Larga espera por la justicia
En 2013, un hombre hoy de 74 años fue acusado a nivel federal de asesinar a su vecina. No pudo ser enjuiciado porque siquiatras creen que no comprende el proceso. El gobierno estatal emprende ahora la extensa ruta para tratar de juzgarlo
Veridiana López López vivía sola en su casa, en el apartado barrio Buenos Aires de Lares. Pero sus días estaban organizados de tal manera que quienes la querían podían rastrearla a toda hora como a través de un radar.
En las mañanas, iba a preparar los alimentos de sus ancianos padres. Más adelante, se presentaba en su empleo en un hospicio. Entre una cosa y otra, entregaba o recogía la ropa que reparaba en su otro trabajo como costurera, llamaba a hijos, nietos, vecinos, todo lo cotidiano.
Cuando el martes, 17 de septiembre de 2013, la mujer, que entonces tenía 57 años, no llegó ni donde sus padres, ni al hospicio, alarmas comenzaron a sonar. Tampoco respondía su teléfono. Un sobrino que era también su compañero de trabajo no sabía de ella. No estaba en cuarteles de la Policía ni en hospitales. La familia temió, por supuesto, lo peor.
“No era una mujer de andar en cosas raras y en problemas. Se cuidaba mucho, y siempre estaba en su casa o con su familia”, cuenta Yelitza Rivera, esposa de Manuel González López, el menor de los cuatro hijos de López López.
En esos días, López López vendía sus pertenencias para irse a vivir a Estados Unidos. El día después de la desaparición, un vecino, Simón Frustuoso Ostolaza Robles , quien entonces tenía 65 años, fue visto en posesión de la Toyota RAV4, de 1997, de López López.
Ostolaza Robles es natural de Buenos Aires, pero estuvo años viviendo en Estados Unidos. No muchos sabían que, en el norte, había cumplido cárcel por homicidio, robo y pederastia.
Al ser interrogado, dijo a la Policía que le había comprado la guagua a su vecina por $4,000 y que, cuando iban camino a hacer el traspaso, ella recibió una llamada y le pidió que la dejara en la panadería La América, en la carretera PR-129, en Lares. Después de eso, dijo, no la vio más.
El viernes, 20 de septiembre, se confirmó lo peor: el cadáver de López López fue hallado enterrado en una finca de la zona. Una semana después, Ostolaza Robles fue acusado a nivel federal de “carjacking” con muerte como resultado, un delito que cualifica para pena de muerte. Según las autoridades, el hombre mató a su vecina a golpes para apropiarse del vehículo.
“Cuando mi esposo me lo dijo, lo único que pude hacer fue gritar. Teníamos una relación especial. Era como una madre para mí. Era muy amorosa”, dice Rivera.
Casi nueve años después de los hechos, Ostolaza Robles no ha podido ser juzgado. Y, en este momento, parece muy poco probable que alguna vez lo sea y se sepa si, de verdad, cometió este abominable crimen.
El gobierno federal, que hasta el 2015 vio su caso como de pena de muerte, lo tiene bajo su custodia desde su arresto. Pero no pudo procesarlo porque, psiquiatra tras psiquiatra del mismo gobierno, han determinado que el hombre, hoy de 74 años, carece de la capacidad cognitiva para cooperar con su defensa y enfrentar juicio.
Su condición, según múltiples informes médicos del gobierno federal, es irreversible, lo cual quiere decir que Ostolaza Robles, de quien los médicos dicen que hoy día no es peligroso, nunca estará apto para enfrentar juicio.
ACUSADO EN DOS JURISDICCIONES
Ante la imposibilidad de enjuiciarlo, el gobierno federal pidió, el 19 de abril, que se desestimaran los cargos, pero no que fuera liberado porque unos días antes -el 8 de abril- la fiscalía de Utuado le había presentado acusaciones estatales por los mismos hechos. Tras esa acusación, la defensa del hombre a nivel federal pidió se dejara en suspenso la excarcelación.
