El costo social real del contrato con LUMA
En la prensa local se resalta la noticia que, de cancelarse el contrato con la empresa LUMA, habría que pagarles aproximadamente $300 millones, lo que equivale a unos $100 por residente en Puerto Rico. Esto es igual a un consumo de 320 kWh por mes para una familia típica de Puerto Rico.
Sin embargo, creo que el costo social para los puertorriqueños no se dirige al argumento de la cancelación del contrato, sino a lo que tenemos que pagarle a LUMA por unos 15 años, si el contrato se mantiene o se haría formal entre 2023 a 2037 (15 años).
Recordemos que bajo el contrato—una vez se apruebe el Plan de Reestructuración de la Deuda de la AEE—el consorcio LUMA recibiría unos ingresos que se ajustan a la inflación y al reembolso de los gastos por virtud del Anejo XI (Anejo 11) del contrato. Estos ingresos extraordinarios se compararían con una opción de administrar los gastos de la Transmisión y Distribución( T& D) que, digamos, hubiesen sido bajo la administración de la AEE.
Todo este análisis se debe observar bajo la trayectoria histórica de la demanda o consumo de energía eléctrica en millones de kWh. La demanda (consumo) de energía eléctrica en Puerto Rico se ha ido reduciendo a razón de casi 1.3% anual. Entre el 2000 al 2020 el consumo se reduce de casi 19,000 millones de kWh a 16,000 millones de kWh. La proyección para el 2037 es que el consumo llegaría a unos 12,041 millones de kWh.
Veamos el análisis.
Primero, bajo la AEE, los estados de situación de esta corporación pública muestran que el gasto de T&D entre 2012 al 2018 bajó de manera simultánea al consumo (ventas) de energía eléctrica en kWh. Entre 2012 a 2018, los gastos de T&D bajaron de $179 millones a $151 millones, para una reducción anual de casi $5 millones, o -2.8% anual. Igualmente, las ventas de energía bajaron de 18,320 millones de kWh a 16,375 millones de kWh, para una reducción de -1.8%. Claramente, se evidencia una reducción de los gastos de T& D con una merma del consumo de energía.
Segundo, el total proyectado de los gastos acumulados de T&D bajo la experiencia histórica de la AEE se montaría a $1,900 millones entre 2023 a 2037, período de 15 años del contrato. Frente a esta cifra se deben comparar los ingresos que obtendría el consorcio LUMA. Veamos.
Tercero, el consorcio LUMA tiene cuatro fuentes de ingresos: 1) el cargo fijo; 2) los incentivos; 3) el ajuste a la inflación; y, 3) los ingresos “implícitos” que son gastos reembolsados a LUMA por virtud del Anejo XI. Los cargos fijos montarían a $1,470 millones; los incentivos a $279 millones; el ajuste a la inflación (4.0% cada año) se montarían a $453 millones y finalmente, los gastos reembolsados ( Pass-Through Expenditures) a $490 millones, bajo el supuesto de 33% de los cargos fijos. El total de ingresos de LUMA por virtud del contrato es $2,692 millones.
Cuarto, el costo social del contrato con LUMA es la diferencia entre todos los ingresos de LUMA menos los gastos de T &D proyectados bajo la AEE; o sea, $2,692 millones menos $1,900 millones. Este costo social llegaría a $792 millones, lo que equivale a 668 por familia o $56 por mes.
En conclusión, el contrato de LUMA a 15 años tiene un costo social pues la sociedad estaría pagando en exceso $792 millones más que si lo hubiese operado la AEE.
De ser correcta la aseveración de que los funcionarios del gobierno quisieron “sacar del medio” a la UTIER, pues la factura se hizo a nombre del pueblo de Puerto Rico, pero con un costo o riesgo mínimo a los partidos políticos, del consorcio de LUMA, los legisladores y el gobierno. Así cualquiera paga una factura.
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El contrato de LUMA a 15 años tiene un costo social pues la sociedad estaría pagando en exceso $792 millones más que si lo hubiese operado la AEE”