Suprema hipocresía: la revocación de Roe vs. Wade
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Dobbs vs. Jackson es muy preocupante para ciudadanos sujetos a un ordenamiento legal. La ideología sobre mayores poderes a los estados para decidir asuntos sobre sus constituyentes se venía discutiendo en el alto foro hace años. Sus exponentes eran los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas. A partir del nombramiento del juez Neil Gorsuch, este se convirtió en su máximo exponente. En el 2019, en el caso Gundy vs. United States, Gorsuch en su disidencia criticó al juez Samuel Alito porque se unió a jueces liberales y al juez presidente, John G. Roberts, para hacer una mayoría en contra de una actuación administrativa. A dicha crítica, Alito respondió que cuando el Tribunal estuviera dispuesto a derogar precedentes, en ese caso refiriéndose a la delegación de poderes a agencias, él se uniría en ese esfuerzo. Luego de esa decisión y tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, entraron al Tribunal los jueces Brett Kavanaugh y Amy C. Barret, configurando la nueva mayoría conservadora que compone hoy el Tribunal Supremo, y que ha emitido el nefasto caso sobre el aborto.
La ideología que concede mayores poderes a los estados va más allá de la eliminación de derechos civiles; va dirigida a desmontar el gobierno federal y sus agencias. Promueve que el gobierno federal sólo dicte guías a seguir, y que sean los estados, mediante sus electores, los que legislen. Esta propuesta reorganización del estado federal podría traer resultados absurdos. Como ejemplo, no se necesitaría la agencia federal de Protección Ambiental (EPA). Los estados que crean en el calentamiento global pueden legislar para atender el problema en su entorno, y los que no le den crédito a la ciencia, legislen sobre otros asuntos. Es decir, si un estado tiene buenos abastos de agua, no tiene por qué preocuparse por sus vecinos, aunque estos padezcan sequía, pues ese no es su problema. Soluciones fragmentadas a problemas nacionales.
Además del objetivo de desmontar el gobierno federal como lo conocemos hoy, reconocemos el impacto de Dobbs en el derecho de las personas a la intimidad y a decidir sobre sus cuerpos. Favorecedores de la decisión dicen que es un acierto porque habrá más niños y niñas para adopción. Una respuesta simplista a un problema íntimo y real. Muchas personas no aceptan adoptar niños o niñas de quienes se desconocen sus progenitores y tampoco es fácil para la mujer que, por diversas razones, se plantea el aborto, parir para entregar su criatura sin saber quién lo terminará adoptando y con qué valores y creencias lo criaría. No hay que ser pro-aborto para reconocer que la difícil decisión de tener o ceder un hijo, le corresponde a ella, no al estado donde viva.
Dobbs no solo impacta el derecho al aborto, como vaticina el juez Thomas. Puede impactar decisiones íntimas como cambio de sexo, tratamientos hormonales, uso de contraceptivos, con quién y cómo amamos, cómo nos vestimos, entre otros.
Abona a la hipocresía de la mayoría de Tribunal Supremo su defensa del concebido no nacido, mientras defiende la pena de muerte y consagra casi como derecho absoluto el uso de armas incluyendo rifles de alta potencia, cuyo fin es matar. Si las guerras son terribles, grave es la venta de este tipo de arma sin restricciones y tolerarlas en espacios compartidos, lo que puede resultar en la muerte de personas nacidas e inocentes, como niños en escuelas, jóvenes en universidades y personas en parques, cines, gimnasios, supermercados o centros comerciales.
Sobre el ordenamiento legal, preocupan los fundamentos que el Tribunal utilizó en Dobbs y en otros casos, para sostener posturas retrógradas y conservadoras. La actual mayoría del Tribunal les resta valor a los precedentes. Se aferran al texto de una Constitución escrita en el Siglo 18, cuando la realidad social era totalmente distinta a la actual. Si bien es cierto que las decisiones, al igual que las leyes, pueden cambiar o ser derogadas, también es cierto que el estado de derecho o rule of law, es importante para la estabilidad y seguridad del sistema. No es democrático que cinco jueces no electos mantengan inestabilidad legal, sosteniendo o revocando precedentes de acuerdo con sus agendas políticas y religiosas.
En Puerto Rico, a los que piensan que Dobbs abre la puerta para mayor autonomía, les recuerdo que el Congreso, con poderes plenarios sobre los territorios, nos impuso una junta que no hemos elegido, pero que ha validado la actual mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos.