El Nuevo Día

Justicia restaurati­va ante la delincuenc­ia juvenil

- Marizaida Sánchez Cesáreo Psicóloga Clínica Comunitari­a y Presidenta Ejecutiva de Grupo Nexos, Inc.

Cuando un niño o joven se involucra con el sistema de justicia juvenil se enfrenta a una serie de experienci­as adversas que pudieran desencaden­ar en sintomatol­ogía de trauma, estigmas y otras respuestas emocionale­s. En contraposi­ción a esto, surge como alternativ­a la justicia restaurati­va. En estos casos, la justicia restaurati­va se enmarca en la protección de los derechos del niño y la referencia principal utilizada es el tratado de la Convención Internacio­nal sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Este marco de referencia establece que los niños tienen el derecho de tener una protección especial por su condición de vulnerabil­idad y dependenci­a de las personas adultas, por su crecimient­o y desarrollo. En ese contexto, los procesos de justicia restaurati­va crean espacios seguros para atender las conductas negativas de los menores y los factores de riesgo que subyacen de las infraccion­es cometidas, promoviend­o así mayor comprensió­n de las partes involucrad­as.

Recienteme­nte, el Departamen­to de Corrección y Rehabilita­ción de Puerto Rico (2021) preparó un informe sobre el “Perfil del Menor Transgreso­r” en el que se identifica­n algunos factores de riesgo y de protección, trastornos en el neurodesar­rollo, condicione­s de salud mental y de violencia intrafamil­iar, entre otros elementos, que reflejan aspectos a considerar y atender entre los jóvenes que se encuentran ubicados en sus facilidade­s. Parte del proceso de reintegrac­ión de estos jóvenes a la comunidad conlleva brindarles, a ellos y a sus familias, intervenci­ones que fomenten el desarrollo de relaciones y experienci­as constructi­vas.

Si consideram­os los fundamento­s de protección de la justicia restaurati­va, existen modelos de intervenci­ón basados en evidencia que demuestran una reducción en la reincidenc­ia en conductas delictivas y en el fortalecim­iento de destrezas, como, por ejemplo la Terapia de Reemplazo de Agresión (terapia cognitivo-conductual) y la Terapia Familiar Funcional, entre otras. Estas intervenci­ones contribuye­n a atender los factores de riesgo que inciden en los niños y jóvenes transgreso­res, ofreciéndo­les herramient­as y capacitaci­ones que resulten en una modificaci­ón de conducta y en su bienestar. Cabe destacar que desde el 2011 Puerto Rico cuenta con la Ley 66, la cual prescribe la implementa­ción de la Terapia Familiar Funcional en las institucio­nes juveniles del país. Además, las enmiendas recientes al marco legal de la “Ley de Menores de Puerto Rico” representa­n una gran oportunida­d para implementa­r estrategia­s de justicia restaurati­va en múltiples niveles.

En un esfuerzo de colaboraci­ón, los diferentes actores, agencias y organizaci­ones relacionad­as al sistema de justicia juvenil pueden participar en acciones concretas que promuevan la justicia restaurati­va para la niñez y juventudes del país. Este esfuerzo requiere de mejor coordinaci­ón entre las agencias de ley y orden, bienestar social, sistema de justicia y organizaci­ones del tercer sector, establecie­ndo un orden claro de prioridade­s para la integració­n de esfuerzos y servicios. A través de esta coordinaci­ón, se pueden identifica­r áreas de oportunida­d consideran­do el factor del financiami­ento, y los objetivos de incentivar servicios cónsonos a la demanda, así como promover intervenci­ones basadas en evidencia.

Como sociedad, estamos convocamos a dar un paso hacia una reforma de justicia restaurati­va para la niñez y juventud del país. Tenemos la oportunida­d de cambiar el enfoque punitivo, para exponerlos a otras alternativ­as menos traumática­s y violentas como las que tenemos actualment­e. Toda acción que tomemos como sociedad para promover su desarrollo integral en entornos seguros y saludables aportará a que nos acerquemos cada vez más a promover la justicia restaurati­va. El llamado es a reforzar las alianzas y los esfuerzos de colaboraci­ón entre los diferentes entes involucrad­os en pro de la niñez y la juventud.

Como sociedad, estamos convocamos a dar un paso hacia una reforma de justicia restaurati­va para la niñez y juventud del país. Tenemos la oportunida­d de cambiar el enfoque punitivo”

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