Sin vehículo legislativo propuesta de aumento al impuesto de alquileres
La idea ha sido contemplada por alcaldes, el gobernador y legisladores como una alternativa para allegar más fondos a los gobiernos municipales
A pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, han acogido la idea del aumento o la redistribución del impuesto de “room tax” aplicable a las plataformas de alquiler a corto plazo, todavía no hay un cuadro claro sobre cómo se legislará, a pocos días del cierre de la sesión legislativa.
Sobre la mesa hay dos alternativas, según ha publicado El Nuevo Día: aumentar de 7% a 10% el impuesto o dejar la cifra intacta, pero separando un 1% para los gobiernos municipales, que actualmente no reciben ingresos producto de las ventas que producen estas plataformas como Airbnb y Vrbo, entre otras.
Actualmente, hay tres tasas distintas para el impuesto por habitación: 7% para paradores, pequeñas hospederías plataformas digitales; 9% para hoteles sin casino y 11% para hoteles con casino.
“Al día de hoy, no hay un proyecto que atienda eso”, indicó el portavoz popular en la Cámara, Ángel Matos García. En entrevista por separado, el representante popular José “Cheíto” Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo, confirmó la información.
Hernández Montañez no ha contestado llamadas de este diario.
Mientras, cuando se le preguntó si era intención de la administración presentar un proyecto de ley para atender el asunto, la portavoz de La Fortaleza, Sheila Angleró , contestó: “Por el momento, no”,
El Nuevo Día supo que una alternativa pudiera ser incluir el impuesto dentro del proyecto de ley que sacaría a la Compañía de Turismo de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Matos García argumentó que, en Puerto Rico, debe haber cerca de 22,000 habitaciones disponibles a través de las diferentes plataformas digitales de alquiler, superando las disponibles en hoteles, que alcanzan unas 15,000. Sostuvo también que, si se legislara a los efectos de que los gobiernos municipales reciban parte del impuesto que se supone paguen estas plataformas, los alcaldes serían mucho más agresivos en identificar estos lugares para que tributen.
“Ellos saben, por las querellas de ruidos innecesarios y por la acumulación de basura, dónde están esos lugares”, dijo Matos García. “Con el repunte que ha habido después de la pandemia en la disponibilidad de estos lugares de alquiler, hay mucho dinero ahí”.
El posible impuesto coge fuerza en momentos en que los alcaldes hacen todo lo posible por impedir que la Junta de Supervisión Fiscal les continúe recortando recursos económicos, como el Fondo de Equiparación.
“Aquí, no vamos a encontrar una bala de plata que tenga todas las soluciones, así que estamos identificando diferentes proyectos para darles más dinero a los municipios. El ‘room tax’ de los Airbnb tiene espacio (para ser aumentado) porque es extremadamente bajito ahora y ellos ya les incluyen a los consumidores múltiples cargos”, dijo Rivera Madera, quien entiende que hay espacio para aumentar el impuesto, en el caso de plataformas digitales, de 7% a 10%.
FORÁNEAS Y PRESUPUESTO
Por otro lado, según el plan de trabajo establecido con la Junta de Supervisión Fiscal, el presupuesto del país será llevado a lo que se conoce como un comité de conferencia legislativo el martes, cuando ambos cuerpos legislativos sesionen con la intención de aprobar la pieza legislativa, en acuerdo con el ente, en o antes del 27 de junio.
A esos efectos, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez , sostendrá mañana una reunión con el personal técnico de la Junta. Sigue pendiente si el ente aceptará o no recortar, como lo dispone el plan fiscal, la partida del Fondo de Equiparación y si aceptará que el Estado sufrague el costo de los municipios para la tarjeta de salud.
El martes, de otra parte, se atenderá en el hemiciclo un proyecto de ley que combinará dos medidas (una de la Asociación de Industriales y la otra de administración) que atienden la sustitución del impuesto del 4% a las empresas foráneas. También, se incluirá en la medida la tasa preferencial de 4% aplicable al trabajo remoto y la propuesta con que se pretende expandir los beneficios de la Ley 22 de inversionistas residentes a cualquier residente que lleve, al menos, 15 años en Puerto Rico.