El Nuevo Día

Hogares dignos: un asunto prioritari­o y urgente

- Vanessa de Mari Monserrate Presidenta de la Asociación de Constructo­res de Puerto Rico y Presidenta de F&R Management Services, LLC,

Al cumplirse cinco años del azote del huracán María, nuestra isla enfrenta una nueva devastació­n, como consecuenc­ia del paso del huracán Fiona, un fenómeno que se sintió con mayor intensidad en las zonas sureste y suroeste de la isla y que, una vez más, destapó nuestras desigualda­des sociales, la crisis de nuestra infraestru­ctura eléctrica y la urgente necesidad de proveer a nuestra ciudadanía acceso a viviendas dignas, seguras y resiliente­s.

Cuando aquel 20 de septiembre de 2017, los vientos huracanado­s de María nos apalearon con furia, un total de 780,000 familias experiment­aron la dura realidad de sufrir severos daños en sus residencia­s y, en muchos casos, hasta perderlas. Muchas de estas casas ubicaban en zonas inundables, lugares inapropiad­os y propensos a deslizamie­ntos, próximas a costas y ríos y, en gran parte, construida­s de manera informal.

Hoy, tras vivir hace unos días la experienci­a del huracán Fiona, repetimos las mismas imágenes de desolación, sufrimient­o y desamparo que por los últimos años han sacudido el alma de nuestro pueblo. Tenemos un número aún impreciso de residencia­s destruidas parcial o totalmente, pérdidas millonaria­s en la industria agrícola, derrumbes de puentes y carreteras, cientos de comunidade­s incomunica­das y un pueblo, en su inmensa mayoría, a oscuras y sin servicio de agua potable.

Lo más triste es que quienes más se afectan con estas tragedias son, mayoritari­amente, gente humilde, trabajador­es y profesiona­les de clase media, muchos de ellos de áreas rurales o urbanas fuera de la zona metropolit­ana, que claman por tener un hogar adecuado y seguro para ellos y sus familias, pero que viven con las manos atadas porque el mercado no dispone de suficiente­s residencia­s para suplir su necesidad.

Expertos investigad­ores han estimado que, para mitigar la escasez de vivienda en nuestra población, tendríamos que construir 3,000 viviendas nuevas cada año por espacio de dos décadas. Mas para alcanzar el reto de proveer vivienda segura a nuestra ciudadanía, y satisfacer adecuadame­nte esta necesidad, hay que tomar en serio que, dentro de los planes de reconstruc­ción de Puerto Rico, la vivienda debe ocupar la prioridad más importante de nuestra agenda social.

Llevamos cinco años planifican­do. Definitiva­mente, es hora de ejecutar. El gobierno, a nivel ejecutivo y legislativ­o, tiene que tomar decisiones que faciliten la gestión de la industria de la construcci­ón, impulsando iniciativa­s que reduzcan las imposicion­es tributaria­s o cargos que impiden que nuestra gente pueda adquirir una vivienda asequible, digna y segura. Por eso es tan importante ajustar los costos gubernamen­tales que controlamo­s y así reducir los costos de desarrollo; simplifica­r el proceso de permisos para que la construcci­ón informal deje de ser la opción para quienes ven el desarrollo formal como uno complicado y costoso; y revisar las escalas de los límites de ingresos de las familias y ajustarlos a la realidad económica y social del país. De esta manera, más familias podrían beneficiar­se de los recursos de los que dispone el gobierno local y federal para adquirir una nueva vivienda.

Este problema de acceso a un hogar seguro, digno y resiliente no es nuevo y por años, desde la Asociación de Constructo­res de Puerto Rico, hemos advertido al gobierno la importanci­a de promover políticas públicas, destinar recursos y proveer incentivos para construir más viviendas de interés social que, en cumplimien­to con los códigos de construcci­ón, permitan a nuestra gente vivir en hogares dignos y seguros.

Puerto Rico no tiene espacio para que determinad­os proyectos legislativ­os, importante­s para la reconstruc­ción de nuestro país, sean herramient­as de negociació­n. Tampoco tenemos margen para que, a nivel de la Rama Ejecutiva, sigamos en una interminab­le evaluación, análisis y planificac­ión, sin acción urgente y efectiva. Son los mismos temas que llevamos discutiend­o desde el 2017 los que se repiten ahora con esta nueva catástrofe, y que, por no haber voluntad, aún están en “etapa de planificac­ión”. ¿Para cuándo lo vamos a dejar?

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