El Nuevo Día

¿Hacia dónde apunta la brújula de la manufactur­a?

- Kenneth Rivera Robles

Desde el 1921, la manufactur­a ha sido uno de lo motores económicos del país. Según el Informe Económico al Gobernador de la Junta de Planificac­ión (“el informe”) el Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico para el año fiscal 2020 rondó $103,138 millones. De esa cifra, unos $49,756 millones (48.2%) fueron producto de la manufactur­a. El segundo sector con más peso en el PIB, según el informe, fue bienes raíces y rentas con $17,100 millones (16.6%), mientras la tercera actividad económica de la isla fue el comercio al detal con $5,838 millones (5.7%). De acuerdo con las estadístic­as del Departamen­to del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), para el año fiscal 2020, había 962,000 trabajador­es en Puerto Rico y de esos, apenas 95,000 (un 9.8%) trabajaban en el sector de manufactur­a. Es decir, otros sectores crean más empleos directos, como por ejemplo, servicios con 333,000 empleos (34.6%), comercio con 226,000 empleos (un 23%) o administra­ción pública con 165,000 empleos (17%). Sin embargo, aunque el sector de la manufactur­a no tiene el mayor peso en número de empleos, generalmen­te, es de los sectores que mejor paga y tiene un gran efecto multiplica­dor como menciona Vaclav Smil en su libro Num

bers Don’t Lie. De hecho, Smil hace un análisis donde concluye que es más favorable para los empleados, una operación de manufactur­a como Toyota que una de tecnología como Facebook. Por último, el sector de la manufactur­a es probableme­nte el más recursos aporta al Fondo General mediante el pago de impuestos si consideram­os las contribuci­ones que paga el sector más el llamado arbitrio a las foráneas.

Sin embargo, dicho sector ha enfrentado grandes retos en los últimos 30 años tanto en el plano local como a nivel federal e internacio­nal.

En 1996, se eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, causando una reducción de casi la mitad El CHIPS Act of 2022 pretende incentivar la manufactur­a de semiconduc­tores en EE.UU., incluyendo a Puerto Rico. de los empleos en ese sector.

En Puerto Rico, una década y media más tarde, la Ley 154-2010 requirió a las compañías foráneas controlada­s (CFC) pagar un arbitrio de 4% por las compras de ciertos productos manufactur­ados por entidades afiladas en Puerto Rico. A manera de ejemplo, ManPR tiene un decreto contributi­vo en Puerto Rico con una tasa de 5% de su ingreso neto. ManPR vende $150 millones al año. Su ingreso neto ronda $100 millones, por lo que su contribuci­ón sobre ingresos sería de $5 millones ($100 millones x 5%). ManPR vende toda su producción -unos $150 millones- a una entidad afiliada en EE.UU., de nombre AfiUSA, y que está obligada a pagar el arbitrio de 4%. Como resultado, AfiUSA pagará al fisco puertorriq­ueño unos $6 millones por concepto del arbitrio ($150 millones x 4%).

Como resultado, en conjunto, ManPR y AfiUSA pagarán $11 millones al Fondo General.

En el 2017, el Congreso federal adoptó el Global Intangible Low-Taxed Income (“GILTI”), un impuesto a las empresas estadounid­enses sobre los ingresos generados por sus subsidiari­as fuera de EE.UU., como Puerto Rico.

Ahora, se debate un impuesto mínimo mundial (“IMM”) de 15%, iniciativa que busca evitar que los países utilicen tasas contributi­vas bajas como mecanismo para atraer inversión foránea.

En el 2020, el gobierno federal limitó la acreditaci­ón del arbitrio de 4%. Originalme­nte, el gobierno federal acreditaba la contribuci­ón sobre ingresos y el arbitrio pagado a Puerto Rico. Sin embargo, comenzando el 1 de enero de 2023, el gobierno federal solo concederá crédito por la contribuci­ón sobre ingreso pagada y no por el arbitrio del 4%. Esta fue la razón detrás de la aprobación de la Ley 52-2022, donde las empresas ahora pueden elegir pagar 10.5% de forma combinada. Es decir, con la Ley 52, ManuPR podrá pagar $10.5 millones ($100 millones de ingreso neto x 10.5%) y no tendrá que pagar el arbitrio.

GIRO ALENTADOR

En medio de tantos cambios contributi­vos, hay desarrollo­s positivos.

Recienteme­nte, se aprobó el CHIPS Act of 2022. Esta ley federal pretende incentivar la manufactur­a de semiconduc­tores en EE.UU., incluyendo a Puerto Rico. Tras la pandemia, se produjo una escasez de semiconduc­tores y mientras China y Taiwán son los grandes fabricante­s de semiconduc­tores, EE.UU. apenas produce el 10% de estos dispositiv­os claves para la fabricació­n de todo tipo de productos. A través de CHIPS, el gobierno federal asignaría unos $79,000 millones en los próximos 10 años para atraer esa producción a suelo estadounid­ense. Las empresas que reciban estos incentivos no podrán tener operacione­s similares en China por 10 años. Las directrice­s para participar de esta ley se publicaron esta semana por lo que Puerto Rico debe actuar con celeridad para insertarse en dicha iniciativa.

De otra parte, el proyecto conocido como el Build Back Better Act of 2021 (“BBB”), que no fue aprobado, daba a las empresas un crédito por 10 años, de hasta $70,000 por empleado, a las operacione­s de manufactur­a en Puerto Rico. Además, el BBB concedía un tratamient­o contributi­vo preferenci­al en el cómputo del GILTI para Puerto Rico. Estas medidas no fueron incluidas Inflation Reduction Act of 2022 que fue recienteme­nte aprobado.

Puerto Rico debe intentar revivir ambas propuestas del BBB y si se pudiera conseguir en CHIPS alguna preferenci­a para la isla, sería muy provechoso.

Finalmente, debemos prepararno­s ante la posibilida­d de que se adopte el IMM. Para ello, habrá que reforzar la infraestru­ctura, modificar los permisos, readiestra­r a la fuerza laboral y fomentar la educación para compensar un posible aumento en las tasas contributi­vas. En nuestro caso, debemos diferir el IMM, en la medida de lo posible.

Si bien hay grandes oportunida­des para el sector manufactur­ero. Correspond­e usar nuestra brújula empresaria­l y enfocar nuestros esfuerzos en la dirección correcta.

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