Señala trabas de la OGP
La oficina que dirige Walter Vélez ha sufrido recortes de más de un 50% en su presupuesto los pasados nueve años, mientras el gobernador Pedro Pierluisi reconoce la necesidad de fortalecer su labor fiscalizadora
Aunque el gobernador Pedro Pierluisi ha anticipado que reclamará ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) más recursos para fortalecer la gestión de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), el contralor electoral, Walter Vélez, afirmó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ha descarrilado de manera consistente sus peticiones de mayores partidas de fondos.
Esto, según Vélez, ha limitado la labor de la entidad, incluida la fiscalización de donativos políticos e, incluso, asegurar el cobro de las multas que impone por violaciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas (Ley 222-2011).
El contralor electoral, un funcionario nombrado por 10 años y cuyo cargo requiere el aval de la Legislatura, precisó que, para 2013, la OCE contaba con cerca de $5 millones en su presupuesto y 57 empleados, y ahora tiene un presupuesto $2.4 millones y 40 empleados.
“Eso redunda en que no se lleven a cabo los procesos de fiscalización que requiere la ley. Por ejemplo, actualmente, no tenemos dinero para enviar notificaciones a los donantes que hayan aportado a las campañas políticas a los fines de certificar si, en efecto, esa persona realizó un donativo. ¿Qué evita eso? Que se reflejen donantes en los informes que no correspondan a esas personas”, explicó a El Nuevo Día.
“Esta oficina comenzó con $4.9 millones de presupuesto. Actualmente, el presupuesto de la OCE es $2.4 millones. Estamos hablando de una reducción de cerca de un 56% en nueve años”, apuntó Vélez.
Durante el juicio contra el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero, convicto por soborno, extorsión y conspiración, su defensa planteó, entre otras cosas, que era habitual que una sola persona hiciera grandes donativos a políticos y luego, para efectos de los informes de ingresos y gastos ante la OCE, se los atribuyera a varios donantes.
Personal de la OCE, que acostumbra colaborar con las pesquisas federales y estatales, formó parte de los testigos que presentó la fiscalía federal contra Pérez Otero.
“De la petición que ha hecho la OCE en los pasados cinco presupuestos, lo aprobado por la OGP ha sido menor a esa petición”, enfatizó Vélez, quien agregó que la OGP le ha comunicado por escrito “que identifique los fondos dentro del presupuesto asignado”.
Para el próximo año fiscal, la OCE solicitó $3,328,000 como presupuesto, y como respuesta, obtuvo que el recomendado sería de $2,493,000, lo que equivale a $835,000 menos.
El director de la OGP, Juan Carlos Blanco, no estuvo disponible para entrevista, pero, en declaraciones escritas, manifestó: “Estamos elaborando el presupuesto de manera responsable para asegurar que el contralor electoral cuente con los recursos suficientes para realizar su trabajo, incluyendo su rol de fiscalización. Tenemos hasta el próximo martes para presentar el primer borrador del presupuesto”.
Vélez recalcó que, en tres ocasiones, ha pedido reasignación de presupuesto y ha sido “denegado o devuelto”.
“La Junta (de Supervisión Fiscal), en cambio, en el plan fiscal pasado, nos otorgó $102,000 para un aumento a los empleados de la OCE. Fue un 5% a todas las oficinas fiscalizadoras”, sostuvo.
La merma en presupuesto ha tenido un impacto adverso en el rol fiscalizador de la OCE, insistió Vélez, quien redujo la partida destinada para renta, materiales de oficina y servicios profesionales, que incluye a los abogados que requiere para cobrar multas y penalidades impuestas a base de la Ley 222-2011. “No tengo abogados para llevar casos al tribunal en demandas de cobro de multa y penalidades que se han otorgado. Yo no tengo dinero para ir al tribunal”, subrayó Vélez.
El caso más reciente de cobro de multa y penalidades fue contra la delegada congresional Melinda Romero, quien debe $4,500 a la OCE por incumplir con la entrega de informes de ingresos y gastos de su comité de campaña cuando fue candidata a la alcaldía de Dorado.
También la OCE ha impuesto multas al comité político de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced , al comité del alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, y al Departamento de Educación por violación a la veda electoral.
Pero, Vélez reconoció que no puede hacer su trabajo a cabalidad. “Logramos obtener el 100% de las auditorías (del ciclo electoral del 2020) por primera vez. Pero, eso no significa que valide la reducción al presupuesto porque tuve que dejar a un lado los años 2021 y 2022, que se revisan para corroborar que los ingresos y los gastos que se están reflejando sean cónsonos con las disposiciones de ley. Estoy a medias. Ahora es que estoy empezando con el 2021, cuando estamos en el 2023. Estoy atrás. Por eso solicitamos más auditores”, puntualizó Vélez, quien solicitó cinco auditores adicionales.
Y, aunque la OCE genera fondos producto de su fiscalización, hace cuatro años que la JSF “determinó que todos los fondos especiales pasaban al gobierno y no a las agencias para así pagar la deuda”. Con el fondo que tenía la OCE producto de las penalidades impuestas y devoluciones de dinero, contaba con una cuenta de la sacaba dinero, en caso de necesitarlo, con el aval de la OGP para sustentar su operación.