“Ninguna mujer se merece esto”
Dos familias incompletas por culpa de la violencia machista dan sus testimonios en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Este próximo 30 de diciembre, Élida Padua Vélez no podrá celebrar un año más de vida de su hija, Jennifer Michelle Maldonado Padua. Sus dos nietos, de 11 y 12 años, tampoco podrán ver a su progenitora cumplir sus 34. No la verán ese día, ni ningún otro; Jennifer se convirtió el verano pasado en la víctima número 37 de la ola de violencia de género que arropa a Puerto Rico.
“Jennifer era una campanita resonante. Donde ella llegaba, había alegría. Si estaba apagado, se alegraba el ambiente”, contó doña Élida, de 59 años. “Hay un dolor tan grande en mi alma, un vacío. La falta que mi hija me hace, tú no tienes idea… nadie me la va a devolver”.
Las primeras horas del 5 de julio acontecieron con normalidad para Padua Vélez, confiada en que su hija cumplía desde las 6:00 a.m. con su turno de trabajo de ese día en la Subestación Hidroeléctrica Dos Bocas, en Arecibo. Contaba con que pronto pasarían un fin de semana en unas cabañas de un pueblo del suroeste –“el regalo mío del Día de las Madres”–; solo faltaba escoger la fecha.
Pero sus planes se hicieron añicos cuatro horas después, cuando le avisaron que su hija estaba desaparecida. Pasó las siguientes horas “retenida” en un cuartel de la Policía, con el deseo de salir a recorrer la carretera de Utuado en la que esa misma noche hallaron el cuerpo de Jennifer. “Yo la hubiera encontrado a ella, yo la hubiera encontrado”.
“Lo más doloroso fue que ella llenó su casa de tantas y tantas cosas con el sacrificio del sudor de su frente, y lo más duro y lo más fuerte fue cómo tuve que deshacerme de todo el sacrificio de ella, de todas sus cosas”, lamentó doña Élida, en un susurro, ahogada por el llanto. “Duele tanto, porque mi hija no se merecía morir de la manera que murió, ninguna mujer se merece esto. (…) Según van pasando los meses más la extraño, con mucho deseo de verla, de hablarle, de besarla”.
La violencia machista no solo mata; detrás de cada acto violento queda una fa
milia destruida que desconoce cómo seguir. Padua Vélez tendrá que desacostumbrarse a esperar las llamadas de Jennifer, y su nieta de 12 años tendrá que aprender a dormir sola.
“Yo fui al lugar donde la mataron, me armé de valor. Y lo único que hice fue que grité, miré al cielo y grité tanto. No le reclamé a mi Dios, porque entiendo que para todo hay un propósito, lo único que le dije fue: ‘¿Por qué lo permitiste de esta manera?’… si vamos al caso, le reclamé, porque ella tuvo una agonía muy fuerte, ella sufrió mucho. Grité, grité, grité. Lloré que tú no te imaginas”, narró.
En Salinas, cuatro hermanos lidian ahora con la ruidosa ausencia de su madre, que no vive más porque su expareja así lo decidió. Esa madre es Brenda Pérez Bahamonde, la primera víctima de un feminicidio íntimo en el 2022, asesinada a disparos el 27 de enero.
“Estoy viviendo en su casa, estoy utilizando su carro y todo eso… siento que me ha ayudado en una parte porque estoy con sus cosas, pero a la misma vez me afecta porque es difícil estar en su casa y no ver a esa persona. Sentarme en su sala, donde están todas las placas de sus premios, su imagen, todo, y tú ves que esa persona no está”, compartió con El Nuevo Día la hija menor de Brenda, Nicole Colón Pérez.
Nicole vivía en Estados Unidos cuando leyó en las redes sociales que una mujer había sido asesinada en su pueblo. Horas después, se enteró de que esa mujer era su madre.
