridad salubrista para los puertorriqueños en necesidad.