Alegan pagos por servicios no ofrecidos
La administración universitaria demandó al expresidente Manuel Fernós por negligencia crasa, y solicita la devolución de dinero
La administración de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) radicó ayer una demanda contra varios exempleados universitarios, entre ellos, el expresidente Manuel Fernós y una empresa privada por un presunto incumplimiento de contrato que desembocó en el mal uso de más de un millón de dólares.
A Fernós y al ex director ejecutivo de la Oficina del Presidente de la Inter Dominique Gilormini, se les señala por incurrir en negligencia crasa en torno al contrato suscrito con la compañía MAP Strategies, LLC para establecer un sistema de rastreo epidemiológico en la institución universitaria, ya que a la empresa se le pagaron $1.4 millones por servicios no ofrecidos y bienes no entregados, explicó el abogado Johnny Ocasio Torres, quien es parte del equipo legal de la universidad.
Parte de este dinero provino de la asignación federal que recibió la Universidad Interamericana para el manejo de la pandemia de COVID-19 a través del fondo de alivio de emergencia para educación superior (HEERF, por sus siglas en inglés).
“La presente demanda es la primera reclamación, de varias, que la UIPR se ha visto y se verá forzada a tramitar debido a las pérdidas millonarias ocasionadas por los incumplimientos, la negligencia crasa en el cumplimiento de los deberes y/o el dolo en que incurrieron los demandados”, lee el recurso legal.
Fernós, por su parte, le restó méritos a los fundamentos de la parte demandante. “Es una demanda frívola, difamatoria y que denota que el nuevo liderato de la Junta de Síndicos tiene un desconocimiento de las normativas institucionales y de las reglamentaciones de los fondos federales que se asignan a la universidad”, dijo en entrevista con este medio.
De acuerdo con la demanda, MAP Strategies presentó una propuesta a Fernós, el 18 de febrero de 2021, con el fin de crear un “Sistema de Inteligencia Epidemiológica para toda la Comunidad Educativa” dirigido a desarrollar protocolos sobre el manejo de la pandemia y un sistema informático de bioestadísticas. La propuesta se presentó a pesar de que la Interamericana creó, desde marzo de 2020, múltiples protocolos contra el COVID-19.
El primer borrador de contrato, con fecha del 16 de marzo de 2021, solicitaba pagos por concepto de “consultoría e implementación del sistema de vigilancia epidemiológica” para comenzar los servicios. El pago ascendería a $1.5 millones.
Fernós firmó el contrato el 23 de marzo de 2021, pero seis días después se enmendó el acuerdo para dividirlo en 12 contratos: uno por cada unidad académica de la Interamericana más la Oficina Central. Entre abril y junio de 2021, se incluyeron múltiples cambios para modificar y detallar cómo se emitirían los pagos.
Según Ocasio Torres, el fraccionamiento del contrato estaba dirigido a evadir normativas de la universidad que establecen que el presidente solo puede firmar acuerdos menores a $600,000. Cualquier contrato por una cuantía mayor requiere la autorización de la Junta de Síndicos.
Pero, en el proceso, también se falló en la divulgación a la Junta de Síndicos de los contratos en las unidades académicas, pues se debe notificar al cuerpo rector cualquier acuerdo que supere los $100,000, indicó.
Del mismo modo, la demanda establece que ni en las unidades académicas ni en la Oficina Central existe evidencia de que los servicios contratados se ofrecieron. “Todas las facturas de (la empresa) MAPS fueron pagadas sin que hubiera una certificación de las actividades realizadas por MAPS”, establece el recurso legal.
Ocasio Torres destacó que, por el momento, la investigación externa encomendada por la Junta de Síndicos ha detectado que Fernós y Gilormini incurrieron en negligencia crasa al incumplir con sus obligaciones como presidente y director ejecutivo de la Oficina del Presidente.
En el recurso, se solicita al tribunal que ordene a la empresa a devolver $1.4 millones. Contra Fernós y Gilormini, se solicita que se les “imponga el pago solidario de los daños ocasionados” a la Interamericana, lo que implica que cualquiera de ellos podría ser responsable por la devolución del dinero.
“Los hallazgos de una investigación externa encontraron que se pagó por unos servicios que no se brindaron”
JOHNNY OCASIO TORRES ABOGADO DE LA INTERAMERICANA