Es vital reforzar las alianzas contra el crimen organizado
La propuesta que busca intensificar la colaboración entre agencias federales y estatales, a fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado en Puerto Rico, es un paso acertado y muy pertinente, sobre todo tras el registro de un marcado aumento de asesinatos y otros delitos violentos vinculados al trasiego de drogas y armas en la isla.
El gobernador Pedro Pierluisi solicitó formalmente en Washington la reactivación de un programa que, estando en vigor aquí durante la pasada década, permitió asignar más recursos federales de ley y orden para trabajar en coordinación con la Policía y el Departamento de Justicia, entre otras agencias estatales. El programa, denominado “Operación Resistencia Caribeña”, incrementó por cuatro meses los equipos de agentes de entidades adscritas al Departamento Seguridad Nacional, como la Oficina de Seguridad Interna (HSI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Guardia Costanera y el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En el esfuerzo participó también la Fiscalía Federal en San Juan, que mantiene colaboración estrecha con las agencias estatales en diversas pesquisas y ofensivas contra el crimen organizado y la corrupción gubernamental en la isla.
Ampliar las avenidas de colaboración federal y estatal para promover mayor seguridad pública puede dar paso a planes específicos contra las organizaciones responsables de los acechos y las balaceras que destruyen tantas vidas. Regiones como Caguas y Humacao han sufrido recientemente esos ataques.
Mientras se tramita el refuerzo con recursos federales adicionales, es preciso incrementar las iniciativas de la Policía y del Departamento de Justicia, entidades que han efectuado operativos contra organizaciones criminales vinculadas a múltiples asesinatos. Una de esas ofensivas se registró en la zona de Humacao, donde ocho crímenes se atribuyen a la misma pandilla. Además, urge intensificar las gestiones para detener a un peligroso sujeto sospechoso de perpetrar gran parte de las balaceras letales registradas en el área de Caguas y la región este, en tiempos recientes.
Todas estas son medidas necesarias para poner fin al clima de inseguridad en Puerto Rico, donde de 2000 a 2020 se registraron 17,400 asesinatos, la mayoría asociada al crimen organizado. En 2021 la cifra de esos delitos ascendió a 616, o sea, 72 más que el año previo. La Policía reportó que en los primeros cinco meses de 2022, 255 personas han sido asesinadas. Ayer esa cifra subió a 268 víctimas y superó el registro del año previo hasta esta fecha.
La investigación y el procesamiento rigurosos, apoyado con personal especializado y moderno equipo tecnológico, son necesarios para ayudar a frenar la incidencia de muertes y otros delitos graves. Sin embargo, los esfuerzos contra la criminalidad quedan truncos si no se atienden a cabalidad los aspectos sociales y económicos que inciden también en ese problema social. Alternativas para poner coto a la deserción escolar y a las limitaciones en servicios de salud mental pueden contribuir a detener la delincuencia.
El apoyo federal contra la criminalidad cobró particular notoriedad aquí desde 1994, cuando entraron en vigor subvenciones del programa que designó a Puerto Rico y el área de las Islas Vírgenes estadounidenses como Zona de Alta Incidencia de Tráfico de Drogas (HIDTA). Iniciativas como esa deben respaldarse con programas de intervención social y económicos, que son disuasivos probados contra la inseguridad pública.
Un paso en esa ruta es maximizar la retención de alumnos y su aprovechamiento académico. El 43% de las personas con récord delictivo en nuestras cárceles son desertores escolares. Y un número considerable de víctimas de asesinatos son jóvenes desempleados que no completaron la escuela secundaria.
Una estrategia integral contra el crimen organizado puede desalentar el éxodo y contribuir al impulso de la inversión, estimular el turismo, mejorar el clima empresarial y promover la convivencia saludable.
Es la hora definitiva de abrir brecha en esa dirección. La colaboración estrecha de las autoridades federales con el gobierno de Puerto Rico, sumado al apoyo del Tercer Sector, las entidades comunitarias y los componentes empresariales, puede llevar a la transformación necesaria para el presente y el futuro de la sociedad puertorriqueña.