Golpe de la JSF por $47 millones
La reducción se determinó raíz del impacto fiscal de una ley que otorga un beneficio contributivo preferencial a médicos
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) incluyó en la versión que envió a la Legislatura del presupuesto un recorte de $47 millones, debido al impacto fiscal de una ley que le otorga al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)la potestad de autorizar decretos sobre tratamiento contributivo preferencial a médicos en áreas de difícil reclutamiento.
Las reducciones se reflejarían en dependencias relacionadas con la salud y en el presupuesto operacional de la Legislatura.
En una carta con fecha del jueves, firmada por Jaime A. El Koury, abogado de la JSF y dirigida a Nelson Pérez Méndez, subdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), se hace un recuento de una serie de comunicaciones en torno a la Ley 60-2021, que le dio al secretario del DDEC, Manuel Cidre, la autoridad de otorgar decretos contributivos preferenciales a médicos especialistas o subespecialistas elegibles luego del 31 de diciembre de 2020.
Esos decretos se otorgarían si, primero, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, emite lo que se conocer como una Certificación Especial por Necesidad Apremiante de Médicos Especialistas o Subespecialistas. Estas certificaciones serían expedidas o denegadas en respuesta a solicitudes individuales de médicos. El Nuevo Día solicitó una reacción a la Aafaf y su director ejecutivo, Omar Marrero, se limitó a confirmar que recibió la carta de la JSF y que la está evaluando.
“Recopilaremos la información que fue solicitada y responderemos dentro del término provisto”, indicó.
La postura del gobierno es que el impacto fiscal de la ley es de $16 millones anuales, y la JSF entiende que el estatuto es inconsistente con el plan fiscal, al no identificar las reducciones necesarias para que la iniciativa tenga un impacto neutral. Del intercambio de cartas entre la JSF y la Aafaf, surge que el ente no tiene claro si la ley ha sido puesta en vigor, o sea, que se han otorgado decretos contributivos adicionales, pero parte de la premisa de que está siendo implementada.
“El impacto de la pérdida de ingresos por la Ley 60 tiene consecuencias mirando hacia el futuro, incluyendo para el proceso del año fiscal 2023. Debido a que la intención clara del gobierno es implementar la ley a pesar de nuestras objeciones, la JSF ha reducido el presupuesto del gobierno en $47 millones para reflejar la pérdida de ingresos por la Ley 60 y otras leyes similares en propuestas presupuestarias del gobierno”, lee la carta de El Koury.
“Recopilaremos la información que fue solicitada y responderemos dentro del término provisto”
OMAR MARRERO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AAFAF