Por qué perdonar la deuda estudiantil
El plan de la Casa Blanca para cancelar hasta $20,000 de deuda de préstamos estudiantiles a los prestatarios que reúnan los requisitos necesarios está detenido. Aunque el programa de condonación ha recibido ataques en múltiples frentes, solo dos de las acciones judiciales presentadas han conseguido fallos a su favor hasta el momento. En Brown v. Departamento de Educación de
EE.UU ., dos prestatarios de Texas -un demandante con préstamos FFEL no federales y un demandante que no recibió beca Pell- alegan que el plan de la administración, cuyo fundamento es la Ley Heroes de 2003, violenta la Ley de Procedimiento Administrativo federal al no celebrarse el periodo de notificación y comentarios exigido por ese estatuto.
El 10 de noviembre, el tribunal federal para el Distrito Norte de Texas declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria y declaró inconstitucional el programa el 10 de noviembre, por considerar que se trata de un “ejercicio inconstitucional del poder legislativo del Congreso”.
De otra parte, en Nebraska v. Biden, seis estados liderados por los republicanos (Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur) alegan que el plan de la Casa Blanca perjudicará los ingresos fiscales de sus estados, por aplazar las contribuciones de las cantidades perdonadas hasta 2025, y los de las agencias de manejo de préstamos estudiantiles estatales, por disminuir la cantidad de préstamos que manejan. Los estados perdieron su moción de interdicto en los tribunales inferiores y apelaron al Octavo Circuito, que falló el 14 de noviembre a favor de un injunction preliminar que paraliza el programa temporeramente. Desde entonces, los prestatarios han recibido mensajes del Departamento de Educación federal en que les notifican la paralización del programa y la posición de la agencia de defender el mismo frente a los intentos de descarrilar el esfuerzo.
El debate fuera de los tribunales contempla otros planteamientos. Detractores esgrimen argumentos como el posible aumento en la terrible inflación que ya estamos experimentando; la percepción de que el programa beneficiaría desproporcionalmente a personas con ingresos altos; que el programa no contempla atajar las causas subyacentes del problema de la deuda estudiantil, como el aumento desproporcionado en los costos de la educación superior y el estancamiento de los salarios en comparación al aumento en el costo de vida; y la posibilidad de que el impacto en la economía no sea significativo.
Comencemos por que la inflación que estamos viviendo es un problema global y multifactorial, cuyo análisis no puede reducirse al impacto de un programa en un solo país. Además, buena parte de la inflación que nos aflige en este momento histórico tiene más relación con la avaricia corporativa de alcanzar dividendos infinitos que con crear y mantener programas de interés social. De otra parte, el programa ya contempla un tope a los ingresos de quienes se beneficiarían y el 90% de las personas elegibles ganan $75,000 o menos al año. Es un hecho que todo aumenta menos los salarios y eso es una buena parte del problema. Sin embargo, nada impide que se tomen otras medidas para atender el aumento en los costos de vida, incluyendo la educación superior.
Otras iniciativas tampoco han tenido el impacto económico esperado, como el corte a los impuestos para los multimillonarios de la administración Trump. Ese programa, para 2025, habrá costado cerca de $2.3 trillones al erario federal, mientras que la Oficina Presupuestaria del Congreso ha calculado que el plan de Biden para atajar la deuda estudiantil costará unos $400 billones en 30 años.
Aunque por sí solo el programa puede ser insuficiente para resolver el problema, evidentemente es un paso afirmativo hacia la justicia social y económica para millones de personas.
Aunque por sí solo el programa puede ser insuficiente para resolver el problema, evidentemente es un paso afirmativo hacia la justicia social y económica para millones de personas”