El gobierno retrasa el cambio energético en Puerto Rico
La ceguera enraizada en el oportunismo político e ideológico entorpece el emprendimiento ágil de los pasos necesarios para transformar el sistema energético de Puerto Rico en uno robusto, estable y resiliente, requisitos para alcanzar desarrollo socioeconómico y proveer respuestas eficientes a los embates de la naturaleza.
Desprenderse de ese oscurecimiento inmovilizante debe ser misión indelegable de la legislatura, el gobernador, la Autoridad de Energía Eléctrica, y demás entidades con intereses en la gestión energética isleña. Implicará reconocer que la AEE comparte buena parte de la responsabilidad por las fallas que dislocan el servicio. Y que las huellas de las ramas ejecutiva y legislativa están en el estancamiento de la distribución de los fondos federales desembolsados para la reconstrucción de la red energética, y en el limbo insólito en que se encuentra la propuesta para resolver, con participación privada, las limitaciones de la generación.
Electos para servir, los representantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía en la Cámara están convocados a atender los problemas de fondo que mantienen a Puerto Rico rehén de una infraestructura eléctrica que no aguanta ni un huracán categoría 1 como Fiona.
Lo fácil es montar un espectáculo legislativo para hacer lucir a la operadora LUMA Energy como el único y mayor responsable de las dificultades que el sistema enfrenta. Esta narrativa alimenta con informaciones erradas el discurso de los detractores del modelo de privatización como alternativa viable ante la decadencia de la AEE. Crea ruido sin ir a la raíz de las deficiencias energéticas.
La gente merece una fiscalización de altura de parte de los funcionarios electos. Espera investigaciones y cuestionamientos que lleven a soluciones permanentes de los problemas estructurales que dejan sin electricidad a familias, comercios, industrias y al propio gobierno.
Si los legisladores realmente quieren ayudar al pueblo, deben presionar para que se desembolsen los fondos aprobados por el gobierno federal para rehacer la red energética. Su deber es identificar a los responsables del insólito retraso para que rindan cuentas.
Las preguntas a LUMA y la AEE deben incluir cómo y cuándo se remplazarán las plantas de generación que llevan más de cinco décadas operando y, en gran medida, son las causas de los apagones que el país sufre con o sin huracanes. Como evidencia una pesquisa independiente, el apagón general del pasado 6 de abril tuvo su génesis en una falla en el patio de interruptores de la generadora pública Central Costa Sur.
Deben presionar para que LUMA y la AEE solucionen juntas los desafíos de la energización. Ambas entidades han tenido enfrentamientos desde que el operador privado comenzó a manejar la red de transmisión y distribución hace más de un año. Además, cuando LUMA llegó, diversos entes que buscan perpetuar el estado de cosas del cual se benefician, hicieron campaña contra la empresa para que los empleados de la AEE no pasaran al consorcio. Estos choques a quien penalizan es a la gente, limitándole el acceso a un servicio básico. La legislatura no cuestiona a quienes privan al pueblo de la justicia energética y se vuelve cómplice de quienes manipulan los datos y hechos.
Una pregunta clave para todos los encargados del sistema eléctrico es cómo se reconstruirá la red para que cuando azote otro fenómeno como Fiona, el país no experimente lo vivido en las últimas semanas.
El poder legislativo debe inquirir sobre cómo se integrarán las fuentes renovables en la reconstrucción y cómo se garantizará la diversificación adecuada para cuando el sol no brille y el viento no sople.
Los legisladores deben cuestionar cómo se rehace la red eléctrica con tecnologías que garanticen precios asequibles al consumidor. Tampoco deben ignorar que la AEE es un monopolio quebrado y endeudado. ¿Qué protecciones tendrán los consumidores y comerciantes en el proceso de negociación de la monumental deuda que pesa sobre los hombros de todos los habitantes de Puerto Rico?
Rehacer la red será un proceso largo y complejo. Pero Puerto Rico no puede seguir postergando el tema medular de la energía, del cual dependen su sobrevivencia y desarrollo socioeconómico. Volver al andamiaje que teníamos no es opción, pues acarrea las deficiencias que mantienen al país en jaque. Cada cuatro años, con cada gobierno nuevo, cambiaba la visión de la AEE. Directores ejecutivos iban y venían, y se aprobaban aumentos y beneficios descuidando lo primordial: el mantenimiento y la modernización para que el sistema sirviera con eficiencia a los abonados que lo financian.
La legislatura tiene que colocarse a la altura de los tiempos, que requieren gallardía para tomar acciones contundentes que viabilicen la transformación energética que los puertorriqueños merecemos. Lejos de convertir el hemiciclo en un circo mediático, la legislatura tiene la gran responsabilidad de investigar con el objetivo de provocar cambios pensando en el bien colectivo y no en ideologías, votos ni bandos.