Culmina el desfile de prueba
Se espera que hoy se lleve a cabo el proceso de argumentos finales y que el jurado se retire a deliberar sobre el futuro del exalcalde de Guaynabo
El desfile de prueba en el juicio federal por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero culminó ayer, con el testimonio de los últimos cuatro testigos del caso.
La prueba finalizó con la presentación, por parte del equipo de defensa, del testigo Raúl Torres Gómez, quien fungía como director de la Oficina de Desarrollo Económico de Guaynabo y presidió por un tiempo la Junta de Subastas de ese municipio, para que detallara la práctica de estos procesos.
Durante su testimonio, el exfuncionario, que fue despedido en diciembre de 2021, declaró que no reconocía el nombre de la empresa “Island Builders”, con la cual se vincula al empresario Oscar Santamaría, quien ganó un contrato millonario de uno de dos proyectos municipales inicialmente subastados para mejoras en ese ayuntamiento.
Según Torres Gómez, durante el proceso de subasta para esos dos proyectos en varios sectores del barrio Ríos, ninguna persona presentó inicialmente una propuesta, pese a que el comité de subastas hizo dos convocatorias. Ante esto, la Junta determinó convertir el proceso en uno administrativo y lo enviaron al ejecutivo, tras aprobación de la legislatura municipal, aunque mencionó que el alcalde no tuvo nada que ver en el escogido de los ganadores del contrato.
No obstante, en su contrainterrogatorio, la fiscalía optó por enfocarse en delinear los vínculos de Torres Gómez con diversos miembros de la Junta de Subastas, mostrando al jurado varias imágenes de una cuenta de Instagram donde este aparecía junto al director de Transportación de Guaynabo, Alexis Durán; el director de Obras Públicas, Wilfredo Martínez; y la ex primera dama municipal Liza Fernández , quien en 2003 estuvo casada con el testigo.
Una de las fotos muestra a Torres Gómez junto a Fernández, Pérez Otero y Durán, mientras celebraban una salida en un crucero en 2016, confirmó el testigo a la fiscalía.
“DÉFICIT EN CONTROLES INTERNOS”
El quinto día de juicio reanudó, en la mañana, con el interrogatorio a la directora del programa de Head Start de Guaynabo, Marisol Monserrate Condo, tras ser presentada por la Fiscalía federal.
Monserrate Condo respondió preguntas en referencia a documentos de certificaciones de otorgamiento de fondos federales para la reconstrucción y reparación de algunas de las instalaciones de ese programa, que recibía dinero tanto del ayuntamiento como del gobierno federal, para un total anual de $11 millones.
Luego de su testimonio, el Ministerio Público sentó a testificar a Abraham David Espada, quien trabaja como auditor en la Oficina de Auditores del Contralor Electoral, para arrojar luz en los informes de ingresos del comité electoral del exalcalde entre 2019 a 2021.
El auditor detalló varios informes que redactó, como parte de su trabajo, sobre los gastos, ingresos y donativos de Pérez Otero mientras fungía como alcalde. De ellos, resalta una deuda que mantuvo durante un tiempo en 2019 de $6,000, aunque, para el informe del último cuatrienio del ese año, dicha deuda ya no existía.
A preguntas de la defensa, detalló, además, que trabajó las auditorías del comité electoral del exalcalde y que detectó varias irregularidades.
“En la auditoría, se detectaron ingresos y gastos no informados, ingresos que no fueron depositados en la cuenta de banco, pagos en efectivo mayores de $250, donantes no identificados conforme a la ley y solicitud de pautas en pagos después que la pauta se realizó y déficit en controles internos”, informó David Espada en la corte federal.
La última testigo por parte del Ministerio Público fue la oficial de Hacienda Leisa Alejandro Castro, a quien se le presentaron, como referencia para el interrogatorio, las planillas de contribución sobre ingresos de 2019 a 2021. En estas planillas, se establece que el exalcalde devengó un salario de $88,540 durante 2019, $87,840 en 2020 y $84,211 en 2021.
“¿Para los años 2019, 2020 y 2021, Ángel Pérez Otero informó ingresos adicionales a los que recibió del Municipio de Guaynabo?”, cuestionó la fiscal, a lo que la testigo contestó que, “si no están en el documento de planilla, no”.
Tras escuchar a todos los testigos, la jueza excusó al jurado hasta hoy, a las 9:30 a.m., cuando se espera que las partes den sus argumentos finales. Luego de este proceso, la jueza Aida Delgado Colón impartirá las instrucciones al jurado para que se retiren a deliberar.
A Pérez Otero, se le acusa de aceptar sobornos por parte del empresario Santamaría para beneficiarlo en la adquisición de un contrato de mejoras municipales que presuntamente se continuó inflando durante los años.
SATISFECHA LA DEFENSA
Durante el transcurso del caso, se había anticipado que el exalcalde podría haberse sentado a testificar en su propia defensa; no obstante, el abogado Osvaldo Carlo aclaró que tomaron la determinación de que esto no era necesario ayer.
Mientras, el abogado confirmó que el equipo de defensa presentó una moción de absolución perentoria, que fue discutida luego del desfile de prueba de la fiscalía, pero no se reveló la determinación de la jueza.
“Es algo que no está en el récord público… Se discutió al lado del estrado, pero hasta que ella la haga pública, no podemos hablar de ella”, informó Carlo.
Cuestionado por la prensa sobre si entiende que logró probar su argumento sobre la falta de credibilidad de Santamaría, Carlo estableció que sí. “La defensa hace una determinación en base a la prueba que se presenta. O sea, que los testigos que nosotros teníamos anunciados internamente eran múltiples, pero decidimos traer al testigo que nosotros entendíamos que cubría unas áreas importantes en el caso”, expresó.
El caso contra Pérez Otero se extendió ayer hasta su quinto día y ha visto las declaraciones de notables testigos, como el mismo Santamaría, quien alegó haber sobornado al exalcalde para beneficiarse en los procesos de subastas, y el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado , quien reveló el “modus operandi” de los alcaldes y aquellos que los apoyan en las contrataciones públicas.