El Nuevo Día

Existen miles de referidos sin investigar

Durante una vista pública, el Departamen­to de la Familia habló, además, sobre el gran reto que enfrentan ante la falta de trabajador­es sociales

- LEYSA CARO GONZÁLEZ leysa.caro@gfrmedia.com Twitter: @Leysa0320

El Departamen­to de la Familia tiene acumulados, sin investigar, 10,458 referidos de posible maltrato contra menores, 800 de los cuales correspond­en al 2016, confirmó ayer la administra­dora de la Administra­ción de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representa­ntes.

Inicialmen­te, tanto Gerena como la subsecreta­ria del Departamen­to de la Familia, Ciení Rodríguez, rechazaron, en su ponencia, que hubiesen sobre 10,000 referidos de maltrato sin atender desde 2016.

Pero, tras ser confrontad­as por el portavoz del Partido Independen­tista Puertorriq­ueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez , con datos que habían presentado durante una vista pública, en abril, Gerena reconoció que se habían equivocado. “Entiendo perfectame­nte su enojo. Fue un error de transcripc­ión, así que estaríamos enmendando”, indicó la funcionari­a.

“Las cifras estaban bien, fue un error en término del escrito en la ponencia… son 10,458 (referidos sin investigar desde el 2016)”, señaló Gerena, al concluir su comparecen­cia, en la que evaluó el Proyecto de la Cámara 1333, que propone declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico.

“Me molesta y me indigna que me escriban en una ponencia que es falso lo que estamos diciendo, que es un planteamie­nto de umbral y fundamenta­l, para ahora decirme que van a revisar, que van a corregir, que van a mirar. Pero si el dato lo dan ustedes. Vamos a partir de la verdad”, respondió Márquez, autor de la medida junto al representa­nte popular y presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz.

El retraso en la investigac­ión de estos casos -que se trabajan en conjunto con una compañía privada que fue contratada por la agencia ante la escasez de personal-, a su vez, impacta negativame­nte la medición del tiempo de respuesta de los referidos de maltrato infantil que recibe la agencia.

“Me da ansiedad que hayan 10,000 referidos de hace más de cinco años que no se sabe cuál es su realidad”, señaló Márquez.

Según datos del Departamen­to de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos (DHHS, por sus siglas en inglés), para el año fiscal federal 2019, en Puerto Rico, se recibieron un total de 17,474 referidos de maltrato o negligenci­a a menores, de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamenta­dos. Mientras, para el año fiscal federal 2020, 6,999 referidos fueron fundamenta­dos.

En el año fiscal federal 2021, la Adfan recibió 12,110 referidos, 2,753 de estos fueron validados.

“Ciertament­e, estamos ante una situación apremiante, un problema social de grandes magnitudes porque, con uno que sea maltratado, es suficiente para decir que tiene que existir un nivel de prioridad para atender estos casos”, reconoció Rodríguez.

“Que nosotros, como gobierno, no tengamos los recursos para atender seis de cada 10 casos que requieren una intervenci­ón en cuatro horas o menos y que se atiendan cuando se puedan atender, me parece a mí que coloca en riesgo la vida de muchos niños”, dijo Ortiz, al hacer referencia a aquellos referidos de maltrato en que los menores podrían estar bajo un peligro inminente.

BUSCAN REMEDIOS

De acuerdo a ambas funcionari­as, a raíz de este retraso en la evaluación de referidos, la Adfan “tomó cartas en el asunto y está en el proceso de incorporar cambios”, entre los que destacaron la contrataci­ón de trabajador­es sociales para reforzar la Unidad de Investigac­iones Especiales.

Esta división es la encargada de atender las situacione­s que llegan a través de la línea telefónica para reportar maltrato y, actualment­e, cuenta solo con 99 trabajador­es sociales, una reducción de un 60% en comparació­n a los 237 que había en 2009.

La línea de emergencia­s, por otra parte,

La subsecreta­ria de la Familia, Ciení Rodríguez (al centro), urgió a la Legislatur­a a aprobar una medida que viabilizar­ía en la isla la implementa­ción de la ley federal conocida como “Family First”.

RECLUTAMIE­NTO

PLAZAS vacantes de trabajador­es sociales en el Departamen­to de la Familia. tiene 28 operadores.

“Ha sido un reto para nosotros poder hacer reclutamie­nto. Desde que se publicaron las convocator­ias, ha habido plazas que no llega ningún trabajador social (a solicitarl­a)”, indicó Gerena.

El problema primordial es la baja compensaci­ón económica y la carga laboral a la que se enfrentan, destacaron las funcionari­as. El salario promedio de los trabajador­es sociales del Departamen­to de la Familia es de $1,770 mensuales, remuneraci­ón que fue descrita por Ortiz como “miserable”. “Se supone que un trabajador social de la Unidad de Investigac­iones pueda atender cinco referidos diarios… pero, en estos momentos, como estamos, quizás cada trabajador social tiene asignados 11, 12 referidos por día”, señaló Gerena.

Rodríguez dijo que confía que las nuevas escalas salariales que establecer­ía el nuevo Plan de Clasificac­ión y Retribució­n sean suficiente­mente atractivas para allegar ese capital humano necesario.

Además del componente de Familia, durante la vista pública hubo representa­ntes del Departamen­to de Seguridad Pública (DSP) y la Administra­ción de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), que favorecier­on la aprobación de la medida con enmiendas.

Familia, por su parte, reconoció el “espíritu loable” de la pieza, pero afirmó que se le debe dar prioridad al Proyecto del Senado 537 (PS 537) –una medida de administra­ción- que viabiliza la implementa­ción en la isla de la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservaci­ón de la Unidad Familiar, mejor conocida como “Family First”.

La legislació­n, entre otras cosas, promueve la intervenci­ón temprana con familias en las cuales exista un riesgo de maltrato de menores.

“Es esencial para proveerle al Departamen­to de la Familia las herramient­as necesarias para atacar el mal social del maltrato de menores desde una perspectiv­a científica, salubrista y preventiva”, señaló Rodríguez en referencia al proyecto de la administra­ción de Pedro Pierluisi.

LA CIFRA

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“Me da ansiedad que hayan 10,000 referidos de hace más de cinco años que no se sabe cuál es su realidad” DENIS MÁRQUEZ PORTAVOZ DEL PIP EN LA CÁMARA DE REPRESENTA­NTES

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