Huracán judicial sobre la AEE
La jueza Laura Taylor Swain podría decidir esta semana la suerte de la corporación pública y, con ella, la estabilidad de 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses y la economía de Puerto Rico
La jueza Laura Taylor Swain podría decidir, este miércoles, la suerte que correrá la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y con ella, la economía de Puerto Rico y su gente, poco más de una semana después que la isla quedó a oscuras por el paso del huracán Fiona.
En una vista pautada para el 28 de septiembre, la jueza Swain analizará, a petición de los bonistas, si conviene o no que continúe activo el Título III de la ley federal Promesa. Ese es el escudo legal que, durante cinco años, ha protegido a la AEE de acciones de cobro, demandas y de alzas mandatorias en la factura de la luz para pagar a bonistas y que se sumarían al ajuste por cambios en el precio del crudo.
La jueza que ha presidido el proceso de quiebra del territorio puertorriqueño también tendrá que analizar, como le ha pedido la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), si conviene o no que Puerto Rico agregue a su factura de abogados y asesores de la quiebra -que superaba $1,217 millones a julio pasado- otras decenas de millones de dólares. Ello para determinar si la deuda pública de la AEE se estructuró adecuadamente y si los bonistas tienen derecho a cobrar su parte de los ingresos brutos que recibe la corporación pública, vis a vis los derechos de los trabajadores, pensionados y suplidores y contratistas de la utilidad pública.
Además, Swain tendrá que sopesar si lo adecuado es nombrar un síndico en la AEE, como han suplicado por años el grupo organizado de bonistas (Ad Hoc-AEE) y las aseguradoras municipales National Public Finance Guarantee, Assured Guaranty y Syncora Guarantee.
Sobre todo, luego de que hace una semana, la JSF abandonó las negociaciones sin un acuerdo definitivo, Swain tiene ante su consideración un pedido de los jueces mediadores de la AEE para regresar a la mesa e intentar encontrar una solución.
Como si se tratase de una especie de huracán judicial, todos esos escenarios –y decenas de páginas de argumentos que les sustentan- cobraron vida en los pasados siete días en el expediente del Título III de la AEE.
En cierto modo, la disputa que se libra a nivel judicial es otra vertiente de las pujas que hoy mantienen a seis de cada 10 abonados de la AEE a oscuras, según el sitio PowerOutage.us y LUMA Energy.
Se trata, como mínimo, de dos décadas de pugnas en torno a mantener un modelo de gestión pública o dar paso a entidades privadas -como LUMA-, o en vez ampliar el uso de la energía renovable o mantener a 3.2 millones de estadounidenses atados al crudo y el gas natural, suministros que Puerto Rico no posee o controla.
Empero, cuando el próximo miércoles se llame el caso de la AEE en el tribunal federal de Hato Rey y Swain pronuncie su acostumbrado “Buenos días”, la jueza presidirá la audiencia general del mes de septiembre, teniendo como telón de fondo, el paisaje que ha dejado Fiona.
Por espacio de 60 horas, Fiona enrojeció los ríos y quebradas de la isla con sobre 30 pulgadas de lluvia en algunos municipios, según el Servicio Nacional de Meteorología.
A medida que se entendía el desastre, salían a la luz cientos de relatos sobrehumanos: una mujer que se abrazó por horas a un árbol para no ser arrastrada por las corrientes o dos ancianos en el sector capitalino de Villa Palmeras, se teoriza que calcinados por la vela que les alumbraba.
La falta de un suministro esencial se agrava por ausencia de información detallada en torno a la reparación de la red y alguna proyección acerca de cuándo el sistema se restablecería en su totalidad. El operador eléctrico y el gobierno que le contrató, pagándole unos $115 millones al año, no precisan dónde están sus 660 brigadas, integradas por 2,000 trabajadores, qué partes específicas del sistema sufrieron daños, ni tampoco proveen alguna proyección acerca de cuándo el sistema se restablecería en su totalidad.
Mientras, todo eso sucedía, los abogados de las partes –algunos de estos son compensados con los impuestos que pagan los puertorriqueños- pedían a Swain poner fin a una saga de ocho años, que incluyó la negociación de tres acuerdos de reestructuración (RSA, en inglés) rechazados.
EL FRACASO DE LAS NEGOCIACIONES
Luego de “cientos de horas” de discusiones a lo largo de cinco meses, período que incluyó una sesión de mediación presencial el pasado 13 de septiembre, las negociaciones llegaron a su fin tres días después. En esa reunión presencial, según documentos en el tribunal, participaron el presidente de la JSF, David
Skeel , sus homólogos, y el secretario de Estado, Omar Marrero, empleados, consultores, abogados y ejecutivos del organismo fiscal y el gobierno, así como asesores y ejecutivos de las firmas de inversiones que poseen la mayor parte de la deuda de la AEE.
“La capacidad de la AEE para aumentar las tarifas está limitada por la realidad económica; la calidad, confiabilidad y el costo de la energía son motor clave del crecimiento económico, nuevas inversiones y retención de la demanda eléctrica que provee la AEE”, indicó la JSF en la madrugada del sábado, 17 de septiembre, al explicar por qué las negociaciones no podían continuar adelante.
