Juez restringe el acceso
La defensa de Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini no tendrá ante sí toda la información de fiscalía
El juez federal Raúl Arias Marxuach activó la protección de información “clasificada” -de acceso restringido- por consideraciones sobre la “seguridad nacional” de Estados Unidos respecto a parte de la prueba del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados.
Con esta orden, la defensa de los tres acusados no tendrá acceso a toda la información que tiene la fiscalía federal con alguna relación al caso.
El juez Arias Marxuach ordenó que, “consistente con la orden clasificada del tribunal, el Ministerio Público podrá retener del descubrimiento de prueba cierta información clasificada y, como planteado en la moción (sellada de la fiscalía), proveerá a los acusados sustituciones no clasificadas en lugar de la información clasificada”.
En septiembre, un mes después de la acusación, el fiscal federal Nicholas Cannon había avisado al juez que presentaría una moción bajo la Ley de Procedimiento de la Información Clasificada o “Classified Information Procedures Act” (CIPA).
Dicha moción no figura en el expediente público del caso. Sin embargo, la versión “no clasificada” de la orden emitida por el juez Arias Marxuach el lunes informó que la moción sí fue presentada al tribunal.
El Departamento de Justicia federal describe el estatuto como una medida para “prevenir descubrimientos innecesarios o involuntarios de información clasificada y advertir al gobierno del ‘costo’ a la seguridad nacional de seguir adelante”.
En su orden, el juez federal destacó que “consideró cuidadosamente”, en su oficina judicial, la moción “ex parte” presentada por el Ministerio Público solicitando la “orden de protección” de la información según los términos de la ley CIPA. La orden indica que la moción estuvo acompañada de un “memorando de ley y anejos”. Dispuso que una copia de la orden “no clasificada” sea enviada a los abogados de la defensa de los tres acusados.
En cambio, ordenó que “el oficial de información clasificada entregue una copia de la orden clasificada del tribunal” a la fiscalía federal.
La orden pública del juez no detalla si la información “clasificada” aplica específicamente a Vázquez Garced o a alguno de los otros dos coacusados: el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y asesor financiero Mark Rossini.
Herrera Velutini es el dueño de Bancrédito International Bank & Trust, entidad bancaria donde la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontró violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero.
Mientras, un vínculo internacional que ha sido confirmado en este caso responde a que el FBI cuenta con la cooperación, como testigo, de Mark Fullbrook, quien fue el jefe de gabinete de Liz Truss, pasada líder del gobierno de Gran Bretaña.
La acusación del gran jurado alega que Herrera Velutini, Rossini y Vázquez Garced conspiraron para que la entonces gobernadora recibiera aportaciones a su campaña electoral de parte del banquero y con la ayuda de Rossini a cambio de que la mandataria sacara a George Joyner de la OCIF. De esa manera, según los cargos, así pondrían fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.
Según reportó el diario The Sunday Times , como Herrera Velutini no quería que su nombre fuera relacionado con una donación que no podía hacer, debido a que no es ciudadano estadounidense, contrató a la compañía australiana CT Group, donde trabajaba Fullbrook.
En declaraciones para El Nuevo Día, CT Group confirmó la contratación por parte de Herrera Velutini y que, “en efecto”, empleados actuales y Fullbrook “son testigos en este asunto, y ellos y CT Group, de manera amplia, completa y voluntaria, han participado en este asunto con las autoridades de Estados Unidos”.
De acuerdo con la fiscalía federal, además de la prueba documental, el FBI realizó, por lo menos, 24 grabaciones de audio en el transcurso de la pesquisa, mientras que el abogado de la exgobernadora, Luis Plaza, aseguró que “ninguna (de las grabaciones) es de nuestra representada”.
“Y, para ser justos, (la prueba de grabaciones) no es de ninguno de los coacusados en este caso”, agregó el licenciado, durante una vista en noviembre.
Por la misma razón, durante una vista a principios de este mes, Plaza pidió que el equipo legal de Vázquez Garced no tuviera que ser “custodio” de información catalogada como sensible para la “seguridad nacional” de Estados Unidos.
En cambio, los abogados de Rossini y Herrera Velutini manifestaron interés en poder revisar la información “clasificada”.
Lilly Sánchez, abogada defensora de Herrera Velutini, señaló: “En el sentido de que la información de la moción CIPA esté relacionada con mi cliente, quisiéramos tener acceso a esa información. Creemos que la defensa tiene el derecho a hacer su propia determinación en cuanto a qué es descubrimiento e información necesaria para la defensa. Haremos esa solicitud ahora, pero esperamos a la decisión del tribunal”.
Michael Nadler, abogado de Rossini, señaló que, “en relación a la moción CIPA, estamos de acuerdo de que gran parte de la información aplica al señor Rossini y quisiéramos tener acceso a cualquier cosa que pueda ser relevante al señor Rossini”.