El fenómeno es natural, pero el desastre es político
Cuentan las antiguas leyendas griegas sobre una bestia marítima llamada Caribdis, la cual devoraba las embarcaciones que frecuentaban las aguas entre Calabria y Sicilia. Tanta fue la reputación de esta bestia mítica, evidenciada por los testimonios de náufragos, que los navegantes del mediterráneo insistieron en dar vueltas largas y costosas con tal de evitar ese espacio conocido como el estrecho de Messina. No sería hasta los mediados del siglo XIX que varios científicos explicarían a Caribdis no como un monstruo, sino como un fenómeno natural de torbellino marítimo causado por el intercambio de corrientes entre el Mar Tirreno y el Jónico. No obstante, esta alteración nominal no detuvo los desastres provocados por el descuido de aquellos que navegarían el riesgo de estas aguas ignorando la vulnerabilidad de sus embarcaciones como si Caribdis no existiera.
A pesar de que poseemos un gran entendimiento científico de los fenómenos naturales, que nos permite abandonar mitologías, generalmente erramos en suponer que la naturalidad implica una ausencia de culpa humana al manifestarse la calamidad “natural”. En esto, propongo que hemos de diferenciar el “fenómeno” del “desastre”, siendo esta última palabra más indicativa de negligencias políticas que de problemas naturales. A pesar de que existan riesgos e impactos incontrolables a cada ocurrencia natural, la vulnerabilidad socioeconómica y política de los que sufren el fenómeno es el factor determinante tras la magnitud del desastre que sobrevive al fenómeno. Yendo al caso de Puerto Rico, esta vulnerabilidad poblacional posee orígenes políticos.
Primero, el acercamiento gubernamental reaccionario en vez de preventivo al fenómeno, explicado por el interés político de reaccionar y tapar un problema a corto plazo como mejor estrategia para obtener votos que enfocarse en prevención, propuesta que tiende a carecer de ganancias electorales. Este factor se empeora a la luz de la crisis económica (cuyos orígenes son políticos), que afecta la capacidad de tanto gobierno como constituyente para reaccionar efectivamente al fenómeno natural, por falta de recursos o voluntad de usarlos para fines de recuperación o resiliencia.
La falta de recursos es empeorada por otro problema que es la falta de acceso a la información oportuna, la cual limita el marco de acción preparatoria del individuo, y exacerba el pánico que es conductivo a los taponamientos en las líneas de suministros del país. A todo esto contribuye la corrupción, que lleva a desatender las necesidades de los constituyentes a favor de los que controlan la agenda estatal, extrayendo y desviando muchos de los bienes y servicios esenciales para la prevención y reacción oportuna al fenómeno natural, hacia la conveniencia de unos pocos.
El desastre vivido posterior a los huracanes y terremotos de los pasados años es político en su naturaleza, ya que, si bien el gobierno no está en control del surgimiento del fenómeno natural, sí posee una obligación de evaluar tanto riesgos como vulnerabilidad para planificar nuestra respuesta al mismo. Es imperativa esta diferenciación conceptual ya que sirve como detente a la normalización de negligencias mortales. Aceptar a Caribdis no es opción válida para embarcaciones y navegantes vulnerables.
“El desastre vivido es político, ya que, si bien el gobierno no controla el fenómeno natural, sí tiene la obligación de evaluar riesgos y planificar una respuesta”