Limpieza gubernamental para frenar el timo al pueblo
En apenas meses, los contribuyentes de Puerto Rico tuvieron que gastar $72,496 en elecciones especiales para sustituir a funcionarios electos corruptos. Por esa pérdida, que es apenas una fracción del gigantesco costo económico de la corrupción pública en Puerto Rico, hay que señalar de forma directa, aparte de los perpetradores, a los partidos políticos que incluyeron en sus papeletas a candidatos inapropiados.
Esos desangres de los recursos también hablan a cántaros de la incapacidad, negligencia, y quizás hasta complicidad, de los funcionarios gubernamentales llamados a prevenir, identificar y denunciar toda malversación de los fondos del pueblo. A las pérdidas materiales se suman los daños intangibles o inmensurables vinculados a la falta de credibilidad en las instituciones públicas, lo que desalienta la productividad del país y la inversión de capital en proyectos para impulsar el desarrollo económico.
Es clara, pues, la urgencia de frenar la vergonzosa proliferación de funcionarios legislativos y alcaldicios que, por afán de lucro y en deslealtad hacia el pueblo, de tantas formas distintas violentan la salud económica y social del país.
El gasto de $72,496 para subvencionar, desde marzo de 2021 al presente, las votaciones especiales excluye el costo de los recursos humanos y del uso de equipo público destinado a los trabajos para llenar los puestos.
En la elección especial para llenar el escaño por acumulación del exrepresentante Néstor Alonso, enjuiciado en el Tribunal Federal y sentenciado por conspiración, obstrucción a la justicia, robo de fondos públicos y otros delitos graves, se invirtieron $56,075 de los contribuyentes. Para elegir al sustituto de Eduardo Cintrón, renunciante alcalde de Guayama, ahora convicto por participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales, el gasto público ascendió a $7,937. Mientras, se han invertido $8,000 para las votaciones especiales que se efectuarán para escoger a los sustitutos de los exalcaldes de Humacao y Aguas Buenas, imputados por actos similares a los investigados por las autoridades federales en Guayama, Cataño y Guaynabo.
La corrupción, que es avenida principal de malversación de fondos públicos, se traduce también en el descarte o la paralización de proyectos necesarios para el desarrollo, y de servicios esenciales para las poblaciones necesitadas.
La desconfianza en las instituciones públicas desalienta la colaboración de inversionistas y de empresas bona fide en proyectos para impulsar iniciativas que abonan al bienestar colectivo.
La corrupción también genera desconfianza de parte del gobierno federal, que condiciona de forma creciente el desembolso de fondos a los que accederían más rápidamente las agencias estatales y municipales con récord administrativo impecable. Muy lamentablemente, mina el ánimo y la confianza de los votantes, en especial de los más jóvenes que podrían abstenerse de acudir a las urnas. La merma en la participación electoral debilita la democracia.
Sin embargo, erradicar la corrupción y promover la gobernanza de excelencia son objetivos alcanzables. Se requieren iniciativas puntuales y el compromiso firme de poner en marcha las prácticas de sana administración pública centradas en la transparencia y la rendición de cuentas.
Mucha de la tarea concierne a los partidos políticos, las entidades que validan las candidaturas de quienes figuran en las papeletas de cargos electivos. A las colectividades les corresponde adoptar medidas rigurosas en el proceso de selección de los aspirantes a primarias y elecciones generales, en cada uno de los renglones electivos.
La fiscalización puntual tiene que ser constante desde que las personas electas asumen sus cargos y designan a sus equipos de trabajo. Cualquier atisbo de incumplimiento de normas éticas u otras irregularidades debe ser atendido de inmediato por la autoridad supervisora correspondiente. Las deficiencias en este renglón han propiciado durante demasiado tiempo la malversación de fondos públicos, entre otras prácticas vergonzosas en las distintas ramas del gobierno.
Puerto Rico necesita y merece la cabal transformación que siembre confianza en sus funcionarios públicos y garantice la limpieza de cada una de las transacciones gubernamentales.