Concertar fuerzas para traer el SSI a Puerto Rico
Las complejas circunstancias de pobreza en las que está sumido el alto número de personas que padecen condiciones de discapacidad o tienen 65 años o más hacen imperativo que las autoridades de Estados Unidos se desprendan, de una vez, de su actitud discriminatoria hacia Puerto Rico, dando paso a medidas de justicia social para la isla, como el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Los conmovedores relatos publicados por El Nuevo Día, de familias como las de Emanuel Rivera Fuentes, un joven con parálisis cerebral y otras serias condiciones, y cuya progenitora necesita también cuidados médicos especiales, dan cuenta de la diversidad de servicios y tratamientos que podrían solventarse, si se extiende aquí el referido programa. Es hora de poner freno a esta grave dejadez e indiferencia del gobierno federal contra la diversidad de poblaciones necesitadas compuestas por ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico.
Corresponde al Congreso de Estados Unidos corregir esa disparidad, como promueven las medidas legislativas que recogen la agenda social prometida por el presidente Joe Biden.
Conviene constituir una unión de fuerzas entre el gobierno de Puerto Rico y la sociedad civil, tanto de la isla como de la diáspora boricua, para erradicar la exclusión de ciudadanos estadounidenses empobrecidos y con condición de discapacidad en la isla del beneficio de ayudas básicas que, por el contrario, están disponibles para quienes, en igual condición, residen en los estados.
Esa convergencia de fuerzas podrá fortalecer el reclamo que individuos y familias han buscado canalizar, muy valientemente, a través del sistema judicial, que hasta ahora no ha decidido favorablemente para Puerto Rico. En 2020, el Primer Circuito de Apelaciones federales determinó que es inconstitucional excluir a los residentes de la isla del SSI, por violar la cláusula constitucional de igual protección de las leyes, decisión revocada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La ayuda del SSI contribuiría a mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos estadounidenses que hoy sufren en la isla mayores carencias debido al escenario inflacionario reflejado en los precios de alimentos y medicamentos, entre otros productos básicos y servicios.
La vigencia del programa del SSI aquí podría alentar el regreso de puertorriqueños que se han mudado a Estados Unidos precisamente para poder recibir esa ayuda. De hecho, el gobernador Pedro Pierluisi ha reconocido que irse del país no es la opción preferida de las familias con hijos u otros parientes con discapacidad, pero, al carecer de adecuadas alternativas de servicios de salud, toman la dura decisión de mudarse. Muchas de esas familias se exponen al impacto emocional de dejar aquí a otros seres queridos y otros vínculos importantes mientras emprenden los complejos trámites burocráticos y de adaptación.
No obstante, la legislatura estadounidense puede corregir la injusticia que sufre un amplio segmento de la población en Puerto Rico, como estableció la decisión emitida por el Tribunal Supremo en abril pasado al señalar que “la Constitución le da al Congreso discreción sustancial sobre cómo estructurar los programas contributivos y de beneficios para los residentes de los territorios”. En la determinación sobre el caso incoado por José Luis Vaello Madero, el alto foro estableció que, al ejercer la referida discreción, “el Congreso puede extender beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de Puerto Rico”.
La organización de una concertación de fuerzas del gobierno y de las instituciones puertorriqueñas en la isla y en la diáspora puede recabar, de las fuerzas políticas en Estados Unidos, la solidaridad y la voluntad necesarias para resolver la desigualdad sufrida por las poblaciones más necesitadas de la isla, haciendo posible el beneficio del programa del SSI.