La decisión de la JSF fue dividida, pues algunos de los directivos –entre ellos, el estratega de comunicaciones, Justin Peterson- solicitaron continuar en la mesa de negociación.
Acto seguido, se produjo una avalancha de mociones de bonistas, aseguradoras municipales, la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés). De inmediato, aunque se expresó solidaria con Puerto Rico, Swain estableció el proceso para dirimir la controversia en la audiencia programada para el pasado 21 de septiembre. Empero, tras las súplicas del abogado Rolando
Emmanuelli , quien alertó a Swain de lo que sucedía a medida que Fiona azotaba a Puerto Rico, la jueza aplazó la audiencia una semana.
UN NUEVO INTENTO
Mientras en Puerto Rico, el gobierno echaba a andar su plan de respuesta y, desde Washington, el presidente Joe Biden emitía una declaración de desastre para la isla, los jueces Shelley C. Chapman, Brendan L.
Shannon y Robert D. Drain, parecían tratar su versión de un salvavidas negociado para la isla.
“El Equipo de Mediación lamenta no haber alcanzado el éxito, pero habiéndose relacionado mejor con los retos que la AEE enfrenta, las metas de la JSF y las metas de los acreedores y los méritos de un litigio inminente, el Equipo de Mediación permanece convencido de que un acuerdo puede alcanzarse y por mucho, es más preferible que los meses de litigio que se avecinan”, escribieron los jueces, al plantear que dar curso a un litigio para resolver las controversias es un camino “peligroso, penoso, costoso e incierto”.
En esta ocasión, los jueces mediadores, quie
nes tienen por asesor a Moelis & Company, sugirieron presentar informes acerca de las negociaciones. Tales reportes incluirían recomendaciones a Swain para detener los litigios pendientes y requerir a las partes en la mesa de negociación mayor transparencia en torno a los análisis económicos y proyecciones que utilizan para determinar cuánto y cómo deben pagarse los cerca de $9,000 millones en acreencias que mantiene la AEE.
La postura del Equipo de Mediación parece ser cónsona con la JSF, el Ad Hoc-AEE y las aseguradoras municipales.
En su moción, el Ad Hoc-AEE y las aseguradoras municipales favorecieron regresar a la mesa de negociación, al tiempo que apoyaron litigar las controversias en derecho. Pero, a su vez, los bonistas solicitaron la JSF que prepare un Plan de Ajuste (PDA) para la AEE en un plazo de nueve meses con diversos escenarios o “Toogle Plan”.
La Utier y el SRAEE le salieron al paso al Equipo de Mediación.
“El proceso de mediación ha fallado”, indicaron el sindicato y el plan de pensiones a Swain. “Continuar la mediación duplicará costos y esfuerzos para todas las partes sin sopesar beneficios potenciales”.
PROPUESTA DESASTROSA
“El (UCC) se siente aliviado de que la JSF haya decidido continuar adelante con los litigios”, sostuvo el abogado Luc A. Despins, al plantear que continuar en la mesa de negociación solo perjudicará a la isla.
En síntesis, según los documentos divulgados por el gobierno, los bonistas y las firmas dueñas de las líneas de compra de combustible de la AEE cobrarían -por vías distintas- prácticamente una suma similar a lo adeudado por la corporación pública, o incluso, una prima.
Por ejemplo, como parte de las propuestas en la mesa, para pagar las líneas de crédito de combustible ( fuel lenders), cuyos dueños recuperarían el 95% de lo prestado, la AEE o una entidad sucesora tendría que emitir nuevos bonos y a su vez, emitir –al igual que sucedió en el gobierno central- un Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés).
Los bonos que recibirían los fuel lenders y el CVI, a 35 años, saldrían de un “cargo de transición” en la factura de los abonados. Este rondaría unos 0.44 centavos kilovatio hora (kvh).
Pero, a su vez, los fondos de inversión y las aseguradoras municipales dueñas de los bonos de la AEE proponen recuperar entre 60 y 70 centavos de dólar.
Para ello, se propuso “un cargo de conectividad” en la factura de los abonados comparable, en promedio, con unos $23 al mes, que permanecería vigente por 50 años y aumentaría según la inflación. De entrada, solo pagar a los bonistas, implicaría, de un porrazo, un aumento de 3.54 centavos por kilovatio hora (kvh), incluyendo una contingencia.
Además de dicha recuperación, los bonistas también recibirían un CVI que igualmente saldrá de los ingresos en exceso que genere la AEE.
Y en esas propuestas, todavía no se incluyen las pensiones de la AEE y los contratistas o suplidores de la corporación pública.
Tal vez, por ello, al anunciar el fin de las negociaciones, la JSF explicó al tribunal que Puerto Rico no tendría cómo pagar tales compromisos, a medida que más clientes agobiados por los altos precios de la electricidad abandonen la isla o recurran a la energía renovable.
“Cada una de esas propuestas habría creado un desastre para la AEE, los abonados y la economía de Puerto Rico”, señaló el UCC, al insistir en que los bonistas no poseen las garantías o derechos que dicen tener.