En este momento, por lo tanto, Ostolaza Robles sigue preso en la cárcel federal de Guaynabo, mientras la jueza estatal Wanda
Concepción resuelve las mociones a favor y en contra de la desestimación de los cargos presentadas por los abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) que representan a Ostolaza Robles a nivel estatal y la fiscalía de Utuado, encabezada por el fiscal de distrito Jorge Carrión Ramos.
La defensa pide la desestimación de los cargos estatales bajo dos argumentos: primero, que ya el hombre fue declarado no procesable permanente a nivel federal y, segundo, que no puede volver a ser acusado en las cortes de aquí por los mismos hechos por los que ya enfrenta cargos -que no han sido desestimados- en la jurisdicción federal, lo que se conoce como doble exposición o “double jeopardy”.
La fiscalía sostiene que la declaración de no procesabilidad federal no es “cosa juzgada” a nivel estatal y, segundo, que aunque los hechos son los mismos, las acusaciones a nivel estatal son distintas. Según el fiscal Carrión Ramos, aunque el gobierno federal lo acusó de robo de auto a mano armada con muerte como resultado, a nivel de Puerto Rico solo se le acusa de asesinato en primer grado. “Los asesinatos no prescriben”, enfatizó Carrión Ramos.
Eileen Díaz Ortiz, la abogada de la SAL que, junto a Ferdinand López, tiene a su cargo la defensa de Ostolaza Robles, dijo, por su parte, que el caso no llegará a la etapa de tener que debatir la doble exposición. “Eso no va a llegar a dilucidarse porque Ostolaza Robles no está procesable. El caso estatal nunca se debió presentar. Está muerto desde su inicio”, sostuvo.
Contando los nueve años que lleva preso esperando ser enjuiciado por la muerte de López López, y sumándole el tiempo de cárcel que cumplió en Pensilvania y Connecticut, Ostolaza Robles, quien tiene historial siquiátrico desde adolescente, ha pasado 27 de sus 74 años tras las rejas.
El caso en Utuado se trata, a fin de cuentas, de si a su edad y en el estado mental en que se encuentra, continúa en condiciones para responder por una denuncia criminal más.
La principal controversia, en este momento, es si el tribunal local acepta la declaración de no procesabilidad permanente hecha por los médicos del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que llevan años examinando a Ostolaza Robles.
Desde el 2016, el BOP determinó que Ostolaza Robles no es procesable permanente porque padece de “déficit de memoria, atención y concentración que le impedirán cooperar con su defensa”.
NO PROCESABLE PERMANENTE
Nueve informes en total dicen que no está apto para enfrentar juicio. También hay peritos del Estado que indican que, en este momento, el hombre no representa peligro para nadie.
“La preocupación con la ausencia de competencia del señor Ostolaza Robles tiene que ver con sus deficiencias cognitivas. Aunque su entendimiento factual y racional de los cargos y los procesos judiciales están intactos, su habilidad para ayudar de manera apropiada a su defensa y participar en los procesos de la corte están impactados por (su condición de) trastorno neurocognitivo vascular leve”, dice un informe del 10 de mayo de 2017, en el que un perito del BOP sostiene que no es razonable esperar que, en algún momento, Ostolaza Robles vuelva a ser procesable.
Ostolaza Robles, quien es producto de una relación incestuosa entre su padre y una sobrina, que fue a la vez su prima y su madre, no sabe leer ni escribir más allá de su propio nombre. Cuando adolescente, sufrió un accidente de tránsito trabajando en una finca de café en Lares que le afectó permanentemente la memoria y a raíz de lo cual estuvo varios meses internado en la antigua Clínica Psiquiátrica Juliá, en Bayamón, supo El Nuevo Día.
“Cuando uno lo ve, uno no puede entender por qué está no procesable. No es hasta cuando uno empieza a hablar con él, que lo ve divagando, que no tiene memoria corta, que no recuerda muchas cosas, que habla cosas que no son coherentes, ahí es que uno puede entender por qué, en la esfera federal, salió no procesable”, sostuvo el licenciado López.
