Postergan una mayor regulación
Tres proyectos que limitarían los donativos políticos en efectivo u otorgados por contratistas se presentaron hace dos años y aún esperan aprobación
Desde 2021, la Asamblea Legislativa tiene ante su consideración tres medidas para mejorar la regulación del financiamiento de las campañas electorales y atajar, en cierto modo, el clientelismo político, tan vinculado a los casos de corrupción pública, como el del exalcalde de Guaynabo
Ángel Pérez Otero y otros ex ejecutivos municipales convictos por soborno.
En entrevista con El Nuevo Día, el presidente de la Cámara de Representantes,
Rafael “Tatito” Hernández Montañez, adelantó, sin embargo, que ninguno de esos proyectos será atendido por separado. Dijo que toda reforma político partidista será integrada a la discusión sobre las enmiendas al Código Electoral, un proyecto que ha carecido de consenso entre las distintas delegaciones, así como entre ambos cuerpos legislativos.
“El que quiera adelantar su causa tiene que sentarse a ser pragmático y respaldar una medida más amplia, que incluya ese lenguaje. Hay gente que quiere lo de ellos nada más, pero hay que tener 26 votos en la Cámara y 14 en el Senado y la firma del gobernador”, dijo Hernández Montañez.
“Todo va a estar en una medida. Disposición que esté ahí es porque alguno de los 51 (miembros) de la Cámara estuvo dispuesto a apoyar una medida inclusiva con varias iniciativas”, puntualizó, haciendo hincapié en su estilo usual de invitar a negociar para conseguir la aprobación de proyectos.
Dos de las legislaciones que están pendientes ante la Cámara prohíben que contratistas gubernamentales donen a partidos o candidatos políticos durante un tiempo específico. En enero de 2021, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), con la coautoría del representante popular Orlando Aponte Rosario , radicó el Proyecto de la Cámara (P. de la C.) 320, para prohibir los donativos de quienes solicitan contratos públicos. La prohibición estaría vigente desde el momento de la solicitud o licitación hasta un año después que se ofreció el servicio. La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó, por su parte, el P. de la C. 699, para establecer la prohibición durante los tres meses antes y tres meses después de la contratación.
La Comisión de Gobierno de la Cámara, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz , aprobó el P. de la C. 320, con 10 votos
a favor, pero ha permanecido en la Comisión de Calendarios desde junio de 2021. Mientras, la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por José “Conny” Varela , aprobó el P. de la C. 699, en junio de 2022, pero quedó pendiente de que se bajara a la votación del pleno en el hemiciclo.
Sembrando Sentido, organización dedicada a combatir la corrupción, recomienda que la prohibición se extienda a cuatro años antes y después de la contratación. “Creemos que, para empezar a cortar estos vínculos de clientelismo político, hay que ampliar la prohibición antes y después”, aseveró la directora Issel Masses. Una tercera medida trabajada por la organización Somos Más y presentada, en septiembre de 2021, por petición, pretende prohibir los donativos en efectivo, bajo el entendido de que se prestan para omitir la identidad real de los donantes en los informes de ingresos y gastos de los comités electorales. La medida está en la Comisión de lo Jurídico de ambos cuerpos desde entonces.
La Cámara aprobó otros tres proyectos de la agrupación, incluyendo regular la participación de empleados públicos en actividades partidistas. Las medidas se encuentran en el Senado desde mayo de 2022.
Sembrando Sentido y Somos Más están trabajando también una serie de enmiendas al Código Anticorrupción dirigidas especialmente a las actividades de los contratistas.
“En este momento histórico de pluripartidismo, podemos aprovechar para buscar consensos y reconciliar diferencias”