Una controversia en “tiempo real”
El huracán Fiona revivió el debate sobre las limitaciones que impone la Ley Jones de 1920 para el transporte de productos
WASHINGTON.- Una ley del 1 de enero de 2021 ha complicado el camino para obtener exenciones en las normas federales de cabotaje, cuyas limitaciones para el transporte de productos a Puerto Rico han vuelto a generar controversias en medio de un desastre natural.
La ley incluyó un lenguaje –que muchos desconocían– que busca impedir que el presidente de Estados Unidos pueda otorgar dispensas abarcadoras a largo plazo aún en medio de una emergencia, según ha interpretado la administración de Joe Biden .
El estatuto viene a enmarañar lo que ya ha sido un escenario negativo en Washington para los que sostienen que la Ley Jones de 1920 impone restricciones irrazonables, sobre todo, para el transporte de productos de emergencia, como el combustible o asistencia humanitaria.
La ley proteccionista de hace un siglo exige el uso de barcos de matrícula, bandera, propiedad (75%) y tripulación (75%) estadounidenses entre puertos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, con excepción de las Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte.
Aunque siempre ha habido excepciones, la Ley de Autorización de Gastos de Defensa (NDAA, en inglés) del año fiscal 2021 –que se convirtió en ley el 1 de enero de ese año, justo antes del inicio de una nueva sesión del Congreso– exige además al secretario de Defensa, en el caso de dispensas relacionadas con el Pentágono, explicar a los comités a cargo de asuntos militares y transportación marítima, por escrito, que el otorgamiento de una dispensa es necesario para la defensa nacional y que no aprobarla tendría “un efecto adverso en las operaciones militares”.
Las enmiendas incluidas en la ley NDAA del año fiscal 2021 se pusieron a prueba con Puerto Rico tras el huracán Fiona, cuando el gobierno de Biden recibió una petición de dispensa de la empresa British Petroleum para que se permitiera al barco tanquero GH-Parks, de bandera de las Islas Marshall y que zarpó sin la dispensa federal desde un puerto de Texas, pudiera desembarcar 300,000 barriles de diésel, que el mismo gobernador Pedro Pierluisi, más adelante, reconoció eran necesarios para asegurar la energización por generadores de infraestructura clave, como hospitales.
Independientemente, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) encabezó una carta, junto a siete de sus colegas, para reclamar una exención general para Puerto Rico durante 12 meses, como respuesta al huracán Fiona. Pierluisi, después, pidió al presidente Biden una dispensa para el transporte de combustible durante la emergencia.
Una semana luego de ser solicitada por la empresa, el gobierno de Biden concedió la exención al barco de las Islas Marshall.
La interpretación del gobierno de Biden, según el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, es que, sin demostrar “un efecto adverso inmediato en las operaciones militares”, el Congreso “eliminó la autoridad del gobierno federal para emitir exenciones abarcadoras a largo plazo”. Solo pueden otorgarlas, según Seguridad Interna, caso por caso, lo que significa barco por barco.
Las enmiendas de 2021 indican que las exenciones se limitarán a 10 días, aunque se pueden extender a 45 días.
“Cuando los buques con bandera de Estados Unidos no están disponibles para cumplir con los requisitos de defensa nacional, el Departamento de Seguridad Interna puede otorgar una exención a la Ley Jones si los envíos propuestos son de interés para la defensa nacional y luego de una evaluación cuidadosa del problema”, indicó Seguridad Interna.
Colin Grabow, experto del grupo de estudio Instituto Cato, de tendencia libertaria, dijo que a la exención otorgada exclusivamente para el barco de bandera de las Islas Marshall, que trajo 300,000 barriles de diésel al puerto de Peñuelas, le faltó argumentar por qué la falta de suministro de combustible durante una emergencia provocada por un desastre natural debe ser una base para invocar una suspensión de las normas de cabotaje.
“No soy abogado, pero mi lectura de la ley NDAA (de 2021) es que los cambios solo aplican a exenciones solicitadas por el secretario de Defensa”, dijo Grabow, quien describió la controversia sobre el barco GH Parks como “el daño de la Ley Jones en tiempo real”.
En septiembre de 2017, tras el huracán María, el presidente Donald Trump concedió una exención de 10 días que fue
utilizada por 12 barcos.
En un informe de política pública, David
Vasquez , del grupo de estudio conservador America First Policy Institute (AFPI), favoreció una exención temporal para facilitar el transporte a Puerto Rico de “combustible y asistencia humanitaria”, en momentos de emergencia.
En medio de la controversia sobre la isla, otro grupo conservador, Americans for Prosperity (AFP), abogó por derogar las normas de cabotaje. “Una vez más, la Ley Jones impide que el mercado haga coincidir la oferta con la demanda para satisfacer necesidades humanas apremiantes”, dijo Dan Pearson, experto de AFP.
Por su parte, el Grassroot Institute de Hawái criticó que Seguridad Interna no haya otorgado una exención general para Puerto Rico durante la actual emergencia. “La exención debe ampliarse para aplicarse a todos los barcos y extenderse por, al menos, un año para ser suficientemente eficaz”, indicó el presidente de esa organización pro libre comercio, Keli’i Akina.
