Swain aplaza fecha para reclamar gastos administrativos
La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain acogió una moción del abogado Rolando Emmanuelli que busca aplazar la fecha límite de reclamaciones de gastos administrativos contra el gobierno central ante la posibilidad de que cientos o miles de individuos o entidades en Puerto Rico pierdan para siempre la oportunidad de reclamar daños como resultado de la reestructuración de la deuda.
La jueza a cargo de los Casos de Título III concedió hasta el próximo 27 de junio para que otros interesados puedan expresarse o de lo contrario, acoger la moción ante su consideración, o fijar una vista para dirimir el recurso.
La decisión de Swain se produjo luego de que el pasado lunes, justo en la fecha límite establecida en el Plan de Ajuste del gobierno central (PDA), Emmanuelli presentara una moción urgente, en nombre de Ivelisse Calderón-Alibrán y Carlos Torres Viada, quienes aguardan porque sus respectivas demandas contra el gobierno tengan su día en corte.
La demanda de Calderón-Alibrán y Torres Viada son dos de posiblemente cientos de litigios radicados por ciudadanos y empresas que quedaron en un limbo como resultado del proceso de quiebra del gobierno puertorriqueño y ahora, luego del PDA, podrían quedarse sin justicia.
Calderón-Alibrán demandó al gobierno en el foro federal el 5 de abril de 2021 por discrimen racial en su lugar de empleo. Mientras, Torres Viada radicó una reclamación de daños por violación a sus derechos civiles en el foro estatal en octubre de 2020.
Desde la perspectiva del gobierno, tras la entrada en vigor del PDA del gobierno central el pasado 15 de marzo, existe un interdicto “permanente” que impide que el estado sea demandado como resultado de la reestructuración de sus deudas bajo Promesa.
Según el Departamento de Justicia, a raíz del interdicto “permanente”, quien entendiera que tenía una acreencia contra el gobierno por gastos administrativos tenía hasta el pasado 13 de junio para presentar una reclamación en el tribunal de Título III o perdería para siempre la oportunidad reclamar al gobierno.
La postura del Departamento de Justicia en el tema fue reseñada por El Nuevo Día el pasado 29 de mayo.
Emmanuelli solicitó a Swain que la fecha límite para reclamaciones administrativas relacionadas al PDA del gobierno central se aplace por 120 días.