Federales regresan a Bahía de Jobos
Los funcionarios entrevistaron personas en el lugar, como parte de la recopilación de información, pero no hubo arrestos ni allanamientos
Funcionarios del gobierno federal regresaron ayer a la Bahía de Jobos, en Salinas, en momentos en que continúa la investigación relacionada con las construcciones en terrenos que las autoridades alegan son parte de una reserva natural.
Los oficiales fueron vistos por personas que estaban durante la mañana en el área de Bahía de
Jobos, donde el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) asegura que administra la reserva en terrenos que fueran comprados, a principios de la década de 1980, con fondos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).
El Nuevo Día supo que los funcionarios entrevistaron personas, como parte de la recopilación de información de la pesquisa. No hubo arrestos ni allanamientos.
La visita ocurrió un mes después que oficiales de varias agencias federales inspeccionaran el área y confirmaran públicamente que había una investigación en curso.
Personal del Cuerpo de Ingenieros lideró aquel recorrido, en el que estuvieron los fiscales federales Timothy Henwood y Héctor Ramírez Carbó, y el jefe en Puerto Rico del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph Gonzalez.
Ese día, también fue personal de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés), mientras que, del gobierno de Puerto Rico, había personal del DRNA, fiscales del Departamento de Justicia y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
También participa en la investigación la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de Estados Unidos (DoC-OIG, en inglés). “El Doc-OIG participó de una acción de ley y orden, y no tiene comentarios adicionales”, indicó a este medio esa agencia, que en el pasado ha llevado casos criminales por violaciones a la Ley federal de Agua Limpia.
Durante el recorrido hace un mes, un oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos indicó que las construcciones de muelles que hicieron los invasores son delitos federales a la Ley de Agua Limpia, así como la Ley de Ríos y Bahías.
“No voy a detallar en qué etapa de investigación estamos, ni cómo vamos, pero les aseguro que, si hay violaciones de ley federal, nosotros las vamos a procesar”, sostuvo entonces Ramírez Carbó, subjefe de la fiscalía federal en Puerto Rico. “No vamos a dejar que esto pase desapercibido”.
Además de la investigación de delitos ambientales y violación a la Ley federal de Agua Limpia, Ramírez Carbó dijo que “puede haber crímenes de cuello blanco a nivel federal, como fraude electrónico y sobornos”. “Cualquier delito federal que se haya cometido y la evidencia lo refleje, así lo vamos a procesar”, enfatizó.
En cuanto a la jurisdicción, explicó que son “terrenos federales” donde “no se puede construir”.
A principios de este mes, el DRNA emitió nueve órdenes de demolición de “toda estructura ilegalmente construida” sobre la zona marítimo terrestre y terrenos sumergidos en dicha reserva.
El Nuevo Día supo que, en fases posteriores, la agencia ordenará la demolición de hasta 44 muelles.
A la vez, el DRNA mantiene una demanda civil contra las personas con construcciones en esos terrenos.