Intactos aumentos a los peajes
Las tarifas deben incrementar anualmente a una tasa fija de 1.5% más un ajuste por la inflación
La revisión presupuestaria que realizará la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) conforme al Plan de Ajuste confirmado en octubre pasado no impactará los aumentos previstos en las tarifas de los peajes, incluidos los que se registrarían a partir del 1 de enero de 2023.
“Este presupuesto está únicamente enfocado en incluir estas reservas, es lo que estamos haciendo. No toca más nada, así que no tiene ese impacto. En cuanto a las tarifas de peajes, (se mantiene vigente) lo mismo que se anunció en agosto, nada ha cambiado”, indicó Marco García, ayudante especial del director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo.
En una carta reciente, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al gobernador Pedro Pierluisi someter un presupuesto revisado para la ACT este próximo lunes, con miras a certificar la versión enmendada el 2 de diciembre. Las enmiendas, indica la misiva, “se limitarán exclusivamente a reflejar el incremento al financiamiento de las cuentas de reserva y el fideicomiso para viabilizar el Plan de Ajuste y cualquier acuerdo ahí contenido”.
El plan fiscal de la ACT contempla que, cada 1 de enero hasta el año 2051, el costo de los peajes refleje un aumento base de 1.5%, al que se sumaría la tasa de inflación del año previo, calculada mediante el índice de precios del consumidor
“Cada diciembre, tenemos que revisar las tarifas, ver de cuánto es la inflación para determinar si hay aumentos”, dijo García.
Los ingresos de peajes son la fuente exclusiva de repago que tendrán los bonos reestructurados de la ACT. García señaló que, en este momento, no podía precisar cuánto la ACT destinaría al servicio de la deuda nueva durante este año fiscal, detalle que se definiría una vez la JSF certifique la enmienda presupuestaria.
El Plan de Ajuste de la ACT debe entrar en vigor 90 días luego de que la JSF y el gobierno cumplan con ciertas condiciones, tal como reportó este diario en octubre. De acuerdo con García, esa fecha de efectividad debería materializarse en algún momento de diciembre.
La reestructuración de obligaciones redujo la deuda de la corporación pública de $6,400 millones a poco más de $1,500 millones. Entre las obligaciones que se acordaron en el proceso, figuran emisiones de bonos nuevos y pagos en efectivo a las partes que participaron de las negociaciones, incluyendo casi $60 millones a las aseguradoras Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee. Los acreedores no asegurados, a quienes se les adeudaba $256 millones, recibirán $48 millones en un período de dos años.