Férreo consenso político para el control de armas
Los mensajes encontrados provenientes de las instituciones estadounidenses de mayor rango, en torno al acceso y a la posesión de armas de fuego, reflejan la urgencia de replantear las estrategias para encontrar soluciones reales a la proliferación de artefactos que son protagonistas recurrentes en las desgarradoras matanzas en escuelas, templos, centros comerciales y otros lugares públicos en Estados Unidos.
Por un lado, el Congreso ha dado un tímido paso de avance al aprobar legislación que añade restricciones a la venta de armas a menores de 21 años, entre otras disposiciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo federal revocó una ley del estado de Nueva York que limitaba la portación oculta de armas de fuego en espacios públicos.
Esta decisión judicial se escuda en una amplia interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución federal que, lamentablemente, como muy bien consignó en su opinión disidente el juez Stephen Breyer, dificulta a los gobiernos estatales poner en vigor iniciativas para proteger del descontrol de esos artefactos mortíferos.
Como instituciones gubernamentales, el Tribunal Supremo y el Congreso, tienen la alta responsabilidad de sentar las pautas para la convivencia armoniosa y segura. Ante la laxitud del Supremo federal en torno al control de las armas, es claro que la rama legislativa federal tiene que asumir sin rodeos el liderato que le corresponde como protector de la vida y la paz de las familias en los estados y territorios.
Las horrendas experiencias de tiroteos que han cobrado la vida de ciudadanos, muchos de ellos menores de edad, justifican establecer regulaciones más estrictas para la venta, la posesión, el manejo y la portación de las armas. Se trata de una responsabilidad crucial ante el racismo, el odio, condiciones de salud mental y otros factores asociados a las trágicas masacres en escuelas, iglesias, comercios y otros lugares públicos.
El clamor de miles de personas que se han manifestado a favor de mayor control de las armas en Estados Unidos, y los desgarradores testimonios de familiares de las víctimas y testigos, como los de la matanza en un comercio de Buffalo, Nueva York y una escuela de Uvalde, Texas, deben mover a producir legislación adicional que salve vidas.
Existe abundante evidencia refutadora de que tener fácil acceso a las armas disminuye la criminalidad. La documentación ha sido presentada a la Rama Legislativa a raíz de tragedias como la de la escuela Sandy Hook, en Connecticut, donde 26 estudiantes fueron asesinados, y en la secundaria de Parkland, en Florida, que tuvo un saldo de 17 muertos, en su mayoría adolescentes.
Tras cuatrienios de inacción legislativa, ha sido atinado que, mediante consenso entre demócratas y republicanos, se hayan incorporado enmiendas para afianzar las regulaciones de la venta de armas a menores de 21 años y para confiscar armas a personas no casadas, si han sido imputados de incurrir en actos de violencia doméstica. Es apropiada la asignación de fondos para reforzar la seguridad en las escuelas y ampliar programas de salud mental.
Es positivo también que el estatuto firmado el sábado por el presidente Joe Biden requiera indagar sobre el historial de compradores de armas que sean menores de 21 años. Consternación adicional surge del hecho de que varias masacres fueron perpetradas por jóvenes de 17 a 19 años que compraron con facilidad rifles de asalto y gran cantidad de municiones.
Urge edificar un consenso legislativo férreo para proteger del horror de las armas de fuego a toda una sociedad golpeada por la pérdida de menores y adultos en ataques perpetrados en lugares públicos. Es la vía lógica para crear un ambiente de seguridad y sosiego en todos los estados y territorios de Estados Unidos.