LUMA y la cobardía puertorriqueña

En los últimos dos días ocurrió lo que todos sabían que inevitablemente habría de ocurrir: el arreglo contractual existente entre el gobierno de Puerto Rico y el conglomerado de LUMA Energy para la operación y administración del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica habrá de continuar vigente. Así ya lo habían definido la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el Tribunal Federal en los procedimientos que se desarrollan ante la jueza Laura Taylor Swain y el ejecutivo federal, a través de la secretaria de Energía y por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Pero, en un Puerto Rico que ante la dureza de la vida suele refugiarse en las falsas expectativas y en la construcción de estructuras paralelas a la realidad, las cuales queremos aceptar como si en efecto fueran realidad, se creó la expectativa absurda de que era posible dejar sin efecto el contrato de LUMA.

La realidad, sin embargo, es realidad nos guste o no. En el día de ayer, la JSF se reafirmó en su validación de la continuación del arreglo con LUMA. Una aprobación en esa dirección se efectuó también en el cuerpo de gobierno de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3, en inglés) y finalmente, por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.

La dinámica que se desarrolló en la junta de la P3 amerita examen particular. En este cuerpo hay dos miembros que representan el interés público: los licenciados Eduardo Ferrer y Liza Ortiz. El primero fue recomendado por el presidente del Senado y la segunda por el presidente de la Cámara de Representantes. La situación de Ferrer y Ortiz es delicada. Como miembros de una junta de directores, ambos están sujetos a una obligación fiduciaria que les requiere anteponer el interés del pueblo de Puerto Rico a cualquier interés personal o político que pudiera existir, ya sea de su parte o de las personas que de alguna manera hicieron posible su designación.

Ese deber les obligaba a la cautela. Por consiguiente, no podían rechazar tajantemente la extensión del contrato de LUMA, sin existir en lo inmediato una alternativa para hacerse cargo de manera efectiva y responsable de la transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica. El problema que tanto Ortiz como Ferrer confrontaban era que los líderes legislativos que los recomendaron públicamente se habían opuesto a la extensión del contrato. Por consiguiente, tampoco les resultaba cómodo deslucir y poner en entredicho a quienes los escogieron.

Ante semejante dilema optaron por un malabar jurídico político. En vez de aprobar o rechazar en los méritos la extensión del contrato, invocaron un argumento leguleyo. Argumentaron que el proceso para extender el contrato debía evaluarse, no bajo las disposiciones de la Ley 29-2009 que regula las alianzas público privadas, sino de conformidad a la Ley 120-2018, que establece que cualquier transacción relacionada a la AEE tiene que contar con el voto de ambos representantes del interés público.

Como la mayoría de los directores de la junta de P3 resolvió que la que aplicaba era la ley de 2009, Ortiz y Ferrer, en vez de votar en contra como era lo que procedía en estricta verticalidad, optaron por abstenerse y anunciar que irían a los tribunales a impugnar la decisión tomada. Ambos saben que la posibilidad de que un tribunal de justicia anule en la coyuntura actual el contrato con LUMA es virtualmente nula. Sin embargo, la estrategia políticamente es astuta, pues así procuran transferir la responsabilidad de la aprobación final a los tribunales e intentan salir airosos de la encrucijada política en la que estaban.

Lo triste es que su proceder, aunque audaz como estrategia política, ejemplifica el mal que nos afecta como sociedad a las y los puertorriqueños. Esto es, nuestra incapacidad de enfrentar los problemas y de tomar con valentía y verticalidad la decisión que corresponde. Qué pena que optemos por menos, cuando deberíamos ir por más.

Su proceder, aunque audaz como estrategia política, ejemplifica el mal que nos afecta como sociedad. Esto es, nuestra incapacidad de enfrentar los problemas”