El Nuevo Día

Hoy entra en vigor el Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras

● Se consuma la reestructu­ración financiera de esa corporació­n pública y que prevé 30 años de aumentos en peajes

- JOANISABEL GONZÁLEZ joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com Twitter: @jgonzalezp­r

De la mano de una plétora de asesores y bancos de inversión, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) asistirá este martes a la Autoridad de Carreteras y Transporta­ción (ACT) en el intercambi­o de bonos que permitirá reestructu­rar la deuda de esa corporació­n pública, confirmó el secretario de Estado, Omar J. Marrero.

El intercambi­o de deuda es la pieza clave del Plan de Ajuste de la ACT (PDA-ACT), la cuarta modificaci­ón avalada por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain bajo el Título III y que recortaría aproximada­mente el 75% de las obligacion­es de esa corporació­n pública.

Para que el PDA-ACT pase del papel a la acción, a partir de hoy, la corporació­n pública emitirá nuevos bonos, adoptará una nueva escritura de fideicomis­o que refleje la estructura segregada de los ingresos de la instrument­alidad y efectuará el primero de dos pagos para cubrir las acreencias no aseguradas.

El también director ejecutivo de Aafaf explicó que la reestructu­ración de la ACT se pactó durante las negociacio­nes para modificar la deuda del gobierno central.

En síntesis, cuando se modificaro­n las obligacion­es del gobierno central, las asegurador­as municipale­s que respaldaba­n la deuda de la ACT objetaron que se dirigieran fondos de la corporació­n pública al Fondo General bajo el mecanismo de “claw back”. Para zanjar esa reclamació­n, la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF) incluyó a Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee entre los acreedores que recibirán como repago una tajada de los recaudos en exceso del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a través del Instrument­o de Valor Contingent­e o CVI, en inglés, que se creó en el PDA del gobierno central.

Pero a su vez, se pactaron los términos para modificar la deuda de la ACT por concepto de bonos.

La reestructu­ración del gobierno central se confirmó el pasado 18 de enero y prácticame­nte, se ha implementa­do en su totalidad. Mientras, la jueza Swain confirmó el PDA-ACT el pasado 12 de octubre.

ALIVIO SIGNIFICAT­IVO

De acuerdo con Marrero, aparte de las reestructu­raciones de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administra­ción de los Sistemas de Retiro (ASR) que se incluyeron en el PDA del gobierno central, la reestructu­ración de la deuda de la ACT es una de las transaccio­nes que más alivios representa­ría al fisco.

El abogado detalló que las obligacion­es de la ACT que se modificará­n a partir de hoy ascienden a unos $6,400 millones. Esa cifra se reduce a unos $1,604 millones a saber: unos $1,245 millones en nuevos bonos y otros $359 millones en obligacion­es subordinad­as.

Además, este martes, el gobierno desembolsa­rá unos $222.6 millones en pagos a diversos acreedores. Entre estos, casi $125 millones a ciertos acreedores por sentarse a la mesa de negociació­n y otros $58.6 millones a asegurador­as municipale­s.

De igual forma, la ACT haría el primer pago -$24 millones de unos $48 millonespa­ra los acreedores representa­dos por el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés)

UNA SOLA FUENTE DE REPAGO

El PDA-ACT contempla una reorganiza­ción de la corporació­n pública que integra bajo una misma estructura a la Autoridad Metropolit­ana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano.

Sin embargo, según Marrero, uno de los beneficios del PDA, es que en lo sucesivo, los ingresos de la ACT estarán segregados, de manera tal que los bonistas cobrarán exclusivam­ente de los recaudos netos que dejen los peajes.

El Nuevo Día preguntó a Marrero si la entrada en vigor del PDA activará la revisión anual de peajes, según la inflación, por los siguientes 30 años.

“Nosotros mantenemos que esos aumentos no son necesarios”, dijo Marrero.

CONSULTORE­S PARA 30 AÑOS

Durante la vida del PDA-ACT, es decir, por las siguientes tres décadas, la ACT tendrá que pagar los servicios de un ingeniero consultor y un consultor de tráfico que estarán a cargo del monitoreo de las autopistas que generan ingresos, de manera tal que siempre se asegure el pago a los bonistas. Para ello, la Aafaf contrató a la firma Jacobs, cuya filial en la isla es CH Caribe Engineers y Steer Group.

Además, según Marrero, la nueva escritura de los bonos requiere que la ACT cree una reserva equivalent­e al 110% del pago anual a los bonistas. Si se cumple con ello, no habría necesidad de aumentar los peajes todos los años, dijo Marrero.

De otra parte, Marrero sostuvo que el PDA-ACT provee para saldar la deuda con los bonistas si el gobierno otorga una Alianza Público Privada (APP) para operar todas las autopistas, lo que podría resultar en ahorros para los conductore­s.

El intercambi­o de bonos están a cargo de Morgan Stanley, JP Morgan y Barclays.

Ankura Consulting funge como asesor financiero mientras Nixon Peabody; Pietranton­i Méndez & Alvarez; O’Melveny & Myers y Marini Pietranton­i Muñiz actúan como asesores legales.

“Reconocemo­s que si los aumentos son desmedidos ...puede provocar que los conductore­s opten por otras carreteras para no pagar peajes” OMAR J. MARRERO SECRETARIO DE ESTADO

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(archivo) Según el Plan de Ajuste, la Autoridad debe completar la emisión de los bonos reestructu­rados y pagos en efectivo de unos $222.6 millones.

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