Discrepancias por el futuro del contrato
Gobernador accedió a compartir pormenores de la extensión del acuerdo con líderes legislativos, que insisten en que son cruciales los representantes del interés público
La votación sobre el futuro del contrato con LUMA Energy para operar la red de distribución y transmisión eléctrica se llevará a cabo hoy, luego que se pospusiera un día ante el reclamo de líderes legislativos para que sus representantes ante la junta directiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) recibieran la información completa.
La decisión se tomará hoy, martes, confirmó el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés. El contrato suplementario vence mañana, 30 de noviembre.
“La reunión de Junta de Directores de la AAPP que se llevó a cabo hoy (ayer) continuará mañana (hoy) martes, 29 de noviembre. Como próximo paso, se procederá a presentar la acción propuesta ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, indicó Fontanés. “La determinación final será notificada por el gobierno de Puerto Rico en o antes de este miércoles, 30 de noviembre”, expresó en declaraciones escritas.
Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi y los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández , se reunieron para discutir sus diferencias en torno al rol de los representantes del interés públicos en la votación.
“No tenemos la información de lo que va a suceder en la junta para que nuestros representantes puedan votar de manera informada. El gobernador accedió a que esa información esté disponible hoy (ayer) para toda la junta, y la decisión tomarla mañana (hoy)”, dijo Dalmau, a su salida de la reunión en La Fortaleza. Hernández participó de manera virtual, ya que está fuera de la isla participando de un encuentro del Caucus Hispano.
No obstante, tras el encuentro, todavía existen discrepancias sobre el estatuto que rige la votación y si son determinantes o no los votos de los representantes del interés público en la junta directiva, Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer, la primera nombrada por Hernández y el segundo, por Dalmau.
LUMA ha estado a cargo de la distribución y transmisión de la red eléctrica desde el 1 de junio de 2021, bajo un contrato suplementario con vigencia de 18 meses. Una vez venza el acuerdo, mañana, LUMA tiene tres opciones: continuar con un contrato suplementario en lo que se reestructura la deuda de la AEE, poner en marcha el contrato de 15 años, o retirarse del acuerdo, dando paso a una transición que puede tomar más de un año, según se ha informado.
Dalmau sostuvo que “hay una propuesta de una extensión” del contrato suplementario entre el gobierno y LUMA Energy, pero aseguró que no cuentan con los detalles.
Fontanés no confirmó si esa propuesta ya fue presentada a la junta directiva.
El diario El Vocero publicó que existe un memorando de Fontanés, dirigido a la junta directiva de la AAPP, en el que indica que no es necesario el voto de los dos representantes del interés público. En el documento, el ejecutivo convocó a la Junta para ayer con la intención de aprobar una extensión al contrato suplementario por un tiempo indefinido o hasta que se reestructure la deuda de la AEE.
Este medio llamó y dejó mensajes de texto a los representantes del interés público en la AAPP, pero no contestaron.
Hernández confirmó que la reunión de ayer se llevó a cabo, que no hubo votación y que se les entregó a los representantes del interés público una opinión legal confeccionada por la AAPP. “Se les suministrará más información antes de la próxima reunión mañana (hoy) a las 3:00 p.m.”, apuntó.
“La votación será una informada y consciente de la realidad jurídica que aplica a la propuesta extensión del contrato de LUMA”, agregó el presidente cameral.
Dalmau aseguró que un pleito legal es una alternativa que sigue “sobre la mesa”. Insistió en que, a diferencia de lo que argumenta el Ejecutivo, para la votación de la junta directiva de la AAPP aplica la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (120-2018) y no la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29-2009).
“Los miembros del interés público tienen que votar los dos de forma afirmativa. Una abstención conllevaría un voto en contra y sería contrario a lo que dice la ley. Son dos posturas. Eso también, en una opinión legal que está elaborando la institución de las alianzas público privadas, formará parte de la discusión” de la junta directiva, dijo Dalmau.
“La intención del legislador, que era proteger los intereses del país con representantes allí, se burla (si no se les permite votar por unanimidad)”, indicó.
A preguntas de los periodistas, dijo que no discutió con el gobernador la discrepancia sobre qué estatuto aplica.
La Ley 29-2009 establece que el quórum para las reuniones de la junta directiva de la AAPP se determinará por “mayoría simple”. Pero la Ley 120-2018 establece que la aprobación de una decisión en la Junta de Directores de la AAPP “deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. En caso de que no se obtuviera el voto afirmativo de uno o ambos miembros del interés público, se entenderá como rechazada la transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. Un voto de abstención por uno o ambos miembros del interés público, se interpretará como un voto en contra de los procesos”.
“Esa ley se creó para manejar todos los asuntos del sistema eléctrico y estableció que tiene supremacía sobre cualquier otra ley general, especial o específica”, dijo el representante Luis Raúl Torres, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.
Aclaró que le correspondería a Ortiz y a Ferrer acudir a los tribunales, “con el apoyo de la Cámara y el Senado”, si no se cumple con lo dispuesto en la Ley 120-2018. Dalmau dijo que no han impartido instrucciones sobre esto.
Pero Hernández recalcó que la Ley 120-2018 “es clara”. “Los representantes del interés público y nosotros, y todos los que hemos consultado consideramos que esto (la extensión del contrato) es una transacción totalmente nueva y requiere que se aplique la Ley 120”, dijo.
Previo al cónclave en La Fortaleza, Pierluisi aseguró que el Ejecutivo prevalecería si los líderes legislativos acuden al tribunal para impugnar la determinación del gobierno. “Yo estoy confiado de que los tribunales estarían fallando a favor de la posición de la Rama Ejecutiva”, afirmó.