“Hablaba con mi mamá todos los días. Por la mañana, cuando me levantaba para prepararme para el trabajo el primer mensaje que tenía era: ‘Buenos días, baby . ¿Cómo estás?’, porque ella no me decía Nicole, me decía baby . Esto me ha chocado demasiado duro… para hablar con mi mamá tengo que ir al cementerio”, lamentó.
En el mismo hogar, también vive ahora la madre de Brenda, Suleika Bahamonde, de 69 años. Sentada en un sillón reclinable, señaló con asombrosa calma una de las losetas de la sala, en donde se conserva el impacto de las balas que disparó contra Brenda el también agente José Rivera Velázquez.
NO MERMA LA VIOLENCIA
Para estas familias, pesa con más fuerza el significado del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el 1 de enero al 23 de noviembre del 2022, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico ha registrado 70 feminicidios, término que se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo.
“La realidad es que el panorama es un panorama triste, quisiera tener otras palabras, pero es un tanto desalentador el que hemos dado unos pasos para poder atajar esta situación, (pero) continuamos teniendo altos incidentes de violencia de género”, reflexionó Vilmarie Rivera Sierra , presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.
Según la experta, son diversas las situaciones que generan estresores en la ciudadanía, y que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres. En la lista, enumeró la estrechez económica, el constante aumento en el costo de servicios esenciales y la incertidumbre que provoca el no tener una vivienda segura.
En Puerto Rico, está vigente -desde enero de 2021- un estado de emergencia por violencia de género. Ese año cerró con 53 feminicidios, 12 de ellos íntimos.
Si bien dicho decreto ha permitido ciertos avances, Rivera Sierra opinó que muchas agencias han fallado en dar prioridad al identificar y asignar fondos para atender este problema social. Esa falta de diligencia quedó evidenciada cuando los albergues Capromuni I y Capromuni II perdieron el acceso a los fondos del Programa VOCA que administra el Departamento de Justicia, quedando en riesgo de cierre.
“Por un lado, tenemos un discurso de que vamos a atender la violencia de género, pero, por el otro lado, no identificamos recursos para garantizar recursos y servicios”, planteó. “A la vida de las mujeres, no se les puede poner costo, siempre tiene que haber recursos, y lamentablemente creo que se ha fallado en ese sentido”.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) identificó fondos para mantener la operación de ambos albergues por los próximos seis meses. Luego de ese período, el futuro de estos importantes espacios es incierto.
“Solicitamos estar presentes en el proceso de cómo vamos a estar evaluando la distribución de los fondos VOCA de cara al próximo año, porque sabemos que hay una disminución, hay una fórmula y es a nivel de todos los estados (de Estados Unidos). Pero a nosotros nos ocupa, en este momento, saber que se va a tomar en consideración la prioridad de invertir en la mujer para cuando se asignen nuevamente fondos, porque no puede volver a suceder esto”, declaró la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez .
“Jennifer era una campanita resonante. Donde ella llegaba, había alegría” ÉLIDA PADUA VÉLEZ MADRE DE JENNIFER MALDONADO
“A la vida de las mujeres, no se les puede poner costo, siempre tiene que haber recursos” VILMARIE RIVERA SIERRA PRESIDENTA DE LA RED DE ALBERGUES
CLAVE LA EDUCACIÓN
Todas las voces consultadas por El Nuevo Día para esta historia coincidieron en la urgencia de que se dé paso de una vez y por todas a la educación con perspectiva de género, clave para erradicar el machismo y el patriarcado que pasa de generación en generación.
“No puedes tener un secretario de Educación que se reúne con las organizaciones, que tienes un comité de expertos que te prepara un marco curricular, y después sacas una carta circular sumamente aguada que te habla de valores, pero no te dice cuáles son los referentes de esos valores”, puntualizó la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género.
Sobre este tema, la procuradora interina de las Mujeres sostuvo que la OPM apoya el currículo que fue aprobado en el Comité PARE, y que fue ignorado por el Departamento de Educación. “Ese es el currículo que entendíamos que se debe implementar”, abundó Bermúdez.