“Nuestra intención es que la corte acepte el reporte federal, que es bien detallado. Hay un historial. Se le hicieron pruebas para determinar si está simulando. En todos los exámenes, surgió que él no está haciendo ningún tipo de simulación. Surge de todos los exámenes que él no comprende los procesos, que no me puede ayudar a defenderlo”, agregó López.
El fiscal Carrión Ramos rehusó opinar cuando se le preguntó si cree que los peritos federales se equivocaron al declararlo no procesable permanente. Pero dijo que los agentes que lo llevaron de la cárcel federal en Guaynabo a la corte en Utuado le dijeron que les pareció coherente. “Cuando los policías le explicaron que le iban a radicar, él preguntó si tantos años después le iban a radicar por ese caso (de la muerte de López López). Él está claro”, manifestó Carrión Ramos.
GRAVE HISTORIAL
En 1971, cuando Ostolaza Robles tenía 23 años, fue hallado culpable de darle muerte de un disparo a un hombre con el que compartía vivienda en Lancaster, Pensilvania, donde estaba establecido trabajando en una procesadora de pollos. Alegó, entonces, defensa propia, y fue liberado bajo probatoria tras seis años en prisión. Violó la probatoria al ser vinculado a un robo en 1978, y fue enviado de nuevo a prisión, donde estuvo hasta 1981.
En 1986, fue acusado de 16 cargos de ataques sexuales y riesgo de lesiones a una persona menor, en Hartord, Connecticut. Según la denuncia, agredió sexualmente más de una vez a dos niños miembros de una iglesia de la que era feligrés.
Fue condenado originalmente a cumplir de manera consecutiva las penas por todos los cargos, lo cual sumaba 112 años. Tras una revisión de sentencia, la condena fue reducida a 64 años. Por razones que no se conocen, fue liberado, al parecer sin restricción de clase alguna, el 1 de marzo de 1995, tras lo cual volvió a Puerto Rico.
La licenciada Díaz Ortiz dice que, dada la condición en que, según los peritos federales, está Ostolaza Robles en este momento, el Estado no podrá procesarlo.
Pero, en vista de lo lentos que son los procesos para determinar la procesabilidad de una persona a nivel estatal, que pueden tardar años, emprender esa ruta en esta etapa significa prácticamente una sentencia de muerte para el hombre.
Su recomendación es que Ostolaza Robles, quien no tienes familiares que puedan o quieran encargarse de él, sea liberado y puesto bajo la tutela del Departamento de Salud, que supervisa instalaciones residenciales para adultos mayores incapaces de valerse por sí mismos.
La familia de López López, mientras tanto, continúa esperando que, de una forma u otra, se haga justicia para una mujer que se desvivía por sus hijos y por sus nietos, y que, según Rivera, su nuera, “era el centro de la familia”.
“Ella era la mayor y fue como una madre para sus hermanos. Ayudó a su mamá a criar a sus hermanos. Era quien mantenía a la familia unida. Era la que siempre estaba planificando las reuniones. No es que ahora no estemos unidos, pero, desde que ella se fue, no es lo mismo”, dijo Rivera, quien sostuvo que la tragedia marcó de distintas maneras a cada miembro de su familia, sobre todo, a los más jóvenes.
Nunca esperaron, dice, que fueran a pasar tanto tiempo esperando justicia.
“La espera ha sido muy frustrante. Yo esperaba que hubiésemos obtenido justicia mucho antes. Hay muchas pruebas. Él nos quitó un ser humano excelente, maravilloso, dejó a sus nietos sin una abuela. Ella era una abuela cariñosa, alcahueta, que le gustaba pasar tiempo con sus nietos. Ha sido muy difícil para nosotros. Han sido años de muchas preguntas”, afirmó.
“Ella era una abuela cariñosa, alcahueta, que le gustaba pasar tiempo con sus nietos. Ha sido muy difícil para nosotros. Han sido años de muchas preguntas”
YELITZA RIVERA
NUERA DE VERIDIANA LÓPEZ LÓPEZ
“Surge de todos los exámenes que él no comprende los procesos, que no me puede ayudar a defenderlo”
FERDINAND LÓPEZ
ABOGADO DE SIMÓN OSTOLAZA ROBLES