El Nuevo Día

Arrecia la lucha contra el desplazami­ento

La organizaci­ón de nueva creación iniciará su labor a favor del acceso a vivienda digna en Río Piedras, con miras a impactar otras áreas de la isla en un futuro cercano

- GÉNESIS IBARRA VÁZQUEZ genesis.ibarra@gfrmedia.com Twitter: @gibarravz

En busca de combatir con soluciones la crisis de vivienda y desplazami­ento actual, residentes, comerciant­es y líderes comunitari­os se unieron para fundar la organizaci­ón El Otro Puerto Rico (EOPR), que iniciará sus labores en la zona de Río Piedras, con miras a expandirse a otras áreas del país en los próximos meses y años.

“Detener el desplazami­ento, detener a los inversioni­stas de la Ley 22 (Ley 60), detener a los acaparador­es que nos quieren sacar de nuestras comunidade­s, es posible. Por eso, queremos hacer el llamado a que unamos voluntades, unamos nuestras comunidade­s, sin importar quiénes seamos, de qué sector social, de qué partido, de qué denominaci­ón, no importa. Esto es un problema que nos afecta a todos y todas, y tenemos que enfrentarl­o unidos como país”, resaltó ayer el licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de EOPR.

Como parte de sus iniciativa­s, la organizaci­ón creó un Fondo de Inversión Social, con un capital inicial de $1 millón –en donativos de individuos privados y entidades–, que se utilizará para costear tres iniciativa­s: un programa de arrendamie­nto a largo plazo, una incubadora de cooperativ­as de vivienda y un programa de financiami­ento a largo plazo.

Según Ortiz Menchaca, el primer punto conlleva adquirir propiedade­s multifamil­iares en desuso, para “rehabilita­rlas y lanzarlas al mercado” con cánones de arrendamie­nto “justos”.

“Tenemos varias (propiedade­s) que hemos observado. Nosotros tenemos una meta de lograr, en nuestros primeros proyectos, ofrecer 50 unidades de vivienda nueva en Río Piedras. ¿Cómo lo logramos? Eso va a depender de cuántas propiedade­s compramos y qué tanto se va a ampliar ese Fondo de Inversión Social”, indicó al señalar que, tan solo en Río Piedras, hay más de 500 propiedade­s en estado de abandono.

En cuanto a la incubadora, precisó que esta iniciativa persigue la compra y rehabilita­ción de propiedade­s de vivienda, al tiempo que se educa los participan­tes para constituir una cooperativ­a de vivienda. Además, a largo plazo, la meta de EOPR es crear un banco comunitari­o con capacidad de financiar proyectos de vivienda de otras organizaci­ones.

CAMBIOS DE POLÍTICA PÚBLICA

La economista Martha Quiñones y el planificad­or Pedro Cardona Roig, quienes forman parte del esfuerzo, reclamaron la derogación de la Ley 22 de 2012 –ahora incorporad­a en el Código de Incentivos Contributi­vos conocido como la Ley 60– y la regulación de los arrendamie­ntos a corto plazo, como parte de los cambios puntuales de política pública que entienden necesarios para combatir el desplazami­ento.

Según datos del “National Low Income Housing Coalition”, en 2017, el alquiler promedio por un apartament­o de dos habitacion­es en la isla era de $504. En 2022, ese promedio se elevó a $2,990, según la firma Inteligenc­ia Económica.

Por otro lado, el portal AirDNA y el Centro para una Nueva Economía en Puerto Rico plantean que, en Puerto Rico, existen cerca de 25,000 unidades de viviendas dedicadas al arrendamie­nto a corto plazo. Esto contrasta con el hecho de que, al 2022, no se habían atendido cerca de 33,000 solicitude­s de familias esperando por acceder a una vivienda pública o a uno de los programas de vivienda subsidiada, según el informe del Departamen­to de la Vivienda para el Plan de Acción para la Recuperaci­ón ante Desastres del Gobierno.

“Estamos viendo en Puerto Rico cómo se está transforma­ndo nuestro país, en vez de ser para nosotros –los residentes de Puerto Rico–, es para ser un paraíso fiscal”, planteó Quiñones.

“La presentaci­ón que se ha hecho (en la conferenci­a) apunta a una situación que no estamos atendiendo, una situación alarmante que requiere atención. No es un asunto que se puede tocar desde un punto de vista de un solo sector, nosotros tenemos que atender esto con una estrategia global”, aportó Cardona Roig.

Una parte fundamenta­l de este esfuerzo serán las comunidade­s. En esa línea, EOPR presentó la herramient­a digital Archivo Colaborati­vo sobre Desplazami­ento, en la que las comunidade­s podrán incorporar informació­n clave relacionad­a con situacione­s de acaparamie­nto por zonas geográfica­s, utilizando la tecnología de Google Earth.

Ortiz Menchaca exhortó a la ciudadanía a donar al Fondo de Inversión Social, a través del portal www.elotropr.org, para aportar al logro de cuatro elementos: brindar acceso a vivienda digna, segura y accesible; ser un muro de contención contra el desplazami­ento; representa­r un factor estabiliza­dor en los precios de venta y renta; y construir una fuente de datos primarios sobre el tema de la vivienda, el desplazami­ento y sus consecuenc­ias en la sociedad puertorriq­ueña.

“Detener el desplazami­ento, detener a los inversioni­stas de la Ley 22 (Ley 60), detener a los acaparador­es que nos quieren sacar de nuestras comunidade­s, es posible”

ALONSO ORTIZ MENCHACA DIRECTOR EJECUTIVO DE EOPR

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Archivo / carlos.giusti@gfrmedia.com El condominio La Torre, en el casco urbano de Río Piedras, es una de múltiples propiedade­s en la isla adquiridas por extranjero­s en tiempos recientes.
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