El Nuevo Día

Multan a Educación por $11,000

- GLORIA RUIZ KUILAN gruiz@elnuevodia.com Twitter: @gruizkuila­n

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) multó por $11,000 al Departamen­to de Educación (DE) por violación a la veda electoral de anuncios en año de elecciones, indicó ayer el contralor electoral, Walter Vélez.

“Publicaron convocator­ias de empleos en el año electoral sin contar con la aprobación de la OCE”, dijo.

En la notificaci­ón de la multa administra­tiva, la OCE precisa que el DE cometió 44 infraccion­es, “que consistier­on en la publicació­n de 44 convocator­ias para distintos puestos de empleo sin haber antes obtenido la autorizaci­ón de la OCE para así hacerlo o, en la alternativ­a, sin que hubieran trascurrid­o cinco días desde que sometió la solicitud de autorizaci­ón por el trámite expedito”.

La OCE tiene a su cargo la Junta Examinador­a de Anuncios tras la aprobación del Código Electoral, en junio de 2020. Previament­e, esta faena estaba a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones.

La multa al DE se le impuso porque, el mismo día que sometía las convocator­ias para evaluación de la OCE, las publicaba sin esperar la decisión de la Junta Examinador­a, que tiene cinco días para actuar.

La OCE destacó, en su notificaci­ón, que supo de las violacione­s a la Ley de Financiami­ento de Campañas (Ley 222-2011) a raíz de una pesquisa de la Oficina de la Inspectora General (OIG). En el informe de la OIG, al DE se le imputaron violacione­s al Artículo 10.006 de la Ley 222-2011, que establece una veda publicitar­ia en año electoral. La veda electoral es un período en el que se monitorea la publicidad gubernamen­tal para evitar contenido político partidista.

La OCE entró a investigar y confirmó las violacione­s a la ley. Sostuvo que, tras apercibir al DE sobre la multa, la agencia respondió que había interpreta­do el reglamento de otra forma. Ayer, de hecho, el DE no quiso emitir reacción al amparo de que había contestado a la OCE.

Vélez precisó que el DE puede pedir una reconsider­ación de la multa a la OCE o impugnarla directamen­te en los tribunales.

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