El SSI y la realidad económica del adulto mayor

Existen muchos retos que debemos atender para poder ofrecer apoyo a los adultos mayores en Puerto Rico. Desde la década de los 70 se ha estado escuchando que llegaría el momento en que los adultos mayores serían la población de mayor crecimiento en la isla: pues ese momento llegó. El Censo del 2019 reportó que 888,756 residentes de Puerto Rico tenían 60 años o más, lo que equivale a un 28 por ciento de la población. Y nos preguntamos, ¿qué hemos planificado para la llegada de ese evento? La realidad es que muy poco. El país no está preparado para atender de manera adecuada las necesidades de este sector.

La economía, tanto a nivel local como global, ha sufrido un embate significativo y las consecuencias las sufren los ciudadanos. El panorama para un adulto mayor en este momento histórico es serio y nefasto. El aumento en el costo de vida en Puerto Rico es de un 3.3 por ciento anual, lo que implica un aumento directo en el costo de los servicios básicos necesarios para vivir. Lamentablemente, un gran sector de la población de adultos mayores cuenta con un ingreso fijo que no le permite manejar esa inflación. El 43 por ciento de nuestros viejos vive bajo el nivel de pobreza, con un ingreso mensual promedio de $1,000. Es imposible que puedan atender todas sus necesidades con esa cantidad.

Debido a diversos factores como el edadismo (discrimen por edad), la falta de oportunidades laborales y las restricciones impuestas a los pensionados, es muy difícil para un adulto mayor encontrar un trabajo que le permita suplementar su economía. ¿Qué se supone que hagan? La mayoría vive en incertidumbre, consumidos por la ansiedad, ya que constantemente tienen que decidir si limitan su alimentación o sus medicamentos.

Es trágico que se le dé la espalda a una generación de puertorriqueños que levantó al país. Tenemos un gobierno con problemas fiscales serios, y recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que los residentes de Puerto Rico no cualifican para recibir los fondos del Seguro Social Suplementario, a los cuales tendrían derecho las personas mayores de 65 años que viven bajo el nivel de pobreza.

El gobierno tiene la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de esta población históricamente marginada. Nos urge una política pública que apoye la protección del adulto mayor, medidas legislativas que velen por su dignidad y sobre todo, fiscalización para asegurar la efectividad en la implementación de las mismas.

Si el estado sienta la pauta con un compromiso firme y consistente, tanto el sector privado como las organizaciones que componen el tercer sector podrán ser más efectivos en su apoyo. El cambio demográfico ya es una realidad, nuestros viejos no pueden seguir esperando.

Begoña Rivera Alonso Directora de Salud Mental, Comprehensive Human Services Corp.

Nos urge una política pública que apoye la protección del adulto mayor, medidas legislativas que velen por su dignidad y sobre todo, fiscalización para asegurar la efectividad en la implementación de las mismas”