DESCONFIANZA EN EL SISTEMA
Desde el 27 de agosto de 2021, cuando se reconoció el feminicidio y el transfeminicidio como asesinatos en primer grado en el Código Penal –con una pena de 99 años de cárcel–, Justicia ha logrado siete convicciones y ha identificado seis casos de asesinato-suicidio.
Al 11 de noviembre, cuatro casos seguían activos en los tribunales. Uno de esos casos es el que pesa contra Luis Rivera Matos por el asesinato de su esposa Damaris Ortiz Rosario, con quien convivía, aunque estaban separados. Este crimen, ocurrido el 31 de agosto de 2021, fue el primero radicado como un feminicidio.
“Ese caballero se encuentra bajo los efectos de la Regla 240 (que evalúa la capacidad mental de un acusado para entender el procedimiento criminal al que se enfrenta). Está pendiente de vista preliminar para el 28 de noviembre de 2022”, explicó la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Maltrato a Menores y Abuso Sexual de Justicia.
Los otros casos activos son el de Anthony Salvá Rivera, el asesino confeso de Maldonado Padua, cuya lectura de acusación está pautada para el 8 de diciembre; Juan Gabriel Rivera Peralta, imputado del feminicidio de Kaniuska Morales Cintrón, el 31 de julio; y Juan Carlos Torres Vargas, por el asesinato de Dorcas Greymar Irizarry el 12 de agosto, en un motel de Ponce.
En la isla no se ha dado una convicción por feminicidio, según la fiscal, “porque ninguno de esos casos se ha visto en sus méritos”. Las convicciones se han logrado a través de acuerdos entre la Fiscalía y la defensa de los imputados, que han recibido –en promedio– entre 50 y 60 años de cárcel. Hernández Gutiérrez afirmó que esos acuerdos buscan evitar a las familias el sufrimiento que conlleva un extenso proceso judicial.
Sobre esto último, la presidenta de la Red de Albergues describió como “un tipo de violencia institucional” el hecho de que el Poder Judicial no atiende con prioridad los casos de violencia de género.
“Cuando tienes estructuras que dificultan, retrasan o impiden que se puedan llevar a cabo ciertos procesos, eso lo que hace es que crea en la víctima un tipo de resistencia, y por el otro lado, la desalienta para que pueda creer que existen ayudas disponibles que van a actuar de una forma rápida y ágil”, acotó Rivera Sierra.
Bermúdez reconoció el problema, pero dijo que la orden ejecutiva por el estado de emergencia –vigente hasta junio de 2023– “no tiene garras” para exigir nada al Poder Judicial. “Esa independencia judicial que tiene cada juez, lamentablemente hay quienes la utilizan para bien y hay quienes no la utilizan bien”.
Por parte de la Policía, el Observatorio de Equidad de Género estima que el 50% de los feminicidios de este año aún están bajo investigación. La Policía no contestó una petición de entrevista de El Nuevo Día.
16 DÍAS DE ACTIVISMO
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que puede tomar casi 300 años “alcanzar una plena igualdad de género”. El retroceso se debe, en parte, a desafíos mundiales como los conflictos violentos, la pandemia de COVID-19 y los retrocesos en los derechos de las mujeres. Aquí, ese retroceso se observa en la intención –sin éxito, hasta ahora– de grupos antiderechos en prohibir el aborto en Puerto Rico.
Con miras a reducir esa brecha, arranca hoy la campaña internacional anual “16 días de activismo contra la violencia de género”, que desde 2012 lidera a nivel local el Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR).
“El tema el año pasado fue los feminicidios y lo retomamos este año”, indicó la doctora Mabel López, expresidenta del CPTSPR y portavoz de esta campaña, que culminará el 10 de diciembre con un Festival de Derechos Humanos en Casa Ruth, en la plaza pública de Río Piedras. “De lo que hablamos es de que hombres, mujeres, niños y niñas tengan el mismo poder y acceso a los derechos humanos”.