Un paso tímido en la dirección correcta

El gobierno de Puerto Rico avaló esta semana un proyecto de ley que tiene como objetivo enmendar la nefasta Reforma Laboral del 2017. Esta medida, aprobada hace cinco años, tuvo como objetivo principal desreglamentar el mercado de trabajo, así como menoscabar derechos de empleados en el sector privado. En aquella ocasión se argumentó por las autoridades gubernamentales que el nuevo ordenamiento, autorizado vía expedita apenas unas semanas de haber iniciado la administración de Ricardo Rosselló, convertiría al país en una jurisdicción atractiva para establecer negocios y crear oportunidades de empleo. No obstante, esos objetivos no se cumplieron, según constatado por los indicadores económicos oficiales.

La Ley 41 de 2022 – luego de una extensa discusión legislativa que duró prácticamente año y medio – tiene la intención de restituir algunos de los derechos laborales en la empresa privada que fueron limitados o eliminados por la Reforma Laboral del 2017. Entre las medidas aprobadas se encuentran disminuir el periodo probatorio, reestablecer las protecciones en contra del despido sin justa causa y reponer la fórmula utilizada para computar la acumulación de las licencias por vacaciones y enfermedad.

Si bien esta legislación era necesaria, considero que es insuficiente. Desde mi perspectiva, debe impulsarse una legislación laboral que no solo restaure parcialmente algunas protecciones laborales, sino que rehabilite y amplíe la totalidad de los derechos de los trabajadores socavados.

Desde el 2006 vivimos en una profunda crisis económica y las condiciones de vida han sido muy difíciles. Resulta poco probable que aumente la producción, la participación laboral y el empleo precarizando el mercado laboral. En todo caso, para lograr tales objetivos es importante ofrecer incentivos a los trabajadores incrementando su compensación y promoviendo mejores condiciones de empleo y de vida. De esta manera, se impulsa en el país la productividad y una redistribución más justa de las riquezas. Aunque se argumente lo contrario por algunos sectores en el país, incluyendo a la Junta de Control Fiscal, el desarrollo de la economía y la justicia laboral no son incompatibles.

Estoy convencido de que el sector privado debe apoyar dichos esfuerzos, si no por un asunto de justicia social, que lo hagan porque se beneficiarán directamente de los mismos. Recientemente representantes de dicho sector han señalado las dificultades que han enfrentado para reclutar trabajadores en diferentes industrias del país. Alegan que existe una escasez de mano de obra. Realmente, a mi juicio, existe escasez de empleos bien remunerados y beneficios marginales adecuados. Mejores condiciones laborales permitirán a las empresas reclutar con mayor facilidad a trabajadores. Además, conduce a que las personas tengan un mayor nivel de satisfacción con su empleo, implicando una retención de empleados y productividad más alta. Sin tomar en consideración que las familias tendrán un mayor poder adquisitivo que estimulará tanto la demanda como la producción de los bienes y servicios, entre otros múltiples beneficios para las empresas.

La Ley 41 del 2022 que enmienda la Reforma Laboral del 2017 es un paso tímido en la dirección correcta. Para promover el desarrollo económico del país resulta fundamental continuar restituyendo y ampliar las protecciones laborales y los derechos de todos los trabajadores.

“Para promover el desarrollo económico es fundamental continuar restituyendo y ampliar las protecciones laborales y los derechos de los trabajadores”