La Junta de Planificación tiene que rendir cuentas

Los datos revelados por una investigación de El Nuevo Día en torno al uso que la Junta de Planificación les dio a fondos federales del Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos (HMGP), levantan suspicacias sobre el uso sabio del dinero, y obligan a esa agencia a informar a quién y con qué frecuencia rinde cuentas sobre sus asignaciones a contrataciones.

Decenas de miles de dólares fueron pagados a bufetes de abogados vinculados al partido de gobierno que facturaron sumas altas por emprender acciones judiciales y de cierre de pequeños negocios contra comerciantes que, presuntamente, no cumplían con códigos establecidos. De acuerdo con la información recopilada por la Unidad de Inves

tigación y Datos de este medio, las intervenciones de la Junta de Planificación, y el subsiguiente trámite legal que encomendaban a dos bufetes, no se debían a que los negocios en cuestión presentaran daños estructurales o estuvieran ubicados en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos. Intervenían con los negocios, por ejemplo, por alguna vellonera sin el debido permiso o porque se había colocado un tablón y dos taburetes en un cafetín autorizado a vender bebidas alcohólicas, pero no a montar una barra. La diferencia en este último ejemplo es tan sutil que se hace muy difícil comprender que en tiempos de verdadera emergencia y de riesgo por desastres muy complicados a través de toda la isla, la Junta de Planificación ocupara a los abogados de dos bufetes para llevar dichos casos contra los presuntos infractores.

El ejecutivo salió en defensa de la Junta de Planificación al día siguiente de publicarse el reportaje, argumentando que lo que para muchos tiene visos de favoritismo, o por lo menos la apariencia de mal uso de fondos, no es nada por lo que haya que preocuparse y que “todo está en orden”.

Es difícil conformarse con un argumento que no entra en los detalles de gastos desmesurados por la sencilla encomienda de multar o cerrar el negocio a personas que no tienen representación legal, y que por diversas razones no están familiarizadas con la solicitud de permisos por internet. Recordemos que, durante la pandemia del COVID-19, las oficinas del gobierno estuvieron cerradas y nadie contestaba los teléfonos.

La tarea de señalar los supuestos incumplimientos de cafetines y colmados, aunque no deja de ser importante para fomentar la disciplina en los pequeños negocios, luce bastante fácil ante el pago de tanto dinero. La realidad es que, por lo que averiguó El Nuevo Día, la categoría de las infracciones no era coherente con las cantidades astronómicas que se facturaron.

No hay que justificar ninguna infracción de los pequeños comerciantes, si las hubiera. Pero es una cuestión de sentido común establecer prioridades: la prevención de los riesgos y las intervenciones resultantes deben hacerse bajo estándares de proporción de gastos.

En todo caso, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) debe confirmar si los funcionarios de la Junta de Planificación, al extender los contratos, actuaron con absoluta transparencia e hicieron uso razonable de los fondos. Una vez más, hay que asegurarse de que las millonarias asignaciones federales van a donde tienen que ir y se utilizan para lo que se tienen que utilizar, sin extralimitarse en el reparto del dinero.

Con toda seguridad, en la larga lista de los proyectos elegibles para fondos federales bajo el Programa de Mitigación de Riesgos hay infinidad de situaciones mucho más meritorias y urgentes que las que han costado una fortuna en abogados y que, hasta que se demuestre lo contrario, no se justifican.

Es preciso que la Junta de Planificación conteste con seriedad preguntas de la prensa y rinda cuentas al país. las