Si la ley NDAA, como sostiene Seguridad Interna, impuso nuevas restricciones a exenciones no militares, tratar de aprobar una nueva legislación que anule esos requisitos es tremendamente cuesta arriba.
El mayor problema es cómo conseguir ahora 10 votos en el Senado –dividido 50 a 50–, según la congresista Velázquez, quien acaba de presentar junto al senador republicano Mike Lee (Utah) un proyecto que busca crear por ley una excepción general para Puerto Rico mientras dure la emergencia provocada por Fiona.
Lee y el congresista republicano Tom
McClintock (California) tienen presentada legislación a favor de eliminar las leyes de cabotaje. Ninguna tiene coauspiciador.
El senador republicano Marco Rubio (Florida) ha favorecido exenciones temporales en casos de desastres naturales, como hizo después del huracán Fiona en Puerto Rico.
Pero, en el Congreso, la Ley Jones de 1920 no solo es favorita de los republicanos que suelen ser aliados de la industria marítima, sino también de los demócratas que defienden a los sindicatos. Más aún, el inquilino de la Casa Blanca –nada más llegar a la presidencia en 2021– reafirmó su compromiso con ese estatuto.
“Tenemos pendiente una reunión con FEMA”, sostuvo Velázquez.
Nannette Barragán, congresista demócrata por California que estuvo el pasado fin de semana en Puerto Rico junto a miembros de un subcomité de Seguridad Interna al que pertenece, favorece que las exenciones se concedan barco por barco.
“El sistema que tenemos, de ir caso a caso, es el sistema que respaldo. No creo que otorgar exenciones generales sea una buena idea, sino esa provisión no estaría ahí. Pero, estoy dispuesta a considerar casos en que barcos estadounidenses no puedan ser utilizados”, dijo Barragán a El
Nuevo Día.
Insistió en que, cuando estuvo en Puerto Rico, el gobernador Pierluisi no trajo el tema de una dispensa general. “Estuve sobre el terreno con el gobernador y ni una sola vez me dijo que (la) necesitaba”, señaló la legisladora federal demócrata.
El gobernador Pierluisi, sin embargo, mantiene su posición de que debe haber una exención general para el transporte de combustible, según su representante en Washington, la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Carmen Feliciano.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con los republicanos, ha defendido la vigencia de las normas de cabotaje, aunque sostiene que no se opone a exenciones de emergencia para el transporte de combustible. “La gran mayoría del combustible que consume Puerto Rico proviene fuera de los Estados Unidos, por lo cual es transportado en barcos con bandera extranjera, desde puertos extranjeros. Por lo cual no le aplica la Ley Jones y una dispensa no cambiaría en nada la forma en que se transporta el combustible”, sostuvo González el pasado martes.
Feliciano indicó que, una vez descargue los 300,000 barriles de diésel el barco de las Islas Marshall y arribe este fin de semana otra embarcación estadounidense con ese tipo de combustible, “debemos estar bien”.
La Asociación de la Industria Marítima de EE.UU. – que en enero de 2021 aplaudió las enmiendas a NDAA– expresó su decepción con la decisión de la administración Biden de conceder una dispensa al barco de bandera de las Islas Marshall, la cual consideran contraria a la ley.
En una carta enviada al secretario Mayorkas inmediatamente después de otorgar la exención al barco de las Islas Marshall, el presidente de la organización empresarial, Ku’uhaku Park, afirmó que la dispensa colocaba a trabajadores y compañías extranjeras por encima de los estadounidenses.
Park sostuvo que la determinación del gobierno de Biden sienta un mal precedente, por otorgarse después de que el barco estaba en camino hacia Puerto Rico, y no haber podido ocurrir una evaluación para conocer si había o no una embarcación estadounidense disponible.
“Su declaración pública sobre la exención implica que no había embarcaciones estadounidenses disponibles, cuando nuestros miembros nos advierten que no es verdad”, agregó Park en su carta a Mayorkas del 29 de septiembre, que no menciona el requisito de demostrar un daño a las operaciones militares.
Por años, ha habido consenso entre las autoridades y políticos de Puerto Rico en favor de una exención en las normas de cabotaje.
Un ejemplo: a mediados de la década de 1990, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una resolución del independentista David Noriega en favor de la exención de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Otro: el ahora gobernador Pierluisi, como comisionado residente, impulsó legislación en 2013 para eximir a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje en torno al transporte de fuentes de energía, productos agrícolas y carga a granel.
Cuando la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó la resolución de Noriega, los tres congresistas boricuas de entonces – Luis Gutiérrez, José Serrano y Velázquez– propusieron en marzo de 1996 legislación para eximir a la isla de las normas de cabotaje.
Ningún otro legislador federal la respaldo, ni siquiera el entonces comisionado residente de Puerto Rico en Washington,
Carlos Romero Barceló.
“Una vez más, la Ley Jones impide que el mercado haga coincidir la oferta con la demanda para satisfacer necesidades humanas apremiantes”
DAVID PEARSON
EXPERTO DE AMERICANS FOR PROSPERITY
“La exención implica que no había embarcaciones estadounidenses disponibles, cuando nos advierten que no es verdad”
KU’UHAKU PARK
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA MARÍTIMA DE EE.UU.