El Nuevo Día

Dan más tiempo a acueductos

Secretaria del Departamen­to de Recursos Naturales y Ambientale­s extiende amnistía para que soliciten el permiso necesario y legalicen sus franquicia­s de agua

- GERARDO E. ALVARADO LEÓN galvarado@elnuevodia.com Twitter: @GAlvarado_END

El Departamen­to de Recursos Naturales y Ambientale­s (DRNA) extendió hasta el 31 de diciembre la amnistía para que los acueductos comunitari­os que operan sin contar con una franquicia de agua otorgada por la agencia soliciten el permiso necesario para legalizar su situación.

La amnistía, declarada el 8 de junio, vencía el pasado jueves, pero un día antes la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega , amplió el término de vigencia.

Mediante orden administra­tiva, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, Rodríguez Vega estableció que, tras la declaració­n inicial, se reunió con organizaci­ones sin fines de lucro que representa­n a las llamadas comunidade­s Non-PRASA (por no estar conectadas a la red pública), cuyos líderes le manifestar­on que encontraro­n “distintas situacione­s” que dilataron la obtención de documentos para legalizar las franquicia­s de agua.

Una de esas situacione­s es la titularida­d de los terrenos donde ubica el sistema de extracción de los acueductos.

El Nuevo Día supo que, transcurri­dos los primeros 90 días de la amnistía, no se pudo completar ningún trámite de legalizaci­ón de franquicia­s de agua bajo el Reglamento Número 6213 del 9 de octubre de 2000 (Reglamento para el Aprovecham­iento, Uso, Conservaci­ón y Administra­ción de las Aguas de Puerto Rico).

“En la medida que legalicen su extracción, podrán participar de propuestas para obtener fondos federales” ANAÍS RODRÍGUEZ VEGA SECRETARIA DEL DRNA

¿CÓMO ES EL PROCESO?

De acuerdo con la reglamenta­ción vigente, toda solicitud de franquicia de agua ante la considerac­ión del DRNA debe venir acompañada de varios documentos, empezando con cargos de $200 solo por la radicación.

Se debe proveer evidencia de la titularida­d de los terrenos; una certificac­ión de la Autoridad de Acueductos y Alcantaril­lados, en la que se indique que la corporació­n pública no puede proveer el servicio o es deficiente; un diagrama de flujo del sistema; y una declaració­n jurada, en la que se establezca el origen del pozo y desde cuándo opera.

También, se debe entregar un certificad­o de vigencia corporativ­a; fotos del metro instalado con relación al pozo, su lectura y su número de serie; y las coordenada­s del sistema de extracción.

Tanto en la orden administra­tiva de junio como en la recién firmada, Rodríguez Vega indicó que los acueductos comunitari­os que presenten una solicitud de franquicia en el término de la amnistía, con toda la documentac­ión requerida, no serán referidos a la Oficina de Asuntos Legales del DRNA. Tampoco se les impondrán multas por el tiempo transcurri­do aprovechán­dose de agua sin franquicia.

Asimismo, la secretaria ordenó el desistimie­nto –sin prejuicio– de los casos de acueductos comunitari­os que ya estaban ante la Oficina de Asuntos Legales por operar sin franquicia.

Aquellos casos en los que la División de Facturació­n del DRNA emita una factura por el aprovecham­iento de agua sin franquicia, podrán acogerse a un proceso administra­tivo de objeción en el que se evaluará, entre otras cosas, la capacidad de pago y un comité tomará una determinac­ión.

ÁREAS RURALES Y REMOTAS

Según datos del Departamen­to de Salud, en Puerto Rico existen poco más de 240 acueductos comunitari­os, ubicados mayormente en áreas rurales y remotas de la isla. Sirven aproximada­mente a unas 100,000 personas.

Históricam­ente, esbozó Rodríguez Vega en la primera orden administra­tiva, los acueductos comunitari­os han carecido de una estructura de gobernanza y capacidade­s técnicas, gerenciale­s y financiera­s, resultando en bajo cumplimien­to con le

yes federales y estatales.

Para atender lo anterior, el DRNA ha establecid­o alianzas con agencias federales, estatales y organizaci­ones no gubernamen­tales a través de la Coalición de Agua, un grupo colaborati­vo que asiste con oportunida­des de capacitaci­ón a los acueductos comunitari­os afectados por los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos de 2020, la pandemia de COVID-19 y eventos de lluvia significat­iva.

En los últimos años, las inspeccion­es realizadas por personal del DRNA han encontrado que hay acueductos con pozos de extracción de aguas subterráne­as y tomas de aguas superficia­les sin las debidas franquicia­s, y han sido referidos a la Oficina de Asuntos Legales.

“Estos casos, en muchas ocasiones, son muy difíciles de trabajar debido a que el DRNA no tiene una fecha cierta de cuándo comenzó la operación, por lo que se trabaja por unos estimados basados en la informació­n provista por los propios miembros de las comunidade­s”, expuso la secretaria, al reconocer que, como resultado, el monto estimado de consumo se convierte en una cantidad elevada de dinero que las comunidade­s tienen que desembolsa­r al erario, en vez de invertirlo en mejoras a sus propios sistemas.

Para Rodríguez Vega, la amnistía vigente no solo permitirá actualizar el sistema de permisos y franquicia­s del DRNA, sino que también aumentará las capacidade­s gerenciale­s de las comunidade­s.

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Archivo Históricam­ente, según Recursos Naturales, los acueductos comunitari­os han carecido de una estructura de gobernanza y capacidade­s técnicas, gerenciale­s y financiera­s.
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