Justicia energética, norte de los puertorriqueños
El paso del huracán Fiona se quedará en nuestra memoria como un evento del que no sabíamos bien qué esperar y que trajo un sinnúmero de amargas sorpresas. En cuanto al sistema eléctrico, conocemos su fragilidad y sí, perdimos la electricidad sin conocer cuando regresaría.
¿Qué podemos hacer como pueblo ante la incertidumbre que vivimos con el sistema eléctrico?
Una de las respuestas es la Ley 17, junto con la participación de los múltiples sectores que comprenden nuestra sociedad. Cuando existe un país con una política pública energética de avanzada, el activismo de la ciudadanía, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro son fundamentales para apoyar un marco de acción que pretende generar bienestar social y económico para todos. Puerto Rico es ese lugar. Y si bien nuestro gobierno es la fuente desde donde emana el quehacer diario que implementa las políticas públicas que le son demandadas por ley, hay momentos en la historia de los países en el que nuestros funcionarios electos necesitan escuchar la voz unida de un pueblo que apoya su transformación y un cambio de espíritu sobre un tema que ocupa el primer lugar en la mente y en la vida cotidiana de todos: la energía.
La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, Ley 17 del 2019, pretende “crear los parámetros que guiarán a un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todas las clases de consumidores”. Esta abarcadora ley impulsa que se planifique, reglamente y opere el sistema eléctrico desde un nuevo paradigma dramáticamente distinto al actual, que comprenda la integración de nuevas tecnologías, introduzca nuevas fuentes de energía renovable, lograr que se reduzca el uso de combustibles fósiles hasta eliminarlos, impulse la creación de microrredes, la eficiencia energética y las tecnologías de almacenamiento. Tenemos ante nosotros una ley grande y debemos acompañarla con cambios igual de importantes a la hora de tomar decisiones para crear la nueva red eléctrica que Puerto Rico necesita urgentemente.
Con esto en mente y con el gran reto que nos presenta el panorama actual para el acceso consistente y accesible al servicio de energía eléctrica, es un buen momento para hacernos sentir. Nuestro gobierno tiene la tarea urgente de compaginar los fondos disponibles con la política pública que está obligado a seguir.
En Justicia Energética Puerto Rico hemos iniciado con éxito una serie de reuniones dirigidas a crear activismo social y espacios de reflexión para apoyar la aceleración de la implementación de la Ley 17. Como corporación sin fines de lucro estamos comprometidos con apoyar la implementación de una política pública energética que mejore las condiciones de vida de los puertorriqueños. Luego de varias reuniones con fundaciones sin fines de lucro, el sector privado y estudiantes de la Universidad Interamericana, entidad educativa aliada, hemos podido constatar que hay sed de unificar esfuerzos, de salir adelante. Ante las múltiples crisis energéticas que vivimos y las que se avecinan, vemos con esperanza el ambiente de unidad y voluntad común presente en ámbitos distintos de la sociedad.
Pero este espíritu de cambio no se quedará solo en la sed del momento. Hay ganas de hacer en favor de una red energética confiable. En nuestro quehacer como institución lo vemos todos los días. El camino hacia un cambio que sea proporcional a los retos vividos estará hecho por todos nosotros. Mantengamos la esperanza, pero convirtamos esa fuerza en acción y activismo social.
En Justicia Energética Puerto Rico hemos iniciado con éxito una serie de reuniones dirigidas a crear activismo social y espacios de reflexión para apoyar la aceleración de la implementación de la Ley 17”