Negociación de última hora para reemplazar el arbitrio del 4%
● El gobierno, la Legislatura y la Asociación de Industriales buscan un terreno común que permita que el Tesoro reconozca como créditos los pagos a la isla sin trastocar en demasía los recaudos de Puerto Rico
RIO GRANDE.— A solo horas de que termine la presente sesión legislativa, las comisiones de Hacienda en la Cámara de Representantes y el Senado, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, personal de Rentas Internas en esa agencia así como la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) están inmersos en sendas negociaciones para conseguir la aprobación del proyecto que modificaría el llamado arbitrio del 4%, supo El Nuevo Día.
En entrevistas separadas, Parés Alicea y el presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la AIPR, Carlos E. Serrano, se mostraron optimistas en que el Senado aprobará la medida a más tardar este sábado, al tiempo que confirmaron las negociaciones entre las partes.
Sin embargo, ambos contadores públicos autorizados reconocieron que de no lograrse un entendido que sea cónsono con lo dicho por el Tesoro de Estados Unidos, con las necesidades del sector industrial en la isla y los parámetros establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Puerto Rico podría verse en una coyuntura complicada, que podría resultar en un cuadro de incertidumbre presupuestaria o en disputas legales. Esto último, en caso de que las Corporaciones Foráneas Controladas (CFCs en inglés) sujetas al arbitrio en Puerto Rico no puedan reclamar a nivel federal los pagos que efectúan en la isla por ese concepto más allá del 2022.
LA 154 Y EL PRESUPUESTO
Por un lado, si el proyecto 1367 no se aprobara en o antes del próximo 30 de junio, la JSF no podría certificar el presupuesto para el siguiente año fiscal, indicó Serrano.
A preguntas de El Nuevo Día, Parés Alicea reconoció que ante los cambios que ha sufrido la pieza legislativa y que se produjeron casi en la madrugada del pasado miércoles, Hacienda todavía analiza cómo podrían afectarse los recaudos.
Al presente, el arbitrio del 4% representa un 20% de los ingresos al fisco. Parés Alicea explicó que las proyecciones basadas en el proyecto original anticipaban que para el año fiscal 2022-23, estos recaudos rondarían unos $1,700 millones. Hacia el 2024, la cifra iría a menos hasta representar un 16% de los ingresos al fisco.
Ayer, El Nuevo Día preguntó a la JSF si podría certificar el siguiente presupuesto en ausencia de una legislación sucesora al arbitrio del 4%. Al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Empero, en una misiva enviada el pasado martes al liderato legislativo y al gobernador Pedro Pierluisi en torno a la Ley 154, la JSF indicó que dada la importancia de proveer “una transición ordenada” en una fuente de recaudos vital para el fisco y para el sector industrial, clave en la economía de la isla, la legislación no debía incluir otros temas contributivos, lo que ha ocurrido en el trámite legislativo.
“La (JSF) hace énfasis en que la Legislatura debe asegurar que cualquier régimen contributivo alterno a la Ley 154 no puede resultar en la pérdida neta de recaudos al gobierno central”, se agrega en la carta suscrita por el presidente del organismo, David Skeel.
LA DAGA AL SECTOR INDUSTRIAL
Por el otro lado, explicó Serrano, si Puerto Rico no consigue una determinación escrita del Tesoro en torno al proyecto 1367 que reconozca la acreditabilidad de los pagos a la isla, ello podría dificultar que, en cuestión de semanas, el gobierno pueda renegociar una veintena de decretos contributivos con estas empresas.
“Como tarde, todo esto tendría que pasar para el 30 de septiembre. Los nuevos decretos tendrían que estar listos en esa fecha”, dijo Serrano al recordar que por lo general, las empresas públicas comunican sus proyecciones en el último trimestre.
En sus negociaciones en la Legislatura, la AIPR interesa aumentar a cinco los intervalos de empleos e inversión que sirven para determinar la contribución que las empresas pagarán.
Grosso modo, el proyecto 1367 da la oportunidad para que las CFCs y sus operaciones en la isla paguen una tasa de 10.5% sobre su ingreso de desarrollo industrial y 7.5% en regalías por las ventas de sus productos a nivel global. Esa tasa se compensa en función de los empleos e inversión que haga la empresa y que podría tener una tasa efectiva tan baja como 3.15%.
EL ARBITRIO NO DESAPARECE
Serrano se mostró un tanto optimista al plantear que en esta ocasión, el proceso para conseguir que una veintena de multinacionales en el sector industrial de la isla paguen impuestos al fisco ha sido colaborativo, en lugar de la brusca imposición que se dio en el 2010. Entonces, la Ley 154 se aprobó sin vistas públicas y en un fin de semana.
Pero el veterano en temas contributivos que aplican al sector industrial en la isla indicó que el proyecto 1367 “es otro parche más”.
Si bien el 1367 permite que la CFCs opten por el régimen de tasas fijas y se compromete a aumentar la tasa aplicable en caso de que Estados Unidos apruebe la tasa mínima global de 15%, Serrano reconoció que el estatuto no atiende los problemas de fondo que encara el sector.
“El arbitrio del 4% fue mala política pública. Luego se hizo cuasi permanente hasta el 2027 para que desapareciera por la regla de fuente de ingreso. Ahora, se mantiene ese régimen, el arbitrio sigue”, dijo Serrano.
“Lo que hemos dicho en nuestra propuesta es que dejemos que el arbitrio termine en el 2027 y usemos estos cinco años para modificar este sistema y que eso nos lleve a una reforma real”, agregó el también abogado.
Así las cosas, Serrano lamentó que otravez, las negociaciones en torno al 1367 se centran en lo que las CFCs están dispuestas a pagar en este nuevo entorno. Ello, en lugar de viabilizar una legislación que se traduzca en oportunidades para acrecer la actividad industrial en la isla.
“El acuerdo (con el Tesoro) fue a base del lenguaje original en el (proyecto) 1367 y cualquier modificación requiere transparencia de nuestra parte”
FRANCISCO PARÉS ALICEA
SECRETARIO DE HACIENDA