Es hora de revisar el andamiaje logístico de Corrección

Varios hechos: hace dos semanas murió una joven de 23 años, a quien se le presumía inocente, en una institución penal de Bayamón en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. La jefa del sindicato de guardias correccionales ha dicho públicamente que, al momento de la muerte de Shanell Colón Ponce, no había guardias correccionales en su área de sumariadas. En otras palabras, la mujer estaba bajo custodia del Estado pero no había ningún representante del Estado custodiándola.

Más hechos: una semana después de esa muerte, dos reos de otra institución penal – también en Bayamón – se fugaron y, al momento de entregar esta columna, no habían sido aprehendidos por las autoridades. Algunas figuras políticas han intentado utilizar estos hechos para cuestionar el desempeño de la secretaria de Corrección, Ana Escobar, pero esa es la salida fácil y simplona. Esa funcionaria lo que hace es administrar un sistema con políticas públicas penales que ella, en gran medida, no controla.

Si queremos ir más allá del escándalo y del morbo momentáneo, si de verdad queremos humanizar el sistema penal tanto para reos como para guardias correccionales, si de verdad queremos como sociedad cumplir con el mandato constitucional de la rehabilitación, tenemos que revisar todo el andamiaje legal y logístico que permitió y facilitó la muerte a destiempo de Shanell y las dos fugas.

En primer lugar, no hay suficiente personal en el Departamento de Corrección. Eso nadie lo disputa. Y los que están allí trabajan muchas veces en condiciones deleznables. Los guardias correccionales doblan turnos y trabajan hasta 16 horas consecutivas vigilando dos y hasta tres módulos simultáneamente. Eso no es seguro ni para ellos ni para los reos. En segundo lugar, no se puede reclutar a más guardias correccionales porque el salario base de esos funcionarios públicos es, francamente, insultante: $1,600 mensuales. El representante Jesús Manuel Ortiz ha dicho que es necesario reclutar hasta mil guardias correccionales, pero con ese magro salario difícilmente conseguirán a 10.

Y, si no hay suficiente personal correccional ni los recursos fiscales para reclutarlos, es entonces hora de pensar fuera de la cajita: llegó el momento de hacer como California y, de forma organizada y con criterios específicos, reducir la población penal. Podría emularse, por ejemplo, lo que hizo el presidente Barack Obama cuando conmutó las sentencias de cientos de reos federales que cumplían larguísimas condenas por delitos no violentos relacionados con drogas.

El gobernador Pedro Pierluisi podría conmutar las sentencias de algunas almas que languidecen innecesariamente tras las rejas: los que tengan sobre 60 años de edad, los convictos por delitos no violentos, los que lleven presos más de 25 años, los que tengan su salud seriamente comprometida, y los que hayan fehacientemente mostrado rehabilitación. De esta forma, con una población penal reducida a los que realmente deben estar allí, los guardias correccionales no tendrían que atender tres módulos a la vez y podrían concentrarse en los que verdaderamente necesitan ser custodiados. Así se evitarían más muertes innecesarias por falta de personal y se fugarían menos reos. Habría, en fin, más seguridad para quienes están dentro y fuera del penal.

La Cámara de Representantes también tiene en sus manos un vehículo para reducir la población penal de manera organizada y así evitar más muertes y fugas: deberían aprobar el Proyecto del Senado 437 – de Joanne Rodríguez Veve y William Villafañe – para que los presos sean elegibles, tras un cuarto de siglo encerrados, para la Junta de Libertad Bajo Palabra. ( No significa que serán automáticamente excarcelados, sino que serán ele

gibles para serlo). Si alguien se opone a este proyecto es porque desoye el mandato constitucional, y moral, de procurar la rehabilitación para quien le falló a la sociedad.

Por último, es triste destacar que, si Shanell o su familia hubiesen tenido suficiente dinero, muy probablemente hubieran pagado la fianza que se le impuso para así aguardar su juicio en la casa y no en cárcel preventiva. Pero, como era pobre, tuvo que aguardar su juicio – al que nunca llegó – privada de su libertad. Es importante siempre recordar que las fianzas, por mandato constitucional refrendado tres veces por los electores, no pueden ser excesivas.

Dostoyevski siempre lo tuvo claro: “el grado de una civilización se mide por el trato a sus presos”.