DRNA encamina estudio de gases de efecto invernadero
La agencia informó que ya seleccionó a la empresa que hará el inventario, que no se hace desde 2013
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) seleccionó a una organización sin fines de lucro de Massachusetts para completar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, un análisis que es requerido por ley y que no se realiza en el país desde 2013.
La contratación de Applied Economics Clinic, que el DRNA estima se formalizará este mes, responde a un mandato de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico (Ley 33 de 2019). El estatuto contiene una serie de objetivos de política pública que el gobierno ha incumplido, entre ellos, aumentar el uso de energía renovable, reducir progresivamente los residuos sólidos y disminuir los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero “de forma real, permanente, cuantificable, verificable en un 50%” a lo largo de cinco años.
La agencia que dirige Anaís Rodríguez Vega reveló el inicio de la contratación en el plan de trabajo para cumplir con la Ley 33 de 2019 que sometió al tribunal, el viernes, por orden del juez Alfonso Martínez Piovanetti. La sentencia del juez resolvió la petición de mandamus que había presentado, en mayo, la organización El Puente: Enlace Latino de Acción Climática contra la agencia y el Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático (Ceacc), adscrito al DRNA y encargado de formular el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
El DRNA debía presentar el plan en junio de 2020, pero el gobierno falló en asignar los fondos necesarios para el reclutamiento del personal consultivo.
Rodríguez Vega reveló, en el plan de trabajo, que no fue hasta marzo de este año que su agencia pudo contratar a un climatólogo y que solicitó la partida de fondos para contratar a las compañías a cargo de los estudios y planes requeridos.
El mes pasado, el DRNA reclutó a un especialista de transportación y ecología terrestre. Todavía falta por reclutar a los especialistas de costas, infraestructura y agricultura, así como al administrador del Ceacc, gestión que proyectan culminar en enero de 2023.
El DRNA también vislumbra someter, en el verano de 2023, el primer borrador del plan. En otoño, contempla comenzar las vistas públicas para que la ciudadanía pueda comentar sobre el plan, para luego someter una versión revisada y final el 31 de diciembre de 2023.
También, en junio del próximo año, se supone que Applied Economics Clinic entregue el informe de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases, tales como el dióxido de carbono, metano y otros, absorben la radiación solar y aumentan la temperatura atmosférica y oceánica.
El DRNA hizo, sin embargo, la siguiente anotación a pie de página: “Este documento puede estar sujeto a cambios. Este plan de trabajo está sujeto a la disponibilidad y accesibilidad de los fondos año fiscal 2023-2024 como también a la contratación expedita de los especialistas”.
La propia Ley 33 de 2019 menciona que los datos reflejan que, hasta mediados de la década del 2000, las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de Puerto Rico aumentaron en 80% de 1990 a 2005, mientras que las emisiones de Estados Unidos, en general, incrementaron en un 16% durante el mismo periodo.