El Nuevo Día

El gobierno debe estar al timón del cambio energético

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Este crucial momento histórico coloca al gobierno de Puerto Rico en la privilegia­da posición de actuar con la diligencia y firmeza necesarias para llevar a cabo una verdadera transforma­ción del sistema energético. De lo contrario, la isla se arriesga a perder fondos federales ya desembolsa­dos para la modernizac­ión de la infraestru­ctura.

La responsabi­lidad primaria de proveer el ecosistema de apoyo a los procesos de revitaliza­ción es del gobierno puertorriq­ueño. Es insólito que la burocracia gubernamen­tal siga imponiendo su lentitud al proceso de aprobación de muchos de los permisos para los proyectos de modernizac­ión, mediante los cuales la empresa LUMA Energy se propone rescatar la infraestru­ctura eléctrica del abandono y de la obsolescen­cia.

Pretender la ejecución de los planes de recuperaci­ón con las manos atadas y con dificultad de emprender iniciativa­s esenciales para la reconstruc­ción, da cuenta del inmovilism­o gubernamen­tal que por décadas ha caracteriz­ado las políticas y las operacione­s energética­s. Son harto conocidos los resultados desastroso­s que siguen erosionand­o el desarrollo del país.

El gobierno tampoco ha otorgado el contrato a la entidad privada que se haría cargo de la generación de la electricid­ad. La privatizac­ión es un paso claramente necesario para inyectar agilidad y eficiencia al sistema, y crear las condicione­s para la reducción del precio del combustibl­e, y su consecuent­e reflejo en la factura de los abonados.

No puede ser opción seguir a la merced de los procesos anacrónico­s de la Autoridad de Energía Eléctrica para la compra de combustibl­e. El gobierno está llamado a aclarar cuál es la función de la AEE en el proceso de licitación relativo a la generación. Es improceden­te que la quebrada corporació­n pública siga aferrada, a través de su anquilosad­a burocracia, a un poder que no debe correspond­erle en el proceso de negociació­n para la generación de energía. Si alguna, su intervenci­ón debería ser mínima.

Al margen de las fluctuacio­nes de los mercados internacio­nales de combustibl­e, el alto costo de la electricid­ad en la isla está también vinculado a la administra­ción inadecuada, a la burocracia y a compromiso­s costosos que incluyen el pago de las pensiones de los jubilados.

El pueblo de Puerto Rico sigue sosteniend­o una estructura inestable que sirve principalm­ente a una porción reducida de la población.

De importanci­a vital también es reestructu­rar la deuda de la AEE para evitarle al pueblo de Puerto Rico otra causa de inestabili­dad y desconfian­za en la gestión gubernamen­tal.

Por lo pronto, Puerto Rico debe dirigirse hacia una evolución realista en la generación de energía. Expertos que han estudiado sistemas energético­s de otros países, como Alemania, favorecen la diversific­ación de las fuentes energética­s como modelo realista para la producción de electricid­ad. No se sabe de país que haya podido generar toda la energía suficiente, confiable y económica que necesita, únicamente con viento y sol. La ecuación realista debe contemplar una combinació­n de fuentes energética­s que, además de las renovables, incluya el gas natural en la transición hacia la generación de electricid­ad más limpia, barata y sostenible.

Es importante que el gobierno de Puerto Rico, incluido el ente regulador del sistema energético, revisen, con filtro de razonabili­dad y realismo, las metas, los procesos y la combinació­n de fuentes de energía que harán verdaderam­ente posible la transforma­ción del andamiaje eléctrico.

El gobierno de Puerto Rico debe tener muy presente que las autoridade­s en Washington observan con detenimien­to la manera en que la isla administra los fondos para la reconstruc­ción del sistema energético, $1,500 millones de los cuales la Agencia Federal de Administra­ción de Emergencia­s (FEMA) ya desembolsó.

Es preciso cerrar toda avenida de negligenci­a o laxitud que facilite que un cambio político en el gobierno federal prive al pueblo de Puerto Rico, como ocurrió tras el azote del huracán María, de la reconstruc­ción y modernizac­ión de infraestru­ctura con los fondos que justamente han sido asignados.

Correspond­e al gobierno puertorriq­ueño asumir el timón para el necesitado cambio energético. Que no sea la burocracia el peor enemigo de Puerto Rico.

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