El bueno, el malo y el alcalde

Benjamín Torres Gotay Las cosas por su nombre

Todos los martes, Willie Alicea, alcalde de Aibonito desde 2009, se acomoda en su despacho, respira profundo y se prepara para el desfile. Es el día de recibir público. Las historias que le traen se parecen todas. A uno le falta dinero para pagar la luz y a otro, para un medicamento. Aparecen el que llega con una lista de materiales de $1,500, $2,000 para terminar de construir su casa y el que necesita traer desde Estados Unidos a un familiar que se le murió por allá.

En un pueblo en que, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el grupo poblacional más grande (21.7%) tiene más de 65 años, el índice de pobreza es de 45% y el ingreso per cápita es de $12,000 anuales, a nadie debe sorprender que abunden historias así, mucho menos al alcalde.

Alicea no puede dar todo a todos. Pero sí, por ejemplo, llama a la farmacia a buscarle un arreglo al que no puede pagar sus medicamentos, a la funeraria para que ayuden al que no puede traer al pariente o, lista y lápiz en mano, cuadrar qué le puede dar el municipio y qué toca buscar por otra vía, al que fue pidiendo madera, bloque y varilla, para completar su casa.

“Al alcalde, la gente no le acepta un no”, dice Alicea, electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pasan cosas en estos pueblos que de afuera no se entienden. Un día, contó Alicea, estaba reunido con José Carrión III y Natalie Jaresko, entonces directivos de la Junta de Supervisión Fiscal. Le trajeron la noticia de que un sujeto pedía ayuda para disponer de un caballo muerto. A Carrión y Jaresko, no les cabía en la cabeza que el municipio tuviera que ver con un caballo muerto cuyo dueño estaba identificado, ni mucho menos invertir recursos en ese menester.

“Como ciudadano privado, eso no es problema mío, es problema del dueño del caballo. Pero como alcalde, si ese caballo revienta en la calle, puedo tener un problema de salud pública”, me contó Alicea, quien al final ocupó una excavadora y un operador para enterrar el caballo. “Esas son las cosas que la Junta no entiende”, agrega, con un suspiro de frustración.

Los alcaldes tienen una mala fama que manda madre, más aún ahora. Desde diciembre hacia acá, ocho alcaldes y exalcaldes –Félix Delgado, de Cataño; Ángel Pérez, de Guaynabo; Luis Arroyo y Javier García de Aguas Buenas; Reynaldo Vargas, de Humacao; Eduardo Cintrón, de Guayama; José Guillermo Rodríguez, de Mayagüez y Enrique Questell, de Santa Isabel– han sido acusados o convictos en las cortes federales y estatales.

Contra dos más –Miguel Romero, de San Juan; y Javier Carrasquillo, de Cidra– hay en marcha exámenes preliminares que podrían terminar también en la radicación de acusaciones estatales. El jueves, renunció José Luis Cruz, alcalde de Trujillo Alto, de quien se ha reportado que está en la mirilla federal y cuyo segundo en mando ya cayó por corrupción.

El país vive con la certeza de que cualquier día se sabrá de uno, dos, quién sabe cuántos más que también alzarán la mano. Contando los que han sido acusados y de los que está confirmado que son investigados, estaríamos hablando de los ejecutivos del 12% de todos los municipios. Claro que es un escándalo gigante.

Además, a partir del 2024 desaparecerá, por imposición de la Junta Fiscal, el llamado Fondo de Equiparación Municipal, un mecanismo del gobierno central para asistir fiscalmente a los municipios. Unos 30 municipios quedarán insolventes si no se le encuentra solución a ese problema.

Para resolver no están pensando bien. Los alquileres a corto plazo necesitan regulación ya, antes de que sigan desnaturalizando comunidades. Pues quieren ponerle un impuesto para beneficiar a los municipios, lo que convertiría a los alcaldes en adictos a un modelo que destruye vecindarios y que habrá que limitar, si queremos seguir teniendo comunidades que merezcan tal nombre.

La corrupción y la inviabilidad económica vuelven a hacer que revoloteen en el aire temas de los que cada cual habla sin pensar mucho. Por ejemplo, tiran al aire, sin mucha reflexión, palabras pesadas como “eliminación” de municipios.

No es un tema fácil como sea que se mire. Justificar 78 estructuras municipales, cada una con su jefe de personal, finanzas, obras públicas, deportes y otras yerbas, no es posible en un gobierno que apenas se sostiene bajo el peso de su propio costo. Tampoco es sostenible el libertinaje administrativo con 78 caciques sin más contrapeso ni control que su propia conciencia, lo cual, según ha quedado demostrado a la saciedad, muy a menudo no es suficiente.

Pero, por otro lado, ¿quién andaba machete y sierra en mano, enlodado hasta los muslos, por comunidades en los días posteriores al huracán María? ¿El gobernador? ¿La directora de la Junta? ¿A quién se vio, aturdido y despeinado, entre los cientos de refugiados en los días posteriores a los terremotos de enero del 2020? ¿Al secretario de esto o de aquello?

Eso es lo que hace que este no sea un tema simple. Son problemas, sin duda, que necesitan soluciones. No se han visto hasta ahora.

Alicea dice que, con la eliminación del Fondo de Equiparación, Aibonito perderá cerca de $1.1 millones, de un presupuesto de cerca de $8 millones. No quedará insolvente. Pero tendrá que recortar nómina y suspender servicios, incluido uno de amas de llave que da servicios a unas 100 familias y emplea a unas 40 personas.

Si llegara a ese punto, las quejas no le llegarán por redes sociales, ni en cartas al periódico. “En los pueblos pequeños, el alcalde va al supermercado, al colmado, a la gallera, al juego de pelota”, dice.

En abril, fue a un juego de los Polluelos de Aibonito contra los Bravos de Cidra, en el parque Hermanos Marrero, de Aibonito. En esos días, se había declarado culpable de corrupción el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. La noticia sazonaba los paliques en el parque. Cuando Alicea llegó al parque, un hombre lo paró. “Me puso la mano en el hombro y me dijo: ‘Willie, dime la verdad (en los pueblos pequeños tutean al alcalde), ¿tú estás ‘metío’ en el revolú del asfalto y eso?’”, contó Alicea, que, por supuesto, respondió en la negativa.

¿Dónde más se puede confrontar así a un político?

“Pasan cosas en los pueblos pequeños que de afuera no se entienden”