Ataque legislativo contra el bienestar de las mujeres
El Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico están fallando, y de forma claramente irresponsable, a su misión de legislar para salvaguardar, y de ninguna manera trastocar, derechos fundamentales como lo es el de las mujeres a su intimidad.
Al embarcarse en ese malsano proceder, en el que median el fanatismo religioso y el oportunismo electoral, los y las líderes de la legislatura se han enfrascado en un proceso de discusión insalubre sobre el derecho indiscutible de toda mujer a decidir sobre su cuerpo. La Cámara de Representantes tiene la obligación de abstenerse de seguir los equívocos pasos del Senado de pretender forzar un tema que, como bien han señalado expertos científicos y sociales, no responde a una crisis ni a una emergencia.
Las malas prácticas legislativas durante la consideración al proyecto que busca restringir el derecho a la mujer a realizarse o no un aborto, incluyen la exclusión de la Comisión de Asuntos de la Mujer de analizar una medida que atenta directamente contra las mujeres. Su presidenta Jocelyne Rodríguez Negrón no solo ha abdicado de su responsabilidad de defender los derechos de este sector poblacional, sino que además da muestras del desconocimiento imperante en la legislatura acerca de los alcances de la medida relacionados con la salud y el bienestar de las mujeres.
Para la legisladora, se trata de “un proceso que tiene que ver con la familia”. Nada más lejos de la verdad. Demasiadas veces las mujeres que toman la difícil decisión de abortar lo hacen precisamente por terribles condiciones familiares, de violencia y opresión, por incesto o por violaciones. Muchas otras lo hacen por razones de salud en las que su vida está en riesgo. En cualquier caso, se trata de sus cuerpos y son ellas a quienes único corresponde el poder decisional. A nadie más. Mucho menos, al Estado o a ideologías.
Pretender que sobre el cuerpo de una mujer puedan mediar terceros es justificar y perpetuar la terrible cultura del machismo que golpea y asesina a mujeres, menores y viejos; y que encierra, reprime y se impone a fuerza de hostilidad. Y es así como ha tendido a mostrarse la actual legislatura con esta medida.
Ante la falta de argumentos coherentes en un claro esfuerzo por congraciarse con los distintos intereses en conflicto, el liderato cameral ha llegado al punto de considerar bajar la pieza legislativa por descargue. Es decir, sin deliberación ni análisis. El caucus popular de la Cámara decidió ayer que celebrará audiencias públicas sobre el proyecto, solo en la Comisión de lo Jurídico.
La medida fue aprobada en el Senado con un trámite pro forma, luego de que se intentara aprobar sin vistas públicas, a lo que se accedió luego de una intensa presión pública. No obstante, pese a las ponencias sustentadas por evidencias y peritaje de entidades prominentes, el proyecto de ley fue aprobado sin tomar en cuenta los argumentos en contra. Los departamentos de Salud y Justicia, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Colegio de Médicos Cirujanos y el Proyecto Matria que atiende a sobrevivientes de los distintos tipos de violencia de género, han explicado y documentado que el proyecto es innecesario y pone en riesgo la vida, salud y bienestar de mujeres. ¿Entonces, por qué en la legislatura insisten en seguir adelante?
Los favorecedores de la medida reclaman que interesan proteger la vida de la niñez. Dicha preocupación debería moverles a resolver los problemas de esa población en el Puerto Rico de hoy, cuando tantos menores sufren precariedad, maltrato físico, abandono, abuso sexual y son víctimas de la violencia de género.
Además, deberían defender la educación sexual y con perspectiva de género desde la edad temprana y que las mujeres puedan contar con servicios de salud integral para ellas y sus hijos. Ese es el proceder correcto, en vez de seguir poniendo trabas al derecho de las mujeres a tener salud, seguridad y libertad de desarrollo pleno.