Pulseo por las compras
La administradora de la ASG denuncia intromisión política en los procesos de compra, al tiempo en que se restringen los poderes de esa agencia
La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado , adjudicó ayer el cabildeo que ha habido para quitar poderes de regulación a la entidad que dirige al supuesto interés de otros jefes de agencia y funcionarios electos de seguir haciendo “cosas a las que estaban acostumbrados”.
Tanto Mercado como el subadministrador, Joel Fontánez, han advertido a legisladores y funcionarios de La Fortaleza sobre el alegado cabildeo de jefes de agencia, particularmente, de la Autoridad de Tierras, para que les eximan de hacer sus compras y subastas a través de esa entidad reguladora. La Autoridad de Tierras maneja los fondos legislativos para hacer trabajos en los distritos senatoriales y representativos, y es objeto de investigación por irregularidades en las contrataciones.
El Nuevo Día supo, sin embargo, que esta no es la única entidad que ha pedido a la Legislatura o a funcionarios de La Fortaleza ser eximida de las regulaciones que entraron en vigor en 2019.
Mercado había mencionado, en radio, que personal de su oficina recibió una llamada por parte de Manuel Matos, empleado del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, para que se favoreciera a una compañía de asfalto con fondos legislativos. Esta llamada, dijo, ocurrió en febrero. Mercado se reservó el nombre del funcionario de su oficina quien fue objeto de la alegada intromisión.
En entrevista con El Nuevo Día, la abogada comentó que mencionó esa llamada tan solo como “un ejemplo” de un sinnúmero de acciones “impropias” que ha tenido que detener su agencia o referir a las autoridades pertinentes mediante el memorando de entendimiento que firmaron con fiscalía federal, el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) y otras entidades locales.
Lamentó que se utilice el pretexto de una supuesta lentitud en la aprobación de compras y subastas para eximir a agencias que tienen señalamientos en sus procesos de compras y subastas. “Por más que le hemos demostrado que la alegación del embudo no es correcta, lo siguen trayendo. Yo creo que lo que les puede molestar a muchos funcionarios es que ahora no pueden hacer cosas a las que estaban acostumbrados”, comentó.
Por su parte, Rodríguez Aguiló negó cualquier intervención o llamada de él o sus empleados. Anunció, además, que no renovara el contrato de Matos hasta tanto culmine una investigación de estas alegaciones. También, el representante catalogó la denuncia como “un asunto personal” contra él por “fiscalizar” a la ASG.
ESFUERZOS LEGISLATIVOS
Desde el año pasado, se han radicado múltiples proyectos de ley con que legisladores buscan limitar el alcance de la ASG, declarando lo que se conoce como “entidades exentas” a una serie de dependencias gubernamentales.
A pesar de que fue la mayoría legislativa la que impulsó, el pasado el cuatrienio en la Cámara, la nueva ley de la ASG, los novoprogreistas presentaron una medida para declarar como “entidad parcialmente exenta” una serie de dependencias, como la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos (OMEP), la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA). Una “entidad parcialmente exenta” significa que toda compra por debajo de $250,000 no pasaría por el crisol de la ASG.
Fontánez se opuso, mediante un memorial con fecha del 5 de noviembre de 2021, por entender que “las agencias incluidas en la medida no realizan sus compras según les requiere la ley; por entender que estas solo persiguen realizar compras obviando los procesos abiertos, transparentes y competitivos; por entender que estas no cuentan con la experiencia necesaria para realizar sus compras y subastas, y por entender que la medida propuesta representa un riesgo inherente para la pérdida de fondos federales”.
Esa medida del portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez , y del representante Jorge Navarro fue retirada, y luego la minoría penepé radicó otra que agregó más dependencias como Agricultura y Educación.
Mientras tanto, la mayoría popular radicó otra medida para también establecer que compras por menos de $250,000 no tengan que ser tramitadas a través de la ASG. El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández , alegó que el lenguaje se incluyó por error.
“Yo creo que lo que les puede molestar a muchos funcionarios es que ahora no pueden hacer cosas a las que estaban acostumbrados”
KARLA MERCADO ADMINISTRADORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES