El gobierno confía en mantener a flote las finanzas de la UPR
● Apuestan a la disciplina fiscal y a refinanciar la deuda, proceso que permanece “en suspenso” por un acuerdo entre los y el centro docente
El gobierno confía en que la aplicación de disciplina económica y la reestructuración de la deuda de la Universidad de Puerto Rico (UPR) serán medidas suficientes para evitar el colapso del primer centro docente del país, que para el año fiscal 2020 acumuló un déficit de $2,400 millones, de acuerdo con el Estado Financiero Consolidado Auditado (CAFR, en inglés) para dicho año fiscal.
“Yo creo que ese es el próximo paso y el gran reto de este cuatrienio, lograr ya con la renegociación de la deuda (...) reducir esas obligaciones que se van convirtiendo en corriente, a medida que van pasando los años en cuanto al servicio a la deuda, de manera tal, que esos balances cambien de negativo a positivo. Cosa que va a ocurrir en el estado financiero del 2022 y, subsiguientemente, con el Fondo General”, dijo el jefe de Hacienda, Francisco Parés.
“Creo que disciplina y renegociación de las obligaciones es la receta perfecta para lograr una sana administración fiscal”, abundó el secretario.
Sus expresiones se produjeron luego de una reunión que tuviera ayer el gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza con todo su equipo fiscal. En el cónclave también participaron el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco. El tema principal discutido en la reunión fue la presentación del CAFR para el año fiscal 2020.
Marrero dijo que el proceso que se debe llevar a cabo con la UPR es el mismo que se siguió con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
La Aafaf indicó, en declaraciones escritas, que “el proceso de renegociación (de la deuda de la UPR) está en suspenso (“abeyance”) bajo un acuerdo (“standstill agreement”) entre el gobierno y los acreedores. No obstante, bajo el acuerdo actual, la UPR continúa pagando tanto principal como intereses por concepto de servicio a la deuda”.
Este medio solicitó una entrevista con algún funcionario de la UPR, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El CAFR para el año fiscal 2020, presentado tres años después de que el gobierno de Puerto Rico se acogiera a la quiebra, reflejó un aumento en el déficit acumulado del gobierno y las actividades de corte empresarial que llevan a cabo las corporaciones públicas.
El CAFR 2020 reflejó que el déficit acumulado del gobierno ascendió a $59,808 millones. El secretario de Hacienda precisó que el aumento en el déficit para ese año fue de $500 millones, particularmente, por causa de la pandemia.
“Si me preguntan, en términos generales, qué lecciones se deben aprender de estos estados financieros, es que las unidades componentes del gobierno de Puerto Rico deben seguir la disciplina que se ha seguido con el Fondo General. Que básicamente se circunscriban a un presupuesto certificado”, dijo Parés.
Adelantó que, para el 1 de enero del 2023, entregará el informe financiero correspondiente al año fiscal 2021 y, para el 30 de junio, harán lo propio con el que corresponde al año fiscal 2022.
“Anticipo que, para el año 2021, vamos a tener un estado financiero que refleje un progreso significativo. Los ingresos, en aquel momento, aumentaron dramáticamente”, afirmó Parés, quien ayer recibió la respuesta afirmativa de la Junta de Supervisión Fiscal para extender hasta el 13 de octubre la exención al Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) sobre alimentos procesados.
EL FONDO DE EMERGENCIA
A preguntas de la prensa, el secretario de Hacienda reveló que se han utilizado cerca de $100 millones del Fondo de Emergencia para responder a los estragos causados por Fiona. Antes de la llegada del fenómeno atmosférico, el gobierno tenía en ese fondo $554 millones y le quedan $464 millones. “Ese es el ‘cash’ en la cuenta”, dijo el secretario.
Marrero dijo que anualmente, el Estado debe ingresar al Fondo de Emergencia unos $130 millones con el fin de que, al cabo de 10 años, esa alcancía tenga unos $1,300 millones.
Todo dinero usado, sin embargo, debe ser respuesto, recalcó Blanco.
“El proceso ahora mismo para utilizar la reserva de emergencia requiere un análisis de cada una de las cosas que se va a estar solicitando, cuál va a ser la posible fuente de reemplazar ese dinero”, dijo.
Agregó que el dinero usado del fondo para atender la emergencia ocasionada por Fiona se pretende sustituir con reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).