Más educación sobre prevención contra el COVID
El gobierno y la sociedad en general en Puerto Rico no estamos en posición de ignorar el peso de las estadísticas más recientes en torno a la pandemia del COVID-19: un promedio de cuatro muertes diarias y más de 300 hospitalizaciones desde mayo, entre otros datos muy inquietantes.
Con la tasa de positividad de 32.68% registrada ayer tarde y la reconfirmación de un alto nivel de transmisión comunitaria, que se traduce en 4,000 contagios promedios por día, es evidente la necesidad de poner al día las estrategias para contener la enfermedad. Aprender a convivir con el virus sin exponerse a riesgos elevados de contagio o pérdida de vida es un claro desafío.
A nivel individual, se mantiene la gran responsabilidad de no descuidar la prevención en sus diversas modalidades. Lo menos que conviene es poner en peligro nuestras vidas y contribuir a la fragilidad de los sistemas de salud del país, que ya sufre insuficiencia de médicos y otros profesionales salubristas.
De parte del gobierno, las circunstancias hacen imperativo intensificar las campañas de educación sobre los daños del virus, incluido el llamado COVID-19 prolongado. En tal sentido, urge promover con énfasis renovado la prevención individual, comunitaria y empresarial, y diversificar los refuerzos de vacunación.
Médicos recalcan que la inoculación ha sido eficaz en la reducción de complicaciones de salud y fatalidades asociadas a la infección con SARS-CoV-2. Sin embargo, es preocupante que una porción notable de la población no ha recibido todavía las dosis de refuerzos, disponibles de forma gratuita desde hace meses.
Más de 800,000 residentes de Puerto Rico, elegibles para el primer refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, no han acudido a recibir esa dosis. Mientras, otro segmento poblacional notable, que debería recibir el segundo refuerzo, tampoco lo ha procurado, según reconoció este lunes el Departamento de Salud.
Después de la serie inicial de inoculación (dos dosis), el primer refuerzo correspondería a los cinco meses. Un segundo refuerzo es recomendado para los adultos de 50 años o más o personas con inmunodepresión moderada o grave, excepto menores de 5 a 11 años, al menos cuatro meses después de haber recibido el primer refuerzo.
Hasta el 6 de mayo, el Departamento de Salud reportó que se han administrado 1.6 millones de dosis del primer refuerzo y solo unas 147,434 del segundo.
El rezago en la administración de refuerzos, sumado a una aparente reducción en protecciones básicas como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos, parece ligado al ascenso en la curva de contagios de COVID-19 más prolongado desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020.
Para frenar ese rezago sería conveniente reactivar unidades móviles para transportar equipos de enfermeras y técnicos a comunidades rurales o sectores urbanos con residentes que no pueden acudir a los centros de vacunación porque carecen de redes de apoyo. Igualmente es preciso revisar los protocolos pandémicos en los centros de cuido prolongado de adultos mayores y de personas con discapacidad, que son poblaciones de alto riesgo en caso de contagio.
Los ciudadanos deben considerar que, a pesar de los tratamientos antivirales disponibles, un contagio con este virus, en ciertos casos, puede provocar afecciones severas o condiciones crónicas. Especialistas han advertido que la enfermedad jamás debe compararse con un catarro porque causa reacciones inflamatorias en todo el organismo y afecta órganos vitales.
La colaboración ciudadana debe incluir la notificación de los resultados de las pruebas caseras. Es un avance que estos exámenes estén relativamente disponibles con facilidad, pero es necesario que los resultados positivos se informen sin dilación a las autoridades. De esta forma aportarán a mejorar la respuesta de los equipos de vigilancia epidemiológica.
Revisar los esfuerzos educativos, así como otras iniciativas gubernamentales para proteger a los ciudadanos del COVID-19, será determinante para reducir los contagios y las muertes, sin necesidad de renunciar a la normalidad social y económica.