Latente la amenaza de paro municipal
Alcaldes entregarán mañana a la Junta de Supervisión Fiscal sus propuestas para evitar la eliminación del Fondo de Equiparación
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se comprometió ayer a evaluar las propuestas presentadas por los miembros de la Federación y la Asociación de Alcaldes para evitar a corto plazo la eliminación del Fondo de Equiparación.
“La estabilidad y sostenibilidad financiera es crucial para que los municipios puedan proporcionar los servicios que los residentes necesitan y merecen. La Junta de Supervisión ha estado apoyando los municipios de Puerto Rico para ayudar a mejorar la responsabilidad fiscal mediante un gasto más eficiente, el desarrollo económico y la maximización de los fondos federales”, expresó el ente fiscal en declaraciones escritas.
“La Junta de Supervisión continuará su diálogo con los municipios sobre los principales retos a los que se enfrentan y trabajará para cumplir su mandato bajo Promesa para ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal”, agregó la JSF.
Como parte de esa evaluación, mañana, miércoles, los alcaldes entregarán al ente federal un documento oficial con todas las propuestas sometidas para que sean revisadas el viernes, cuando se reúnen los miembros de la JSF.
“Hay un plan que estoy seguro que si la Junta lo ve, verá que el compromiso es traer soluciones”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba.
Entretanto, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, describió el cónclave como “muy productivo”. Los ejecutivos municipales se reunieron con asesores de la JSF, encabezados por Germán Ojeda.
Los alcaldes buscan una moratoria de dos años en la eliminación del Fondo de Equiparación o, de lo contrario, decretarán “una huelga o paro” entre los empleados municipales.
A esos fines, las legislaturas municipales aprobarían resoluciones para detener los trabajos en los ayuntamientos. El Fondo de Equiparación, un pote de dinero asignado a los ayuntamientos de las remesas que envía el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), es distribuido entre todos los municipios, particularmente aquellos con mayor necesidad económica.
Sin embargo, desde 2017 se estableció en el plan fiscal certificado que el fondo sería eliminado. Ya ha recibido varios recortes y se mantiene en $88 millones. Antes sobrepasaba los $350 millones. Su sentencia de muerte está firmada para el 2024.
Los alcaldes sostienen que como parte de su eliminación para el próximo año fiscal, que comienza el próximo 1 de julio, unos 24 ayuntamientos perderían entre un 50% y 70% de sus ingresos, y otros tres dejarían de recibir 70% o más de lo que ingresan hoy.
Entre los municipios más afectados, están Adjuntas, Barranquitas, Comerío, Florida, Las Marías, Maricao, Maunabo, Orocovis, Patillas y Villalba.
Entre otras medidas, los alcaldes proponen que los $22 millones que anualmente la JSF dispone en el presupuesto del gobierno para consorcios sean usados por municipios en crisis. Así se promovería una reestructuración municipal a la que se acogería un pueblo de manera voluntaria, a cambio de explorar la consolidación de servicios municipales.
Otra de las propuestas, que requiere legislación, incluye la reestructuración del CRIM. También proponen descentralizar servicios del gobierno.
“Sigo insistiendo en que se debe hacer una asamblea general de todos los municipios para explicar la magnitud del problema”, puntualizó Hernández Ortiz, líder de los alcaldes asociados.
“Sigo insistiendo en que se debe hacer una asamblea general de todos los municipios para explicar la magnitud del problema”
LUIS JAVIER HERNÁNDEZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES