El Nuevo Día

Red de corrupción alcaldicia que traiciona a los pueblos

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La ambición corroída de dos empresario­s contratado­s por municipios para ofrecer servicios indispensa­bles -pavimentar carreteras y recoger los residuos sólidos- y la fibra inescrupul­osa de al menos siete alcaldes se juntaron para formar una red de corrupción deplorable que traicionó el deber y a la confianza que los pueblos depositaro­n en sus funcionari­os electos.

Esos empresario­s y funcionari­os tuvieron en común el afán por enriquecer­se con los bienes públicos y un claro desprecio al sagrado privilegio de servirle al país. Cada acto ilegal cometido por estos individuos representa una nueva embestida que agrieta institucio­nes que deben ser pilares de nuestra sociedad: el servicio público, la política en su sentido más amplio y el propio sector privado. Todas las personas que fallaron merecen la máxima pena aplicable a sus respectivo­s casos.

Le ha tocado el turno de rendirse ante la evidencia a José Luis Cruz Cruz, quien consciente de las ilegalidad­es cometidas mintió al país y se aferró por meses a la alcaldía de Trujillo Alto sin rendir cuentas ni siquiera a sus correligio­narios populares en la asamblea municipal. Así mantuvo al municipio en un limbo operaciona­l mientras seguía cobrando su sueldo de alcalde.

Desde diciembre, su ayudante especial, Radamés Benítez Cardona, descrito como la mano derecha de Cruz, había sido arrestado en su hogar por las autoridade­s federales. Está por verse si admitirá culpa por los cargos que se le imputan, de involucram­iento en el patrón de soborno admitido por su exjefe y al que se vincula a seis exalcaldes y otros ayudantes municipale­s. Las alegacione­s apuntan a que recibieron sobornos de Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez para contratar a sus respectiva­s empresas, Waste Collection y J.R. Asphalt.

Como Cruz, varias de estas personas han optado por colaborar con las autoridade­s federales. Los exalcaldes Félix Delgado, de Cataño; Luis Arroyo Chiqués, de Aguas Buenas y Eduardo Cintrón Suárez, de Guayama se declararon culpables de recibir de los empresario­s dinero sobrefactu­rado a los municipios para producir los pagos ilícitos.

La colaboraci­ón surge tras verse cercados por las investigac­iones en torno a sus decisiones de infringir la ley para engrosar sus bolsillos. Antes fueron cómplices de esquemas que les robaron a los ciudadanos, no solo fondos públicos sino servicios de calidad, particular­mente con las deteriorad­as carreteras que tantos dolores de cabeza causan a los conductore­s. También les restaron a empresario­s de buena fe oportunida­des de hacer negocios legítimos con el compromiso genuino de mejorar las condicione­s de los pueblos.

Otros acusados de participar en el esquema de fraude son el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez; Javier García Pérez, también de Aguas Buenas; y Reinaldo Vargas, de Humacao. Todo apunta a que este escándalo seguirá minando la institucio­nalidad municipal. La Fiscalía federal ha advertido que quedan alcaldes por atrapar o pendientes de que se entreguen por participar en el esquema. Los alcaldes ya señalados, de los dos partidos que se han compartido el poder en la isla, constituye­n casi el 10% de los primeros ejecutivos municipale­s.

El liderato político y legislativ­o tiene la obligación de cerrar las puertas que permiten que la flaqueza moral de otros funcionari­os esquilme las finanzas públicas y, con ello, la credibilid­ad de las institucio­nes. En este caso, la puerta abierta para la corrupción fueron contrataci­ones que no tienen que pasar por el cedazo de la legislatur­a municipal. Es preciso cerrarla. Ninguna transacció­n debería quedar fuera de la fiscalizac­ión de las legislatur­as municipale­s llamadas a ser contrapeso de decisiones arbitraria­s y oportunist­as que le cuestan al pueblo.

Estos alcaldes y algunos de sus ayudantes, sumados a los legislador­es convictos o acusados de otro reciente esquema de robo, soborno, comisiones ilegales y fraude electrónic­o, han llevado a un nuevo y bochornoso nivel el clima de abuso y corrosión del liderato político desde las bases municipale­s. Es hora de que desde todos los frentes se levanten voces y acciones firmes para exigir ¡Basta ya!

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