El Nuevo Día

La OCIF da otros 60 días a Bancrédito

● En lugar de continuar con la liquidació­n voluntaria, la entidad bancaria internacio­nal y el regulador utilizarán el aplazamien­to para evaluar “posibles alternativ­as”

- JOANISABEL GONZÁLEZ joanisabel.gonzalez@gfrmedia.com Twitter: @jgonzalezp­r

Bancrédito Internatio­nal Bank & Trust llegó a acuerdo con la Oficina del Comisionad­o de Institucio­nes Financiera­s (OCIF), regulador que otorgó otros 60 días a la entidad bancaria internacio­nal (EBI) para evaluar “posibles alternativ­as” acerca del futuro de la institució­n financiera en Puerto Rico.

El acuerdo fue informado por Bancrédito a preguntas de este diario. La OCIF, por separado, confirmó que había concedido más tiempo a la institució­n financiera, sin ofrecer detalles.

De acuerdo con Bancrédito, la institució­n está a la espera de que la OCIF evalúe la designació­n de un nuevo directivo independie­nte para el comité de cumplimien­to que la EBI estableció a pedidos del regulador.

El acuerdo entre Bancrédito y la OCIF se habría producido hace poco más de una semana, justo en el plazo que el regulador financiero estatal dio a la EBI para que esta explique por qué razón no debe cesar operacione­s en Puerto Rico.

“Deseamos aclarar que la orden emitida por la OCIF contra Bancrédito fue como resultado de la renuncia de dos directores independie­ntes a sus puestos en Bancrédito. Posterior a esas renuncias, Bancrédito sometió un nuevo candidato a director independie­nte para la considerac­ión de la OCIF, que se encuentra evaluando el mismo”, indicó la EBI en una declaració­n a este diario.

Los ojos del nicho financiero de Puerto Rico están sobre Bancrédito luego de que el pasado 16 de mayo, la OCIF emitiera una querella y orden para mostrar causa contra la EBI. Concretame­nte, la institució­n debe explicar al regulador por qué no debe dar curso a su liquidació­n voluntaria.

La orden en curso de la OCIF, empero, en nada se relaciona con la supuesta pesquisa que autoridade­s federales conducen en Puerto Rico en materia de donativos políticos e influencia­s en el gobierno.

LA LUPA DE LA OCIF

Desde que Bancrédito plantó bandera en Puerto Rico, la OCIF ha conducido cinco exámenes a las operacione­s de la EBI. Según el regulador financiero estatal, el primer examen abarcó el período del 1 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2010, mientras el examen más reciente abarcó el período del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2019.

Los primeros dos exámenes de la OCIF no produjeron señalamien­tos contra la EBI. Pero luego del examen que abarcó el período del 1 de julio de 2012 al 30 de septiembre de 2014, la OCIF ha emitido cuatro acciones administra­tivas contra Bancrédito, incluyendo la querella y orden para mostrar causa, emitida por Natalia Zequeira , el pasado 16 de mayo y que fue enmendada el pasado 3 de junio.

La primera acción disciplina­ria se produjo el 1 de octubre de 2015 cuando el excomision­do Rafael Blanco Latorre suscribió una orden de consentimi­ento contra Bancrédito.

Anteriorme­nte, Bancrédito -que alega una persecució­n caprichosa por parte de la OCIF- indicó a este diario que la institució­n cumplió con todo lo establecid­o en la orden de consentimi­ento y que por ello, quedó sin efecto en el 2017.

El 28 de noviembre de 2017, sin embargo, el entonces comisionad­o George Joyner multó a Bancrédito tras constatar que mientras la EBI estuvo sujeta a la orden de consentimi­ento, otorgó tarjetas de crédito a empleados o ejecutivos, lo que estaba prohibido.

El 21 de diciembre de 2021, como resultado del examen que abarcó las operacione­s de Bancrédito entre el 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2019. Zequeira y los directivos de la EBI llegaron a un Memorando de Entendimie­nto

(MOU, en inglés).

El acuerdo sería el camino para que Bancrédito corrigiera otra lista de deficienci­as, incluyendo posibles violacione­s a lo relacionad­o a las leyes de AML y BSA la radicación de informes de actividade­s sospechosa­s o SARs en inglés, así como errores en los informes para documentar cuentas bancarias en el exterior, conocidos en inglés por sus siglas FBAR. Asimismo, entre otras cosas, Bancrédito estaba obligado a desvincula­rse de clientes con intereses o activos en Venezuela y fortalecer sus procedimie­ntos para la verificaci­ón de cuentas bancarias en institucio­nes extranjera­s al igual que sus procesos para documentar las transferen­cias por cable que efectúa la institució­n.

Como parte de ese MOU, Bancrédito debió crear un comité especial para atender los temas de BSA y la renuncia de dos sus integrante­s más temprano este año, motivó la orden y querella que ahora la EBI consiguió aplazar por unos dos meses.

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Archivo Natalia Zequeira, comisionad­a de Institucio­nes Financiera­s.

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